Visita de fiscal a masistas golpea la imparcialidad. El fiscal del caso Cossío, fue suspendido y es investigado por haberse reunido irregularmente con parlamentarios oficialistas.
Procesado: Gilbert Muñoz dialoga con periodistas, el miércoles, en La Paz
La Prensa
Proceso: El representante del Ministerio Público se reunió con el senador masista Isaac Ávalos pese a encontrarse de vacaciones.
El fiscal del caso Cossío, Gilbert Muñoz, fue suspendido y es investigado por el Inspector del Ministerio Público por haberse reunido irregularmente con el senador oficialista Isaac Ávalos, según el fiscal general del Estado, Mario Uribe.
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Muñoz fue sorprendido el miércoles cuando esperaba entrevistarse con el jefe de la bancada masista de senadores, Isaac Ávalos, ocasión en la que explicó que su presencia obedecía a la necesidad de “hacer investigaciones sobre el proceso. Eso se ha hecho por conducto regular, vía Fiscalía del Departamento (Tarija) y Fiscalía General del Estado”.
Sin embargo, el director nacional del Ministerio Público, Mario Uribe, declaró ayer en Sucre que “desde el día 10 hasta el día 25 de enero de 2001 (Muñoz) está gozando de vacaciones. Acontece que la presencia del señor fiscal en la ciudad de La Paz no fue con autorización del Fiscal General”.
Por ello, la autoridad anunció que el abogado Zacarías Valeriano, inspector general del Ministerio Público, abrió un proceso de investigación para determinar si Muñoz incurrió en alguna falta disciplinaria en el ejercicio de su labor.
“Mi autoridad —agregó Uribe— no puede emitir ningún juicio de valor en este momento, toda vez que en condición de Fiscal General, en el curso de la tramitación de este proceso disciplinario, debo revisar el recurso de apelación, las decisiones o resoluciones que dicte el Inspector General”.
Hasta que concluya la vacación de Muñoz, el caso Imbolsur quedará en manos de un suplente, pero mientras se lo investiga, el suspendido no podrá atender los casos a su cargo.
Mario Uribe aclaró que el Ministerio Público no admite injerencia alguna.
Muñoz acusó a Cossío de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica porque la ex Prefectura tarijeña perdió 1.339.000 bolivianos al no haber ejecutado una boleta de garantía por ese monto.
Imbolsur proveía de cemento asfáltico a la ex Prefectura de Tarija, pero incumplió un contrato. Ante la acusación, el MAS y su aliado político Poder Autonómico Nacional (PAN) destituyeron a Cossío, que huyó a Paraguay, donde tramita su refugio político.
A su turno, el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer que, si bien los legisladores pueden solicitar informes a las autoridades del Estado, si se comprobara que el senador Isaac Ávalos incurrió en una irregularidad, recibirá la sanción que corresponda.
Consultado sobre el particular, Ávalos admitió haber convocado a Gilbert Muñoz para que le presentara un informe sobre el proceso que tiene como principal acusado a Mario Cossío.
“Yo voy a hacer las cosas de frente, y si es necesario hacer llegar aquí a mi oficina a (el fiscal general Mario) Uribe, lo voy a hacer, porque es mi obligación y la Constitución respalda la obligación de fiscalizar a cualquier corrupto”.
Aunque se abstuvo de formular comentarios sobre este caso, la fiscal de La Paz Betty Yañíquez explicó que la Ley del Ministerio Público sólo ordena rendir informes a las comisiones legislativas.
El inciso 19 del artículo 158 de la Carta Magna se autoriza a los legisladores a “realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”.
Lugo dice que no apañará a corruptos
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, sostuvo ayer que su país no apañará a criminales ni corruptos, al referirse al caso del destituido gobernador boliviano de Tarija, Mario Cossío, que solicitó refugio en este país.
