El ajuste fiscal decretado por el gobierno de Evo Morales, por la vía de un brutal incremento de los precios del diesel y la gasolina, tiene por una parte la finalidad de solventar las quebradas arcas públicas nacionales, exhaustas por el gasto descontrolado en proyectos más propios de los faraones constructores de pirámides (avión presidencial, satélite chino, crecimiento del gabinete de 12 a 20 ministerios, etc.). Pero al mismo tiempo, parece haber llegado la hora de comenzar a pagar los petrocheques venezolanos. Sucede que durante la era Evo Bolivia ha estado importando el 55% del diesel que consume desde Venezuela, a raíz del estancamiento en la producción nacional generado por la política oficial de hidrocarburos. Son 435.000 metros cúbicos anuales de diesel los que se traen desde las tierras controladas por Chávez, con un costo por año de 300 millones de dólares, casi coincidentes con el monto del subsidio eliminado por el “decreto maldito” (380 millones). Actualmente, Bolivia debe 600 millones de dólares a Venezuela por ese concepto, ya que la compra se hacía a crédito, situación que ya no es sostenible para el gobierno de Caracas dada la quiebra de la “revolución bolivariana”. Así que todo indica que buena parte del ajuste que los bolivianos pagan de sus bolsillos desde el pasado domingo tendrá como destino al tesoro chavista, que comenzará a cobrar al contado sus exportaciones de diesel a nuestro país. Ahora nos explicamos mejor la presencia de Evo en Venezuela mientras la medida era lanzada en Bolivia. Es el precio de la petrodependencia. Mientras tanto, en una probable inocentada propia del 28 de diciembre, el ministro de hacienda Superluchín anuncia un “incremento salarial superior a la inflación”. Sigue la economía-ficción…