Por Dr. Rubén Arias
Lo que está sucediendo en Paraguay debe llamar la atención de toda América Latina. La detención del expresidente Santiago Peña y la decisión judicial de disponer su prisión preventiva, en medio de la crisis política y las investigaciones vinculadas a Ueno Bank, constituyen un acontecimiento que abre una profunda reflexión sobre la importancia de preservar la institucionalidad y el Estado de derecho.
Más allá de las responsabilidades que finalmente determine la justicia, existe un principio que merece destacarse: la transparencia no puede ser negociable y la integridad en el ejercicio de la función pública no admite privilegios.
Cuando existen sospechas sobre el manejo de recursos públicos, posibles conflictos de intereses o relaciones entre el poder político y los grandes grupos empresariales, las instituciones tienen la obligación de investigar y ofrecer respuestas a la ciudadanía. No importa si los involucrados son autoridades de Gobierno, empresarios poderosos o personas con influencia económica. La ley debe ser igual para todos.
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Pero esta crisis también deja otra enseñanza fundamental: el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, sus ahorros, sus inversiones, su capital privado y el patrimonio que construyeron durante toda una vida de trabajo. La confianza en el sistema financiero es uno de los pilares de cualquier economía. Cuando esa confianza se quiebra, las consecuencias afectan a familias, empresas, inversionistas y a la credibilidad de todo un país.
Y aquí aparece una lección que Bolivia y sus gobernantes no deberían ignorar. El ejercicio del poder no puede convertirse en un mecanismo de protección de intereses particulares, ni las relaciones entre autoridades políticas y grupos económicos pueden estar por encima de los controles institucionales. Bolivia necesita autoridades que comprendan que gobernar significa administrar la confianza ciudadana, respetar la propiedad privada, garantizar seguridad jurídica y rendir cuentas por sus decisiones. Ningún gobierno debería esperar a enfrentar una crisis para demostrar su compromiso con la transparencia.
Paraguay tiene hoy una oportunidad de demostrar que sus instituciones son capaces de investigar incluso a quienes ocuparon las más altas responsabilidades del Estado, sin convertir la justicia en un instrumento de persecución política y garantizando el derecho a la defensa.
La fortaleza de una nación no se mide solamente por sus indicadores económicos, sus inversiones o su crecimiento. También se mide por la independencia de sus jueces, la responsabilidad de sus autoridades y la seguridad jurídica que ofrece a quienes deciden invertir y generar riqueza.
Paraguay puede salir fortalecido de esta crisis si demuestra que la justicia no tiene dueños, que el poder tiene límites y que el patrimonio de los ciudadanos merece protección.
Esa es la verdadera lección para América Latina y particularmente para Bolivia: gobiernos transparentes, autoridades íntegras, justicia independiente y un Estado que proteja tanto el interés público como los derechos y la propiedad privada.