Este 08 de noviembre próximo, el gobierno central de Rodrigo Paz, cumplirá un año de gestión presidencial. Con una paz social aparente y sin tener una estabilidad económica. Punto último que tiene por demás preocupada a la población porque su dinero que percibe ya no le alcanza para sus gastos comunes y diarios. Los únicos que no sienten esta crisis económica son los servidores públicos repartidos en los cuatro órganos del Estado.
En lo positivo la eliminación de la subvención al diésel, estableciendo nuevos precios, la desaparición de las filas interminables de movilidades en las estaciones de servicio, el nuevo cambio de tipo flexible del dólar, la aprehensión del mayor narcotraficante de esta región como fue Sebastián Marsett, también la aprehensión del ex Fiscal General del Estado Roger Mariaca y el empiezo de la desarticulación de organizaciones criminales al interior de instituciones públicas (Ministerio Público).
En lo negativo, hasta ahora sigue gobernando mediante decretos supremos sin poder conseguir gobernabilidad parlamentaria, lo cual es esencial para un gobierno que fue elegido democráticamente mediante voto ciudadano, es decir, no tiene gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Tampoco hasta ahora logró hacer cambios estructurales al Estado, sigue gobernando con las bases dejadas por el masismo durante los últimos veinte años.
Otro punto negativo fue la tardía aplicación del estado de excepción durante los 53 días de bloqueos que aguantaron las ciudades de La Paz y El Alto especialmente, las cuales sufrieron la falta de alimentos, falta de medicinas, falta de transporte interdepartamental entre otros aspectos. De igual manera la “gasolina basura”, fue otro factor para su desabastecimiento durante la primera mitad de este año.
Tampoco consiguió designar de manera oficial a embajadores titulares en varios países con los que Bolivia mantiene lazos diplomáticos. La permanencia de interinatos en varios cargos públicos, el lento proceder en el cierre de las empresas públicas deficitarias y la falta de cambios de fondo a la actual Constitución Política del Estado (CPE). Y lo más negativo que empañó su gestión fue sin duda el rol que habría jugado el ex asesor argentino Fernando Cerimedo, cuyo protagonismo llegó incluso a vincular a su propia familia a través de una serie de audios filtrados mediante redes sociales.
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El gran desafío que tiene el presidente Rodrigo Paz para lo venidero, es justamente conseguir mediante negociaciones políticas en la ALP, esa gobernabilidad parlamentaria que le permita gobernar el país mediante leyes y no mediante decretos supremos. No hay que olvidar que gobernar mediante estos últimos instrumentos jurídicos es similar a gobernar mediante decretos-leyes en un gobierno de facto militar sin la existencia de un parlamento.
Ya lo dije en una columna de opinión anterior, al presidente Paz le está faltando contar con un equipo político negociador al interior de la ALP como desde el propio Órgano Ejecutivo para poder llegar a acuerdos con las distintas bancadas que ahora conforman el primer poder del Estado. Rodrigo Paz sabe que con su bancada legislativa dividida del PDC no es suficiente para por lo menos tener una mayoría parlamentaria y mucho menos alcanzar los dos tercios para gobernar con holgura y tranquilidad los restantes cuatro años que le restan.
No le queda otro camino que llegar a acuerdos políticos con Alianza Libre de Tuto Quiroga, Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y SUMATE de Manfred Reyes Villa para poder así conseguir los dos tercios que necesita para en primer lugar reformar la CPE y luego aprobar o reformar leyes como por ejemplo la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Electricidad, la Ley de Minería, la Ley de inversiones entre otras.
Sin pactos políticos el gobierno actual no tendrá gobernabilidad plena y se le hará cuesta arriba su gestión presidencial. No basta el hecho de decir, yo soy el presidente del país y puedo gobernar sin problema alguno. No señor presidente Rodrigo Paz, usted sabe muy bien que, a la hora de dirigir un país, también se lo debe hacer de la mano con el parlamento. Sin gobernabilidad parlamentaria, un gobierno no es democrático por más de que haya sido elegido a través del voto ciudadano.
También es urgente que el presidente, resuelva cuanto antes sus diferencias políticas con su acompañante de fórmula; actual vicepresidente y presidente nato de la ALP, Edman Lara. Cabe recordar que la segunda autoridad del país al interior de la ALP es un operador político del gobierno que está al mando de la patria. Y según la Constitución Política del Estado (CPE) el vicepresidente tiene las atribuciones de coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la ALP y los gobiernos autónomos como también coadyuvar con el presidente del Estado en la dirección de la política general del gobierno central.
Sin acuerdos o pactos políticos parlamentarios, el actual gobierno nacional está arando en el desierto. No tendrá frutos más adelante ni tampoco podrá cumplir con las ofertas electorales que hizo a la población durante su campaña política para las elecciones generales en primera y segunda vuelta del año pasado. Siendo una de ellas el 50/50 para las regiones en el marco de las autonomías.
