La norma también habilita anticipos para la compra de insumos. La medida se aplica en medio de una contracción de la construcción, que cayó 29,21% a junio de 2026.
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“Este decreto en esencia apunta a la conclusión de obras en todo el país y crea mecanismos excepcionales para realizar ajustes de precios en los ítems de materiales, maquinaria, equipos y diésel. Hay 11.326 proyectos en ejecución que pueden recibir el beneficio” afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
La norma establece diferentes mecanismos para actualizar los costos, dependiendo del plazo inicial de ejecución de cada contrato. En las obras con un periodo igual o menor a 540 días calendario, las entidades públicas podrán ajustar los precios de los materiales de construcción, maquinaria, equipos y diésel mediante un contrato modificatorio.
Para los contratos con plazos iniciales superiores a 540 días, la norma contempla una fórmula polinómica, que sirve para actualizar los precios de varios insumos que tengan una incidencia significativa en el costo total de la obra. La identificación se realizará entre los componentes que representen hasta el 70% del monto del contrato y se podrán considerar como máximo siete insumos críticos.
El director nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Alberto Gutiérrez, explicó que la identificación de esos componentes deberá realizarse de acuerdo con las características de cada proyecto, debido a que no todos tienen la misma estructura de costos.
Asimismo, pidió al Gobierno que instruya a las unidades ejecutoras del nivel central, gobernaciones y municipios agilizar la aplicación de la nueva norma. “En el anterior Decreto Supremo (5597) las unidades ejecutoras se han tomado más de tres o cuatro meses en la implementación”, expresó Gutiérrez.
Asimismo, el decreto incorpora otras alternativas para facilitar la continuidad de los trabajos ante las dificultades financieras que enfrentan las empresas constructoras para adquirir insumos.
Una de ellas es la posibilidad de otorgar anticipos adicionales para la compra de materiales de construcción, maquinaria y equipos pendientes de adquisición. La segunda alternativa permite a las entidades públicas pagar por materiales adquiridos y almacenados en bodega. En este caso, el desembolso podrá alcanzar hasta el 80% del costo de los materiales.
Un sector golpeado
Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la construcción registró la mayor incidencia negativa entre las actividades económicas, al restar 0,76 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB).
La situación se profundizó durante 2026. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector registró una contracción del 24,63% en el primer trimestre y del 29,21% en el segundo, en comparación con los mismos periodos del año anterior. Con este resultado, se convirtió en la actividad con la caída más pronunciada entre once rubros económicos medidos por la entidad.
El retroceso del segundo trimestre estuvo relacionado con la menor ejecución de edificaciones, las dificultades de abastecimiento ocasionadas por 53 días de bloqueos entre mayo y junio, y la escasez de gasolina y diésel, que limitó el funcionamiento de maquinaria y equipos.
A estas dificultades se suma el incremento de los precios de los materiales. El Índice de Precios de Materiales de la Construcción (IPMC) del INE acumuló un aumento cercano al 40% en tres años y registró una subida mensual del 3,97% en octubre de 2026. Entre los productos que incidieron en el encarecimiento figuran el cemento, ladrillo, madera, fierro corrugado y agregados.
