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Según un balance del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre el 4 de mayo y el 20 de octubre hubo 45 renuncias de autoridades electas mujeres en el país, de las cuales 12 corresponden a Santa Cruz. En ese mismo periodo se dieron 18 denuncias por acoso y violencia política, 11 de ellas en La Paz y tres en Santa Cruz.
“En el departamento de Santa Cruz tenemos la cifra más alta con respecto a las renuncias” de mujeres que ocupan cargos políticos, manifestó San Martín.También mencionó la elevada incidencia de denuncias en La Paz, en un contexto en el que las dimisiones de concejalas y otras autoridades reabren el debate sobre el ejercicio efectivo de los mandatos obtenidos con el voto.
El balance actualizado del TSE distingue renuncias de denuncias. No toda dimisión implica acoso, pues debe verificarse si existieron presiones o coacción, aunque tras las renuncias fue un varón el que asumió esas curules.
Presiones
El fenómeno tiene antecedentes documentados. Una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre la aplicación de la Ley 243, desarrollada en 91 concejos municipales, identificó renuncias vinculadas con denuncias de acoso y violencia política en el 24,4% de esas instancias durante el periodo 2015-2018.
Entre las prácticas examinadas figura la denominada “gestión compartida” que tiene que ver con presiones para que una titular abandone su cargo antes de concluir su mandato y lo asuma su suplente. Los acuerdos políticos que pretenden dividir el periodo de representación no sustituyen las reglas legales de elección, renuncia y sucesión.
La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 151 casos de acoso y violencia política en 2023; 52 estaban relacionados con conflictos por gestión compartida. Santa Cruz concentró 30 reportes ese año. La asociación documentó 118 casos en 2024 y 76 en 2025, de los que 18 correspondieron al departamento de Santa Cruz.
Las agresiones también se trasladan al espacio digital. Un monitoreo de la Coordinadora de la Mujer, efectuado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, identificó 665 publicaciones con expresiones de acoso y violencia política contra 17 candidatas. Entre los contenidos detectados hubo insultos, ataques a la vida privada y cuestionamientos por razones de género.
Normas y reformas pendientes
La Ley 243, promulgada en 2012, establece medidas contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Las reglas electorales de paridad y alternancia buscan garantizar su presencia en las candidaturas, pero no aseguran por sí solas que las autoridades puedan concluir sus mandatos.
San Martín anticipó que el TSE presentará a finales de noviembre un proyecto de modificación de las leyes electorales que permitirán atender esta problemática de manera más eficiente.
