Los obreros permanecen en la fábrica de Quillacollo y piden la intervención del Gobierno para preservar sus empleos. La empresa reporta pérdidas acumuladas de Bs 130 millones y se compromete a pagar los beneficios sociales.
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El conflicto se concentra en el futuro de más de 600 trabajadores, según el pronunciamiento de la COB. Mientras la compañía sostiene que su operación productiva dejó de ser viable, los obreros permanecen en las instalaciones de Quillacollo, Cochabamba, y demandan una salida que preserve sus fuentes de empleo.
“Estamos de manera pacífica aquí dentro de las instalaciones de nuestro trabajo, porque de esto vivimos”, afirmó un representante de los movilizados.
El vocero señaló que la decisión fue comunicada por el gerente general, César Panduro, quien les informó sobre las pérdidas y el cese de operaciones. Los trabajadores cuestionan la administración y sostienen que el anuncio empresarial no responde a sus demandas de continuidad laboral.
“Nosotros vamos a exigir y pedir la intervención de nuestros entes matriz”, manifestó el representante, quien también solicitó la participación del presidente Rodrigo Paz y aseguró haber comunicado la situación al Ministerio de Trabajo.
La propuesta de los movilizados es mantener la fábrica bajo administración de sus trabajadores. “Tenemos la capacidad, sabemos, nosotros somos los profesionales”, sostuvo el vocero, al defender la posibilidad de convertirla en una empresa social.
Los obreros también exigieron que la compañía tramite una declaración de quiebra si pretende cerrar.
Otra de sus denuncias es que la administración pretende convertir la planta en un almacén. El representante afirmó que no permitirán ese cambio, aunque los elementos proporcionados no incluyen documentación que confirme ese destino para las instalaciones.
La COB respaldó las medidas de los trabajadores mediante un pronunciamiento fechado el 31 de octubre. En el documento, rechazó lo que considera un cierre unilateral de una industria con 86 años de trayectoria y se declaró en “estado de alerta permanente”.
“Exigimos a los administradores y propietarios de Manaco la inmediata presentación de los informes financieros que demuestren fehacientemente el estado de quiebra técnica o los supuestos Bs 130 millones en pérdidas que alegan”, señala el pronunciamiento.
La organización demandó que el Ministerio de Trabajo intervenga para proteger la estabilidad laboral y los derechos adquiridos. Además, sostuvo que el anuncio de indemnizaciones y gratificaciones no responde a su demanda principal de preservar los empleos.
La posición empresarial es distinta. Manufactura Boliviana S.A. informó que agotó las alternativas técnicas, financieras y logísticas para sostener la producción. Atribuyó el cierre a factores macroeconómicos adversos y a los prolongados conflictos sociales que, según su explicación, afectaron sus operaciones durante 2026.
La compañía se comprometió a pagar el 100% de las indemnizaciones y beneficios sociales establecidos por ley y anunció un apoyo económico extraordinario que incluye salarios adicionales. También cuestionó las medidas de presión y pidió restablecer el diálogo para concluir el proceso de cierre.
“Estamos cerrando una operación productiva que ya no es sostenible”, afirmó Panduro en el comunicado empresarial. El gerente ratificó el compromiso de cumplir las obligaciones laborales.
Los trabajadores, sin embargo, mantienen su demanda de continuar produciendo. “Si esto tiene que ser una empresa social, lo vamos a hacer”, expresó su representante. La propuesta todavía no está acompañada, en el material difundido, por un plan financiero y operativo que detalle cómo se sostendría la fábrica bajo esa administración.