“Paraguay no va a apañar a nadie, ni a criminales y a gente corrupta”, aseveró Lugo, quien, no obstante, ratificó que el pedido de Cossío se encuentra en manos de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
El Mandatario paraguayo se expresó en esos términos durante un recorrido por fábricas del departamento Central, aledaño a Asunción, y un día después de que su homólogo boliviano, Evo Morales, afirmara que su amistad con Lugo no se verá afectada a pesar de que se otorgue el refugio a la autoridad destituida.
Medios asuncenos informaron de una visita a Asunción de un grupo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que aglutina a indígenas del altiplano, que solicitará que se deniegue el refugio al destituido Gobernador.
Oposición pide informe escrito
La bancada de Convergencia Nacional solicitó ayer un informe escrito al fiscal general Mario Uribe para que explique si autorizó el encuentro de Gilbert Muñoz con el senador oficialista Isaac Ávalos.
El senador opositor Luis Pedraza dijo ayer que Muñoz “se pagó los pasajes, el sábado estuvo haciendo varios contactos y la reunión no tenía nada de institucional con el Senado, porque no concurrió a ninguna comisión ni comité, sino estrictamente a rendir cuentas al jefe de bancada de senadores del MAS. Se trató de una reunión política que confirma el sometimiento en este caso del Ministerio Público al poder político”.
Enfrenta ocho juicios penales
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries, confirmó ayer que el destituido gobernador de Tarija, Mario Cossío, enfrenta ocho procesos penales ante la Corte de Justicia de ese distrito.
Von Borries explicó que se envió ese reporte a la Cancillería, que solicitó esa información a pedido de la Embajada de Paraguay, país que estudia conceder refugio a la ex autoridad de Tarija. Los ocho casos corresponden a delitos comunes.
Ese reporte contradice un informe del Ministerio de Transparencia, que el 26 de diciembre dio cuenta de que Cossío debe enfrentar 27 procesos, dos de los cuales son juicios de responsabilidad, recibió dos imputaciones formales, en una fue acusado y otras están en fase de investigación.
Lugo dice que no apañará a corruptos
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, sostuvo ayer que su país no apañará a criminales ni corruptos, al referirse al caso del destituido gobernador boliviano de Tarija, Mario Cossío, que solicitó refugio en este país.
“Paraguay no va a apañar a nadie, ni a criminales y a gente corrupta”, aseveró Lugo, quien, no obstante, ratificó que el pedido de Cossío se encuentra en manos de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
El Mandatario paraguayo se expresó en esos términos durante un recorrido por fábricas del departamento Central, aledaño a Asunción, y un día después de que su homólogo boliviano, Evo Morales, afirmara que su amistad con Lugo no se verá afectada a pesar de que se otorgue el refugio a la autoridad destituida.
Medios asuncenos informaron de una visita a Asunción de un grupo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que aglutina a indígenas del altiplano, que solicitará que se deniegue el refugio al destituido Gobernador.
Para destacar
El vocero gubernamental, Iván Canelas, admitió el miércoles que Isaac Ávalos cometió un error al reunirse con el fiscal.
El portavoz señaló que habría sido preferible solicitar por escrito el informe sobre el caso Cossío.
La Ley del Ministerio Público establece que los fiscales sólo deben presentar informes a las comisiones legislativas.
La oposición sostiene que el ex gobernador Mario Cossío es víctima de una persecución política ejecutada por el Gobierno.
Visita de fiscal a masistas golpea la imparcialidad
EL FUNCIONARIO JUDICIAL QUE INVESTIGA A MARIO COSSÍO SE REUNIÓ CON UN SENADOR Y UN DIPUTADO DEL MAS
Los Tiempos – 14/01/2011
La situación del gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, sigue generando tensión.
La Fiscalía General abrió ayer un sumario disciplinario en contra del fiscal tarijeño Gilbert Muñoz, quien investiga al exgobernador por presunta corrupción en el caso Imbolsur, debido a que “sin autorización” proporcionó información sobre el caso al senador masista Isaac Ávalos.
Tampoco se descartó investigar y sancionar al legislador, de probarse que actuó sin seguir los pasos legales.
