Lo siento, muy tarde

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Más dudas que certezas

2. El Día: Lo siento, muy tarde

3. El Día: Bolítica

4. El Día: Palabras Mayores

5. El Día: Las aventuras de Evo Morales: el DS 748, un autogol

6. El Día: Economía plural e igualitarismo

7. El Día: Perseguido y huésped ilustre

8. Los Tiempos: NUEVA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR

9. El Deber: Métodos peligrosos

10. Cambio: Inversiones petroleras

11. La Prensa: Las filas en la educación

12. El Diario: Contrastes entre los países ricos y pobres

13. El Mundo: Los mejores

14. Opinión:

15. Clarín, Argentina: Las catástrofes, un desafío global

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El Día: Más dudas que certezas

El Gobierno ha venido insistiendo en los beneficios que reportaría al país la tenencia de un satélite de comunicaciones propio, capaz de aportar tanto en la esfera educativa como en la tecnología comunicacional y que, de paso, suponga una confiable fuente de ingreso financiera. En ese sentido, ha dado una serie de sucesivos pasos para concretar a la brevedad un proyecto que ha calificado de interesante y “autosostenible”. Sin embargo, son cada vez más numerosas las voces de advertencia y crítica sobre esta nueva iniciativa gubernamental que ofrece, a decir verdad, más dudas que certezas.
 
La opinión pública se pregunta por ejemplo, si vale la pena adquirir con tanta premura un satélite de comunicaciones en tiempos de crisis, cuando se supone que los escasos recursos económicos del país deberían estar dirigidos a solucionar problemas nacionales mucho más urgentes y prioritarios, como el del control del contrabando en las fronteras y la puesta en marcha de una auténtica institucionalización de la Aduana nacional y su fortalecimiento. ¿Acaso no es más importante dar de una buena vez por todas el “espaldarazo” económico a los sectores productivos nacionales, privados y públicos, en procura de viabilizar la seguridad alimentaria del país? ¿O la producción petrolera?
 
Si se toma en cuenta que se pretende invertir en la adquisición del satélite la extraordinaria suma de más de trescientos millones de dólares -crédito del gobierno chino,  mediante- con el supuesto de recuperar la inversión vendiendo los servicios de comunicación al propio Estado y a operadores privados a lo largo de los quince años de vida útil del satélite, resulta razonable la postura crítica sobre su “autosostenibilidad”. En primer lugar porque se está pensando en crear un negocio sobre bases al presente inexistentes. Una de las variables más importantes es que los operadores privados no confían en el Estado y prefieren resguardarse de corte de señales o medidas políticas.
 
Por otra parte, ha trascendido que el Estado paga actualmente 10 millones de dólares por alquiler anual de servicios de un satélite extranjero. Con su propio satélite el país erogará veinte millones de dólares anuales, lo cual ya es un llamado de alerta. Sin embargo, desde el Gobierno se ha insistido en que se pretende generar al menos cuarenta millones de dólares anuales: Quince millones por vender servicios a los sectores salud y educación, otros quince a empresas de telecomunicación privadas y otros diez millones por alquiler de segmentos a operadores interesados en vender telefonía, Internet y televisión satelital en poblaciones alejadas. Todo un desafío.
 
También se ha recalcado que se puede generar ganancias de cinco a diez millones de dólares anuales y recuperar unos seiscientos millones en quince años. Las críticas son más duras cuando se constata que el Estado pretende vender a sí mismo los servicios satelitales y no es nada seguro que operadores privados contraten los servicios estatales. En otras palabras, se está proyectando sobre supuestos, lo que crea más dudas que certezas, especialmente si al frente se avizora escasez de alimentos y combustibles, tendencia al estancamiento económico y escalada inflacionaria. El Gobierno debería solucionar problemas más urgentes antes de dar luz verde a este tipo de proyectos.

El Gobierno debería dar solución a problemas más urgentes antes de dar luz verde a este tipo de proyectos costosos.
 

