El MAS ya consensuó quien reemplazará al gobernador Mario Cossío, horas previas a la reunión de la Asamblea Legislativa Departamental. El asambleísta Lino Condori tendría más posibilidades de asumir el cargo y él mismo confirmó que la bancada del MAS se reunió con el presidente Evo Morales, en uno de los ambientes de la Cuarta Brigada Aérea días atrás para coordinar el tema. Acusación formal viola Ley 007, según el abogado defensor del Gobernador, Carlos Alarcón por lo que la Asamblea ingresaría a considerar “un acto ilegal y nulo”. La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa tarijeña deja en desventaja a Camino Al Cambio de Cossío, con 11 representantes, mientras que el bloque masista, tiene 19 asambleístas.
Aluida Vilte tendrá en sus manos hoy una responsabilidad histórica junto a los otros 29 asambleístas. Ayer MAS y PAN coincidieron en “consensos”, en tanto que Mario Cossío advirtió que no entregará el cargo a nadie
que no sea elegido por el pueblo (El País)
El MAS ya consensuó quien reemplazará al Gobernador de Tarija
Tarija, 13 Dic (Erbol).- El Movimiento al Socialismo (MAS) ya consensuó quien reemplazará al gobernador de Tarija, Mario Cossío, horas previas a la reunión de la Asamblea Legislativa Departamental, que conocerá la acusación formal presentada por el fiscal Gilbert Muñoz el jueves de la semana pasada.
En la lista de candidatos para ejercer interinamente el cargo de gobernador, están los asambleístas Lino Condori, José Antonio Quecaña y Marcelo Poma. La designación de la autoridad interina se producirá una vez que el órgano legislativo determine la suspensión de Cossío, quien está acusado por el Ministerio Público de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Imbolsur, delitos tipificados y sancionados por los artículos 224 y 154 del Código Penal.
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El asambleísta Lino Condori (MAS), de acuerdo al periódico “El Chaqueño”, tendría más posibilidades de asumir el cargo, no sólo por su actitud concertadora y de consenso al interior de la Asamblea, sino porque dentro su trayectoria política ya fue alcalde de Yunchará.
Fue el propio Condori quien confirmó la versión al informar que la bancada de asambleístas del MAS se reunió con el presidente Evo Morales Ayma, en uno de los ambientes de la Cuarta Brigada Aérea días atrás.
“Entre nosotros ya hay consenso, sin embargo, previamente debe darse la suspensión, sin eso no puede anticiparse ninguna otra situación”, puntualizó al indicar que si bien se mencionaron tres nombres de candidatos, lo primero es concretar la suspensión de Cossío.
Afirmó que hoy será una jornada especial, tanto por la tensión que se acentúa en la ciudad y por las contradicciones de que el artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”, en el cual se basa la posible suspensión, es inconstitucional.
El gobernador tarijeño, en comunicación telefónica con la Red Erbol, aseguró que su persona no tuvo ninguna participación en el tema de Imbolsur y que lo único que se busca con la acusación del Ministerio Público es alejarlo del cargo, lo que se constituiría, a su criterio, en “un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Evo Morales”.
El caso data del 29 de noviembre de 2006, cuando la ex Prefectura de Tarija firmó un contrato con la empresa Imbolsur para la adquisición de 2.990 toneladas de cemento asfáltico, destinado a la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas. No obstante, de por medio existía una Póliza de Seguridad de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Suministro que ascendía a 1.339.100,70 bolivianos, correspondiente al siete por ciento del monto total del contrato, que no fue ejecutada, causándose así un daño al Estado.
MOMENTOS PREVIOS A LA DECISIÓN
“Mañana no va haber un debate de suspensión, mañana el debate es en Tarija sobre si aceptan un golpe de Estado o no manipulado por el gobierno”, aseveró Cossío al asegurar que dadas las circunstancias el MAS lograría su propósito de “derrocarlo”.
