La defensa legal de los familiares de Lizeth Ríos Montaño, víctima número 17 de feminicidio en Cochabamba, formalizó una solicitud ante el Ministerio Público para ampliar la denuncia penal contra los efectivos policiales que autorizaron su ingreso al penal de máxima seguridad de El Abra, donde fue asfixiada por su pareja durante una visita conyugal.
Sobre esta presunta omisión de funciones, el abogado de la familia, Jhonny Muñoz, cuestionó que «en el mes de julio hubo una denuncia por tentativa de feminicidio en la cual los policías tenían conocimiento de que era la pareja y cómo es posible que la hayan hecho ingresar teniendo medidas de protección».
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El pedido de ampliación investigativa también apunta contra el hermano del recluso Fernando Ruperto De Kostka Coca, sindicado de haber presionado psicológicamente a la mujer de 38 años para que acudiera al recinto penitenciario.
Según detalló el jurista Jhonny Muñoz respecto a este familiar, el hombre «le mensajeaba y le llamaba a la señora indicándole de que, si no va a visitarlo, él se va a quitar la vida, no va a comer, se va a deprimir; entonces él era el mediador para que la señora pueda convencerse y vaya directamente al penal de El Abra».
Cuestionamientos al control penitenciario
Los allegados de la víctima exigieron esclarecer cómo el privado de libertad mantenía comunicación telefónica directa desde el interior del penal de máxima seguridad para coaccionar a la mujer antes del desenlace fatal.
Al respecto, Muñoz indicó que «le chantajeaba y me indican los familiares que cómo es posible que en un recinto penitenciario de máxima seguridad haya medios de comunicación mediante celular, donde igualmente le hablaba a la víctima indicándole que si no venía a visitarlo él se iba a quitar la vida».
Con la presentación de este memorial, los dolientes buscan que la Fiscalía establezca responsabilidades penales tanto por el incumplimiento de las restricciones judiciales vigentes como por la inducción que derivó en el crimen.
«Nos sorprende que haya pasado esto porque no podía haber ingresado debido a que tenía medidas de protección y restricción por parte de esta persona que ya había intentado quitarle la vida», concluyó el representante legal de la familia Ríos.