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El Día: Lo siento, muy tarde

Por lo menos dos medios de comunicación ya tienen identificado al ciudadano que le entregó los 31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo” para que huya del país, luego de la “pringazón” que armó como testigo clave en el “caso terrorismo” (“testigo falso” es en realidad el nombre técnico). Se trataría de un funcionario público que acaba de asumir un nuevo cargo dentro del Estado Plurinacional y que el 2009 tenía bajo su responsabilidad una dirección con relaciones directas con los servicios de Inteligencia del Gobierno. Se sabe también que habría participado en el operativo del hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 y nada raro que haya disparado alguno de los tiros que terminó con la vida de tres ciudadanos europeos, en un atroz acto de ajusticiamiento. El sujeto en cuestión es el que aparece en el video, exigiéndole al Viejo que cuente los dólares que le estaba entregando. El fiscal Marcelo Soza ha dicho que esa evidencia ya no sirve porque llegó tarde y que no la va a usar, pese a la amable sugerencia que le ha hecho el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty. Es la justicia “plurinacional”.

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El Día: Bolítica

" Si hubiera alguna cuestión irregular en cuanto a la adquisición del azúcar, vamos a proceder de acuerdo a ley. Se han logrado identificar a 15 mayoristas supuestos especuladores".

Jorge Fernández
FISCAL DE SANTA CRUZ

Se dice que: En una serie de operativos realizados por el Ministerio Público y la Intendencia se encontró 690 toneladas de azúcar guardada en un depósito por el Parque Industrial pertenecientes a la estatal Emapa".

"Son 29 empresas intermediarias que acapararon cerca del 50 por ciento de la producción de azúcar de la cosecha 2010. Ellos son los responsables de causar la escasez y la especulación del producto en el mercado interno".

Óscar Cámara
director de la aemp

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El Día: Palabras Mayores

"AQUÍ HAY traidores que negociaban con el Gobierno mientras el pueblo sufría por el gasolinazo"

LUIS NÚÑEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRO SANTA CRUZ

"HAY QUE HACER las cosas frente al pueblo, sino hubiese citado a Gilbert Muñoz a mi casa o a algún boliche"

ISAAC ÁVALOS
SENADOR DEL MAS

"HASTA AYER tuvimos 300 casos sospechosos de dengue a nivel nacional, ya registramos tres fallecidos"

NILA HEREDIA
MINISTRA DE SALUD

"EN LA PRÓXIMA zafra Unagro se compromete a producir el doble de azúcar que el año pasado"

MIGUEL MONTERO
EJECUTIVO DE UNAGRO

 

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El Día: Las aventuras de Evo Morales: el DS 748, un autogol

El DS 748 sobre el Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados  fue recibido con mucha sorpresa por la sociedad cruceña y boliviana. Después de 5 días de inflación de los precios de hidrocarburos, de servicios de transporte y productos de consumo, el señor Morales derogó su decreto. Sucede que las movilizaciones y protestas de distintas organizaciones sociales, principalmente las de El Alto,  demostraron al Gobierno que el apoyo del que éste goza no es incondicional y que el señor Morales no tiene un cheque en blanco sobre el destino del pueblo.

Estas son buenas noticias para nuestra desgastada oposición. Como algunos analistas ya lo habían predicho, hemos comenzado a presenciar las consecuencias de la colisión entre el plan de hegemonía del MAS y la compleja transición de un movimiento social a un partido político. El intento testarudo de este partido de consolidarse a cualquier costo- como lo hizo el MNR tras la revolución de 1952- ha creado descontento en varias de las bases masistas que originalmente apoyaban categóricamente a Morales. Esta condición ha creado nuevos retos para el MAS como partido y, asimismo, nuevas oportunidades para la oposición.

Otro aspecto positivo (desde el punto de vista de la oposición, por supuesto) del llamado “Gasolinazo” es que la población del occidente de Bolivia y algunos sectores cruceños afines a las políticas masistas están comenzando a conocer la verdadera naturaleza autoritaria del MAS, de su estructura de poder antidemocrática y de las verdaderas intenciones políticas de sus líderes. Algo parecido sucedió en Potosí a mediados del anterior año cuando se pidió la refundación de Bolivia como un estado federal.

