Los oficiales que estaban a cargo del caso afirmaron que las irregularidades en la financiera empezaron 21 meses antes de que se descubra el ilícito.
Aseguran que el desfalco al Banco Unión comenzó en 2015
La agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas. Foto: ArchivoUn efectivo policial que participó de las pesquisas relacionadas al esclarecimiento del desfalco al Banco Unión afirmó que dentro del cuaderno de investigaciones se menciona que las actividades irregulares de Juan Pari comenzaron a fines de 2015, y no así hace 10 meses, como informaron en su momento el Banco Unión y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).»El tiempo en el que ha operado (Pari) es largo. En agosto (de este año) él ya no estaba trabajando en el banco porque había presentado su renuncia”, aseguró la fuente que participó de la causa, mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tomaba parte de las acciones relacionadas al desfalco.Las autoridades informaron que el robo de 37,6 millones de bolivianos de la financiera estatal comenzó hace unos 10 meses, aunque la fuente policial que investigó el caso en una primera instancia aseguró que el desfalco empezó en diciembre de 2015.Si el robo de dinero del banco se habría extendido por 10 meses, se supone que Pari comenzó a cometer el desfalco en octubre del año pasado, hasta julio de la presente gestión, mes en el que presentó su renuncia a la institución financiera estatal.De haber sido así, el exjefe de operaciones de la agencia Batallas tendría que haber retirado 3,7 millones de bolivianos cada mes. Sin embargo, se presume que el exfuncionario, en principio, se apoderaba de montos mucho menores a esa cifra.Aunque ni siquiera él sabía con exactitud las cantidades con las que se quedaba y no declaraba haber recuperado por concepto de remanentes de los cajeros automáticos instalados en las localidades de Viacha y Achacachi.En concordancia con lo expuesto por la fuente consultada, el abogado Andrés Zúñiga, quien representa a Rómel Paredes Quisberth, uno de los acusados de enriquecimiento ilícito por el desfalco al Banco Unión, indicó que su cliente comenzó a trabajar para Pari hace 10 meses, cuando «la empresa Saltcon SRL, del principal imputado, ya estaba legalmente constituida”.Siendo así, Pari tendría que haber conformado su empresa desde el primer mes en que se supone comenzó a desviar el dinero.Si la actividad ilícita hubiera comenzado en diciembre de 2015, a lo largo de los 19 meses en los que se aprovechó del «hueco en el sistema” del banco (hasta julio de la presente gestión) habría desviado 1.978.000 bolivianos cada mes, para llegar a los 37,6 millones de bolivianos que perdió la financiera del Estado.Respecto a lo mucho que tardaron las autoridades del banco para detectar estas irregularidades, solo se menciona que Pari burló tres tipos de controles internos y que nunca despertó sospechas de algún acto ilícito.«Fallaron los controles internos, el Banco Unión tiene tres niveles de control y fue en el tercer nivel que se detectó que había fluctuaciones irregulares y se comenzó a revisar todos los movimientos financieros y fueron saliendo los montos que no cuadraban y Pari iba sustrayendo”, indicó al respecto el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez Guachalla.En palabras de la autoridad, el desfalco «iba a ser detectado en algún momento. Por negligencia o por complicidad han habido niveles que han omitido la detección, que, por supuesto, están siendo investigados”.Para proteger los valores de la institución, el Banco Unión tiene una póliza de seguro valuada en 10 millones de dólares, que cubrirían el daño económico causado por Pari, que tomó durante varios meses 37,6 millones de bolivianos, que al cambio oficial dan 5,4 millones de dólares.Asimismo, en el perfil de Facebook del principal acusado por la comisión del desfalco se puede ver videos grabados antes de 2016, en los que el implicado ya presumía de sus lujos y excesos.En opinión del oficial consultado por este medio «el caso de Pari sólo se hizo público porque él empezó a hacer gala de sus lujos y despilfarros, si no, tal vez hasta ahora podría seguir cometiendo los mismos ilícitos”.Empresarios piden determinar responsablesEl presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, demandó ayer identificar el grado de responsabilidad tanto de los gerentes como de los funcionarios que podrían tener alguna relación con el desfalco al Banco Unión.»Habrá que ver las medidas que se toman y establecer en qué grado tienen responsabilidades estos gerentes (del banco) y demás funcionarios en el manejo interno”, afirmó el titular de la Confederación de Empresarios.Además, Nostas dijo que lo ocurrido al interior de la institución financiera es «inadmisible y obviamente tiene que establecerse responsabilidades en todos los niveles”.En opinión del representante de los empresarios privados, la decisión del presidente Evo Morales, de destituir de la gerencia general del banco a Marcia Villarroel, fue una medida acertada. «Felicitamos la decisión del Presidente, esa es la forma en que se tiene que actuar para luchar contra la corrupción, tomando medidas decididas para que este tipo de cosas ya no sucedan en ningún nivel. Eso es lo que necesita el pueblo boliviano, la seguridad de que va a haber una lucha frontal contra la corrupción”, dijo.El titular del empresariado privado sostuvo que el caso del desfalco puede ser considerado un hecho aislado, ya que «está claro que lo que sucedió en el Banco Unión y Emapa, si bien en su conjunto lo deploramos, son cosas que pueden darse, el asunto es ver qué medidas se asumen de aquí en adelante”.Abogado presenta una ampliación de la denuncia
El abogado que representa al Banco Unión, Aldo Burgos, informó ayer que se presentó una ampliación de denuncia e investigación contra otros funcionarios de la institución afectada por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos.»Lo que se ha mandado es una ampliación de denuncia, hace ya una semana. Se ha presentado un informe de auditoría, donde existen grados de responsabilidad de cada uno de los funcionarios”, manifestó el jurista.El lunes, el Banco Unión entregó al Ministerio Público una lista con los nombres de 18 funcionarios sospechosos de haber tenido participación en el desfalco. En ese sentido, Burgos apuntó que «son más o menos 35 las personas denunciadas a la fecha”.»Las responsabilidades están determinadas en el informe de auditoría. Queremos tener una continuidad en la investigación, y la investigación es dirigida por el Ministerio Público. Nosotros estamos aportando todos los elementos de prueba en contra de las personas que creemos que tienen algún grado de responsabilidad”, declaró el abogado. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Johnny Aguilera, se reunió con Burgos para que apoye la reincorporación de la Policía en las indagaciones. «Iba a solicitarle al señor fiscal que se reconsideren las acciones (…). Queremos establecer los paraderos de los dineros, si es que los hubiera, y desde luego, las personas que fueran responsables. Es nuestra misión y tenemos toda la voluntad de hacerlo”, dijo.Página Siete / Fernando García / La Paz