Ayer, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, informó que el fiscal Muñoz no tenía autorización para ir a la ciudad de La Paz a prestar ningún informe al senador sobre la investigación del caso Cossío y tampoco su despacho recibió una solicitud del legislador requiriendo esa información.
Además, dijo que el fiscal se encuentra desde el 10 de enero hasta el 25 de enero gozando del derecho a vacación, por lo que en suplencia otro fiscal se hizo cargo del caso.
Uribe señaló que la Inspectoría General del Ministerio Público ya abrió un proceso disciplinario en contra de Muñoz para determinar si incurrió en alguna falta disciplinaria y será esta instancia la que determine si corresponde la suspensión de dicho funcionario.
Muñoz fue sorprendido por la prensa el miércoles pasado haciendo antesala en el despacho del jefe de la bancada del MAS en el Senado. Consultado sobre el motivo de su reunión con Ávalos dijo: “Se ha hecho (el pedido de información sobre el caso Cossío) por conducto regular, vía Fiscalía del Departamento y Fiscalía General. Es simplemente a efectos de información”.
En esa oportunidad, Ávalos admitió que convocó al fiscal para que le informe en detalle del proceso en contra de Cossío. “Es mi obligación hacer este control o seguimiento”. Ayer, reiteró que convocó al fiscal para tener información sobre el caso, en cumplimiento de sus labores de fiscalización.
Un día antes, el martes, Muñoz se reunió con el diputado tarijeño del MAS Luis Alfaro en oficinas de la Comisión de Economía Plural de Diputados.
Respecto al cuestionado encuentro (entre el fiscal y el senador), ayer el vicepresidente Álvaro García Linera no descartó investigar y sancionar al senador masista si se prueba que el legislador requirió esa información “a título personal” y no se “movió en el marco de la institucionalidad”, es decir solicitarla mediante las comisiones legislativas. “Si no se ha respetado la institucionalidad, habrá que tomar las acciones que corresponden”, apuntó.
García Linera argumentó que los legisladores oficialistas y opositores pueden solicitar información, hacer convocatorias a distintas personas e instancias estatales en el marco de la coordinación de poderes, pero siempre en el “marco institucional”, lo que no implica injerencia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, justificó a Ávalos, y rechazó que se tratara de un “hecho de injerencia”. Alegó que era parte de la labor de fiscalización de los legisladores, del derecho a pedir información y de los niveles de coordinación que existe entre los poderes del Estado.
Por otra parte, la bancada opositora de Convergencia Nacional en el Senado anunció que iniciará una acción penal en contra del fiscal de Materia de Tarija Gilbert Muñoz por los delitos de obstaculización de la justicia, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, y en contra del fiscal General, Mario Uribe, según el senador suplente de Tarija Luis Pedraza.
Otras acusaciones
García Linera anunció la agilización de los juicios de responsabilidades contra expresidentes y exautoridades.
La Contraloría hizo otra acusación contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
El Banco Central y la ASFI presentaron una segunda denuncia contra Samuel Doria Medina.
Ocho procesos contra Cossío
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Isaac von Borries, informó ayer que el suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, tiene ocho procesos pendientes por delitos comunes en el distrito judicial de Tarija.
Dijo que la documentación de estos casos junto a los reportes que lleguen de los otros distritos del país serán remitidos a la Cancillería, para que ésta a su vez de a conocer a las autoridades paraguayas que solicitaron esa información.
“Debo informales que, conforme a la nota de Tarija, existen ocho causas penales por delitos comunes que están siendo procesadas en Tarija. Fuera de ello, hay otros recursos de amparo constitucional, otros incidentes que se han presentado allá, recursos de acción de defensa, de acuerdo a la nueva Constitución. También hay otros nuevos, de diferentes fechas, pero lo que nos interesa son los ocho casos de procesamiento por delitos penales existentes en la Corte Superior del Distrito de Tarija”, dijo Von Borries sin dar detalles sobre los delitos por los que se abrieron esos casos ni el estado de los mismos.