Es pues una ilusión pensar que el gobierno masista gobierna a través del pueblo y para el pueblo. Es una ilusión (por no decir impostura) por parte del señor García Linera cuando en una entrevista para Le Monde Diplomatique quiere dar a entender que los movimientos indígena-campesino toman las decisiones en el Palacio Quemado. Los últimos días nos demostraron lo contrario. También lo hizo ya Robert Michels en 1911 con su famosa “ley de hierro”.

Para corroborar a esta opinión, he aquí una frase del señor Morales en una concentración de sindicatos campesinos en Oruro hace algunos días: “Cuando yo era opositor jamás he sugerido y opinado sobre gabinete esa es responsabilidad de cualquier presidente. Eso no es responsabilidad de movimientos sociales, es de mi responsabilidad, así como no es mi responsabilidad elegir dirigentes”. Aquí los lectores podrán observar la diferenciación dentro de la estructura de poder masista y la delimitación de la participación popular en las decisiones gubernamentales.

Pareciera que don Román Loayza tiene razón al mencionar que el señor Morales abrogó al DS 748 más por miedo al pueblo que por el seguimiento de la premisa “gobernar obedeciendo al pueblo”. Ahora le pido al lector de estas líneas imaginarse al señor Morales, al presidente del país llamado Bolivia, en su avión privado Falcon 900EX de 38 millones que consume 102 dólares por minuto de vuelo. El Señor vuelve de sus vacaciones en Venezuela y, mientras revisa en-línea los resultados de los últimos partidos de futbol (que tanto le gusta), piensa en cómo la va a arreglar esta vez. Porque no entiende cómo se pudo anotar este autogol.

Mientras tanto, miles de ciudadanos de aquel país, sorprendidos por el regalo de Navidad DS 748, pensaban en cómo iban a pagar el pasaje para ir al trabajo.

Marcelo S. Dabdoub (3213305 SC)
 

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El Día: Economía plural e igualitarismo

La combinación de igualitarismo y economía plural no es viable. El igualitarismo anima muchas decisiones del Gobierno, a tal punto que a nombre de luchar contra la pobreza se ha buscado reducir las ganancias y limitar los sueldos. La Constitución reitera las promesas de igualdad y superación de la pobreza pero se concentra en la economía plural. Más de 100 artículos describen y definen esa economía, que incluye desde lo comunitario (rural campesino e indígena), hasta lo privado o capitalista. Es la economía del chenko hecha norma suprema del Estado. La CPE establece la igualdad de derechos de las diversas formas de organización económica, y ordena que se las respete como son, pero también las obliga a contribuir a la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la creación de empleos dignos.

Lo que está en el núcleo de esta combinación de economía plural con igualitarismo es la convicción de que es posible conservar las formas diferentes de organización económica y garantizar al mismo tiempo que todos los bolivianos tengan similares niveles de consumo de bienes y servicios. ¿En qué se basa tal convicción? En la posibilidad de que el Estado genere y controle una cantidad de excedentes suficiente para subsidiar a las formas menos productivas, donde se encuentran los más pobres. Si algo así­ se pudiera hacer, sería por poco tiempo y a costos muy altos. Como sostenemos en “La Democracia en el Chenko”, la economía plural, en realidad, es la principal causante de las desigualdades. Las formas económicas que la componen son distintas por su organización y por sus resultados.

Aunque hay excepciones, en general los resultados productivos de distintas formas de organización, determinan los niveles de ingresos de quienes trabajan en ellas. Esta es la explicación de la desigualdad en Bolivia: los ingresos desiguales son principalmente el resultado de productividades desiguales. Por eso, no es posible igualar los ingresos si se conserva la economía plural. Primero, porque se necesitarí­an subsidios enormes (cerca de 1.800 millones de dólares al año), y segundo porque debe asegurarse que esas transferencias lleguen a destino y no se pierdan en los enredos de la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. Llegar a destino quiere decir que alcance a los más pobres y alejados, mientras se cobra a los más ricos y poderosos. No es fácil, como lo demuestran los actuales subsidios al diesel y al gas, que funcionan al revés pues benefician más a quienes tienen ingresos más altos y pueden consumir más. Pero el mayor problema es que su efecto sería efímero, porque la productividad del conjunto se vería afectada y tenderí­an a desaparecer los excedentes transferibles. Una de las principales leyes de la economí­a es que la gente responde a incentivos. A grandes incentivos, grandes esfuerzos. Si no hay incentivos, tampoco hay esfuerzos.

