Epcoro fue recibida paralizada y con pérdidas históricas cercanas a Bs 400 millones, según el ministro Marco Antonio Calderón de la Barca. Vinto, Karachipampa y Capuratas también enfrentaban interrupciones operativas y necesidades de mantenimiento.
Uno de los casos señalados es Epcoro, que, según la autoridad, fue recibida paralizada y con pérdidas históricas cercanas a Bs 400 millones. A este escenario se suman los problemas operativos de las plantas de Vinto, Karachipampa y Capuratas, que enfrentaban paradas no programadas y requerimientos de mantenimiento.
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Las dificultades, de acuerdo con el ministro, obligaron a revisar el funcionamiento de las operaciones estatales y transparentar la información sobre su desempeño. La recuperación de estas capacidades constituye uno de los componentes de la estrategia de ordenamiento del sector que comenzó durante el primer año de gestión.
El informe ministerial, sin embargo, no detalla cuánto representan las pérdidas acumuladas del conjunto de las empresas, qué recursos demandará su recuperación ni cuáles son los plazos previstos para normalizar las operaciones.
Tampoco presenta metas específicas de producción para Vinto, Karachipampa y Capuratas, ni un cronograma de inversiones que permita medir el avance de las medidas anunciadas.
En su balance, sostuvo que el primer año estuvo orientado al ordenamiento institucional, el fortalecimiento de la fiscalización y la recuperación de las capacidades productivas. La siguiente etapa, señaló, deberá consolidar esos avances y convertirlos en mayores oportunidades económicas para el país.
Regalías
En tanto, las regalías alcanzaron Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, un crecimiento del 103% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos expuestos por el ministro. La diferencia representa Bs 1.475 millones adicionales frente a la recaudación registrada un año antes.
El aumento muestra la mayor generación de recursos por concepto de regalías en el sector minero. Estos ingresos se distribuyen entre las regiones productoras y constituyen una fuente de financiamiento para gobernaciones y municipios.
En materia de control, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realizó más de 50 operativos en los nueve departamentos durante nueve meses. Las acciones se enmarcan en los esfuerzos para enfrentar la minería ilegal, el contrabando de minerales, la intermediación ilícita, el robo de mineral y los avasallamientos de áreas mineras.
A estas medidas se suma el relevamiento de 4.907 procesos de contratación directa correspondientes al periodo 2009-2026, con el propósito de examinar antecedentes e identificar posibles irregularidades. El ministro no precisó cuántos procesos presentan observaciones ni si las revisiones derivaron en denuncias o investigaciones.