Extraoficialmente se conoce que el pacto entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que cuenta con 11 asambleístas, y Poder Autonómico Nacional (PAN), que tiene cinco legisladores; además de los tres representes de los pueblos indígenas, podría volver a funcionar para disponer la suspensión de Cossío, tal como ocurrió en la elección de la presidenta de la Asamblea Departamental, Aluida Vilte (MAS).
Esta alianza sirvió también para aprobar la cuestionada Ley 007 que otorga una serie de funciones y responsabilidades a los 11 Ejecutivos Seccionales, entre ellas administrar las entidades desconcentradas de la Gobernación, tales como el Servicio Departamental de Caminos, Servicios Eléctricos de Tarija (Setar S.A.), la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) y otras.
La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa tarijeña deja en desventaja a la agrupación ciudadana del gobernador Mario Cossío, Camino Al Cambio, con 11 representantes, mientras que el bloque opositor, liderado por el partido del presidente Evo Morales, tiene 19 asambleístas.
Acusación formal viola Ley 007
El abogado defensor del Gobernador, Carlos Alarcón, dijo que hubo “violaciones” a la ley y al procedimiento vigente que regula la presentación de acusaciones formales, por parte de la acusación presentada por el fiscal Gilbert Muñoz en contra de Mario Cossío. “Las mismas impedirían que la Asamblea ingrese a considerar un acto ilegal y nulo”, dijo Alarcón en contacto con El País.
El abogado señaló que la acusación formal, según las nuevas disposiciones de la Ley N° 007 de Modificaciones al Sistema Penal de 18 de mayo de 2010, para su existencia requiere dos condiciones: primero, ser presentada ante la autoridad judicial competente y segundo haber cumplido todos los procedimientos previos para su conclusión formal.
“La acusación remitida por el fiscal, en el caso Imbolsur, a la Asamblea no cumple estas dos condiciones; por tanto no es una acusación formal y, en lugar de ello, es un acto ilegal y nulo de pleno derecho”, afirmó.
Alarcón explicó que la acusación hecha por Muñoz “esta presentada y dirigida a un tribunal incompetente: el Tribunal de Sentencia de Turno de la Capital, en violación al artículo 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal (Ley N° 007, de 18 de mayo de 2010) que exige su presentación ante el Juez de Instrucción”.
Consideró que la Asamblea “no debe entrar a considerar una acusación que ha sido presentada ante juez incompetente y que no es formal porque faltan sustanciar los procedimientos legales previos establecidos por ley expresa para la corrección de los defectos formales que pudiera tener”.
Salió al frente de estas apreciaciones el asambleísta del MAS, Marcelo Poma, quien advirtió que el abogado de Cossío era viceministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y que intenta desvirtuar un acto que corresponde a la justicia. Poma dijo que las actuaciones judiciales deben ser impugnadas por la vía judicial y no por declaraciones políticas que intentan sólo confundir a la población.
José Amás, asambleísta de PAN, se refirió al artículo 145-I de la Ley Marco de Autonomías, que prevé que, tras que un fiscal hace conocer una acusación formal a la Asamblea, activa un procedimiento y la toma de decisiones respecto a la elección de un sucesor transitorio.
En el razonamiento jurídico de Alarcón, “mientras no se cumplan los pasos exigidos por la Ley N° 007, aún presentada ante Juez Instructor, la acusación es un acto preliminar que puede presentar defectos formales y ser devuelta al fiscal por la autoridad judicial; en esta caso se trataría de una acusación preliminar y no definitiva – formal”. “El fiscal está aplicando arbitrariamente disposiciones legales que han sido modificadas y que por esto ya no están vigentes: El artículo 323 numeral 1, antes de su modificación por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establecía que cuando el fiscal concluya la investigación presentará ante el juez o tribunal de sentencia la acusación. Por esto el fiscal remite a la Asamblea una acusación presentada al Tribunal de Sentencia. Con la Ley 007, cuando concluye la investigación la acusación no se presenta al Tribunal sino al juez de instrucción”, dijo.
Sobre las acciones que tomará, explicó que “se hará conocer estas arbitrariedades e ilegalidades de la acusación a la Asamblea Departamental, y Juez penal de Garantías y Fiscalía de Distrito”. El País, Tarija