Mantener la desigualdad de productividades en la economí­a plural y promover igualdad en consumo de bienes y servicios romperí­a la relación entre productividades e ingresos. Los trabajadores más productivos y creativos, sin los incentivos de mayores ingresos, reducirán su esfuerzo. Y los menos productivos también, porque su baja productividad sería premiada con subsidios.

El resultado, al poco tiempo, serí­a un descenso general de la productividad y la consecuente desaparición de los excedentes transferibles. Así­ que si se conserva el chenko, o la economía plural, como lo pretende la CPE, el igualitarismo es imposible, salvo que sea deseable la igualdad en la pobreza generalizada. En realidad, la historia económica muestra que si se quiere la reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, la clave es impulsar la productividad, permitiendo que funcione abiertamente la correlación entre esfuerzos y resultados, de manera que los incentivos premien a los más productivos, arriesgados y creativos. Tal vez no habría igualdad, pero sí­ justicia social, que es lo que verdaderamente importa.

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El Día: Perseguido y huésped ilustre

El conflicto surgido entre Bolivia y Paraguay por el hecho de que el gobernador tarijeño, primero electo y después suspendido, Mario Cossío, encontró refugio en el país vecino, escapando a la persecución del gobierno boliviano, merece que repasemos algunos conceptos del Derecho Internacional en lo que se refiere a los ciudadanos extranjeros que se asilan en otro país.

Los juristas definen el derecho de asilo como “la protección que dispensa un Estado a una persona no nacional que es objeto de persecución en virtud de motivos políticos o ideológicos por las autoridades de otro Estado”. Con esta  definición en la mano, queda claro que la figura jurídica del asilo responde a la preocupación de los internacionalistas por proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Muchos recordarán los tiempos tenebrosos en los que numerosas representaciones diplomáticas extranjeras en La Paz franqueaban sus puertas para recibir a los ciudadanos  bolivianos acosados por los gobiernos perseguidores. Pues bien, si hoy no puede afirmarse que han de repetirse aquellos reprobables episodios, no es porque el actual Gobierno haya dejado de ser perseguidor implacable, sino porque a sus opositores no les acosa judicialmente por sus ideas políticas sino que se les atribuye el sambenito de facinerosos delincuente comunes.

Ahora bien, de acuerdo a la doctrina el derecho al asilo se otorga al perseguido por motivos políticos e ideológicos, y no al delincuente común, sea ladrón, asaltante de caminos o asesino o violador, pederasta  u otras malas artes.

Pues se da el caso de que el presidente de la República guaraní, Fernando Lugo, interrogado sobre qué postura adoptaría ante el asunto Cossío, expresó con elegancia que Paraguay siempre ha honrado su tradición de hospitalidad a los perseguidos políticos. Cualidad que también ejercita la mayoría de las Repúblicas latinoamericanas. En efecto, la jurisprudencia internacional latinoamericana se ha distinguido por la concesión magnánima del asilo político a quienes tenían razones para obtenerlo.

Por eso llamó la atención que la ministra boliviana de Transparencia, Nardi Suxo, viajara a la capital paraguaya. ¿Con qué objeto?  ¿Para que su compatriota Cossío fuera expulsado?  El  vicepresidente guaraní calificó la gestión de la ministra como “grosera injerencia” contra la soberanía paraguaya. De haber hecho caso a la ministra, las autoridades paraguayas habrían faltado al principio humanitario del llamado “non refoulement”, según el cual, ninguna persona podrá ser rechazada, expulsada o devuelta al país en el que es objeto de persecución.  La cosa no terminó aquí sino que, el Gobernador del departamento Central, el más importante del país vecino, distinguió a Cossío con el título de “huésped ilustre”. Pero hay más, el conjunto de gobernadores departamentales paraguayos pidieron al presidente Lugo definir lo más antes posible el asilo, no refugio para la suspendida autoridad tarijeña.

