Desde el 1 de abril de 2007, cada boliviano que quiere viajar a Europa debe tramitar el visado Schengen. Han pasado casi veinte años y la exigencia sigue vigente. Por eso no sorprende la expectativa que despertó la noticia: el Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) aprobó una declaración que pide eliminar ese requisito para viajes de corta duración de los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y República Dominicana, en su sesión en Santa Cruz de Tenerife, España.
Junto a mis colegas Nathaly Solares, Daniel Camacho y Daniel Marañón, fui parte de esa delegación. Es necesario explicar qué significa este paso, qué no significa todavía y qué debemos hacer para que no quede en una buena intención.
Lo que significa: no es una voz aislada. Es la posición conjunta de los parlamentos regionales de América Latina, el Parlamento Andino, el Parlacen, el Parlatino, el Parlasur y las comisiones mixtas con Chile y México. Que la región respalde nuestra causa ante el Parlamento Europeo le da un peso político que antes no tenía.
Lo que no significa: la visa no ha sido eliminada. Hoy los bolivianos la siguen necesitando para ingresar a los 29 países del espacio Schengen, en estancias de hasta 90 días. La exención es una decisión de las instituciones de la Unión Europea, que exige una propuesta de la Comisión, la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo, y una evaluación técnica rigurosa. Sería irresponsable generar falsas expectativas.
Tampoco es un pedido improvisado. En junio, con Daniel Camacho y Daniel Marañón, de la mano del Parlamento Andino, solicitamos al Parlamento Europeo, en Estrasburgo, analizar el tema y viabilizar la elaboración del estudio técnico que sustente la exención para nuestro país. En julio, el entonces canciller Fernando Aramayo, planteó el tema a los eurodiputados que visitaron Bolivia.
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Hay antecedentes que dan razones para creer. Colombia y Perú, socios nuestros en la Comunidad Andina, lograron la exención entre 2015 y 2016. No fue un regalo: fue fruto de años de trabajo diplomático, de documentos de viaje más seguros, de cooperación migratoria y de demostrar que sus ciudadanos viajan, cumplen y regresan. Ese es el estándar que Europa aplica y el que Bolivia debe alcanzar.
Eso implica pasaportes y registros de identidad confiables, cooperación migratoria efectiva y, sobre todo, resultados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que son las preocupaciones que Europa pone sobre la mesa. Seguridad y movilidad van de la mano: un país que combate con seriedad el delito transnacional es un país en el que se puede confiar.
Los beneficios serían concretos. Estudiantes con acceso a becas y pasantías sin semanas de trámites. Emprendedores y exportadores que podrían visitar ferias y cerrar negocios con agilidad. Investigadores, artistas y deportistas que representarían al país sin barreras. Y miles de familias que podrían reencontrarse con sus seres queridos en España, Italia y otros países europeos, sin el costo de un trámite que muchas veces termina en rechazo. Se trata, como mencioné luego del encuentro en Estrasburgo, de generar oportunidades concretas que contribuyan al desarrollo del pueblo boliviano.
Esta oportunidad exige establecer este tema como política de Estado prioritaria. Corresponde a la Cancillería profundizar el diálogo formal con la Comisión Europea y presentar una hoja de ruta con compromisos verificables. A las instituciones de migración e identificación, modernizar sus sistemas. Y a quienes representamos a Bolivia en los parlamentos y espacios internacionales, mantener el tema en la agenda en cada sesión con nuestros pares europeos, así como en estos meses de gestión introducimos el tema desde el Parlamento Andino.
En EuroLat dimos un paso más. El desafío es demostrar que Bolivia está lista para que sus ciudadanos viajen a Europa con la misma facilidad con la que hoy recibimos a los europeos en nuestra tierra.
Mario Herrera Sánchez, Diputado Supraestatal por Santa Cruz