Tras las lamentables escaramuzas seudodiplomáticas, en las que la política exterior boliviana quedó en ridículo, el vicepresidente García Linera ha tenido que poner un parche en terminología convencional, afirmando que el incidente que nos ocupa no ha de interferir las relaciones entre ambos países. ¡Faltaría más!

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Los Tiempos: NUEVA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR

Hay motivos para alentar la esperanza en que este encuentro no sea uno más de los muchos que hubo, sino uno que marque un hito

La reunión que hoy sostendrán, en Santiago de Chile, los Ministros de Relaciones Exteriores de ese país y Bolivia podría convertirse en un hito en las complejas relaciones que han mantenido ambos países siempre y cuando estas autoridades trascienden las exigencias políticas del corto plazo y una rutina burocrática que se ha convertido en un permanente obstáculo de todo intento de refrescarlas.

Conviene recordar que este encuentro está precedido de una serie de hechos que, como siempre, fueron tratados de aprovechar por las diversas corrientes que a ambos lados de la frontera existen sobre los diferentes puntos de la agenda que comparten y, especialmente, de la demanda boliviana de tener un acceso soberano al Océano Pacífico.

Entre los hechos más importantes se debe mencionar el reimpulso de las relaciones con Perú a través de los acuerdos de Ilo, ratificados y ampliados por instrucciones de los Presidentes de ese país y Bolivia. El debate -sin precedentes- que se ha dado en Chile sobre la demanda boliviana que ha incluido propuestas como la realización de un referendo, la cesión sin soberanía de un enclave, la reposición de las negociaciones de Charaña. El contencioso entre Perú y Chile en La Haya que provocó un gafe de nuestra Cancillería que tuvo que ser rápidamente aclarada. La postergación, a pedido de Chile, de la reunión de la Comisión Bilateral dirigida por los viceministros de Relaciones Exteriores. La difusión -y posterior retiro de un vídeo agraviante a Chile en la página web de Ejército boliviano. Y la decisión de los presidentes de Bolivia y Chile de reimpulsar las negociaciones adoptadas en Foz de Iguazú mediante el encuentro entre los Cancilleres que, precisamente, hoy se concretará.

Todo ello es una muestra objetiva de lo complejas que son nuestras relaciones con Chile y de la necesidad que tenemos en el país de no precipitarnos ni incubar ilusiones que fácilmente pueden trocarse en frustraciones. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha actuado como corresponde y, probablemente con ayuda del Primer Mandatario, se ha evitado que este tema sea utilizado dentro de la coalición oficialista como una forma de ampliar espacios de poder como evidentemente se intentó en algunos momentos.

En ese contexto hay la percepción en la ciudadanía y el Gobierno de que el encuentro ministerial que hoy se realizará sirva para escuchar propuestas más concretas de parte de Chile sobre cómo avanzar en la línea de responder a la demanda boliviana. Así lo ha hecho saber el Presidente del Estado al afirmar, en una contundente respuesta al canciller chileno quien declaró que no hay plazos para resolver este tema, que si bien estos no existen debe "haber una voluntad política (porque) tampoco puede seguir esperando más de 100 años sólo revisando tratados y sin resultados", y afirmar que tiene "mucha confianza en el Presidente de Chile. Hemos conversado largamente, hemos sentido y visto que nos necesitamos en muchos aspectos para resolver nuestras necesidades… es posible desbloquearnos y para ello hay un sentimiento del pueblo boliviano que es el retorno al mar con soberanía".

Se tienen, pues, muchas esperanzas en que este encuentro no sea uno más de los muchos que hubo, sino uno que marque un punto importante en un proceso que tiene más de 100 años de duración.

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El Deber: Métodos peligrosos

En los últimos días se ha denunciado el surgimiento de algunas prácticas que no se conocían en el  país, como el secuestro de personas para amenazarlas, además de otras formas de amedrentar a políticos, sindicalistas, medios de comunicación y periodistas.

El secuestro ‘express’ que supuestamente sufrió una asesora del diputado opositor Adrián Oliva y las amenazas que estaría recibiendo la diputada Norma Piérola, también opositora, no son tan graves como la frialdad con que la Cámara de Diputados escuchó esas denuncias.

Ambos diputados se han caracterizado por presentar denuncias sobre irregularidades cometidas por el actual Gobierno, a tal punto que el diputado Oliva dice tener más de mil fojas que documentan sus afirmaciones. La diputada Piérola fue la más persistente en las denuncias sobre la compra del avión presidencial, realizada sin licitación previa. Ella ha presentado pruebas de que el avión tendría un sobreprecio del 30%, a pesar de que no fue comprado a la fábrica sino a un segundo o tercer propietario, lo que es otra anormalidad.

La respuesta que dio el presidente de la Cámara de Diputados, el masista Héctor Arce Zaconeta, a la denuncia presentada por Oliva sobre el secuestro de su asesora tuvo un tono de sorna. En lugar de expresar solidaridad con el diputado, y con la persona que fue víctima del secuestro, Arce Zaconeta sugirió que Oliva estaba usando el caso como un pretexto para irse del país. A la dosis de terror de este caso, el presidente de diputados le añadió una pizca de burla. Esta misma receta fue usada por el diputado oficialista Luis Alfaro en un debate con Oliva.

Aparte de este tratamiento despectivo, que podría ser producto de una equivocada escala de valores, lo preocupante es que se está incursionando en un terreno muy peligroso de hacer política.

Si los bolivianos van a vivir bajo un sistema de terror implantado por intereses políticos específicos, sólo podremos esperar que el panorama empeore, porque las cosas podrían llegar a grados de inseguridad como los que se dan en otros países. México, por ejemplo, vive una pesadilla impulsada por quienes manejan el narcotráfico, que rivaliza con las instituciones del Estado mexicano y que ha provocado cerca de 25.000 muertos en el lapso de cuatro años.

Bolivia tiene muchos defectos, pero todavía no conocía climas de violencia como los que se viven en otros países. Lo riesgoso de este momento es que la violencia llegue a reemplazar a la política y convierta a Bolivia en un campo de batalla.

El Gobierno nacional tiene la obligación de instruir a las autoridades policiales para que lleven a cabo una investigación completa, que permita dar con los responsables del secuestro denunciado y con quienes manejan los hilos de esta red de terror que ha comenzado a operar en el país.

Usar la mofa ante las denuncias de hechos de terror es una ofensa al país y un acto de prepotencia, cuando la ciudadanía está esperando que alguien hable en nombre de las leyes.

El uso abusivo del poder es algo que los pueblos no perdonan.

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Cambio: Inversiones petroleras

El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, reveló ayer que entre 2006 y 2010 —administración gubernamental del mandatario Evo Morales Ayma—, las compañías petroleras y la empresa estatal invirtieron 2.370 millones de dólares, y que para este 2011 tienen previsto una inversión de 1.741 millones de dólares. Ambas cifras suman 4.121 millones de la divisa estadounidense.

Los datos oficiales señalan que las inversiones petroleras, bajo el gobierno de Evo, superan ampliamente las ejecutadas entre 2001 y 2005 (administraciones de Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez), gobiernos que fueron parte de la enajenación de nuestros hidrocarburos; ya que en ese periodo de cinco años, las petroleras extranjeras y la residual YPFB sólo invirtieron 1.857 millones de dólares.

Es decir, antes de la nacionalización de los hidrocarburos —el 1 de enero de 2006—, la tendencia de las inversiones petroleras estaba orientada a la baja; ya que en 2001 las petroleras invirtieron 514 millones de dólares, en 2002 esa cifra bajó a 509 millones, en 2003 se situó en 335 millones, en 2004 se redujo a 252 millones y en 2005 cayó a 247 millones de dólares.

Y como corolario de una política petrolera antinacional, el 24 de octubre de 2001 Tuto Quiroga aprobó el Decreto Supremo Nº 26366, mediante el cual perdonó a las transnacionales de su obligación de perforar al menos un pozo en las parcelas seleccionadas. Es decir, las exoneró de su obligación de invertir en exploración.

Sin embargo, por su ilegalidad, esa norma fue derogada por el gobierno de Carlos Mesa, mediante el Decreto Supremo Nº 27414.

No obstante, durante el primer año de gestión de la administración Morales, las inversiones petroleras comenzaron a recuperarse y en 2006 alcanzaron a 273 millones de dólares, en 2007 subieron a 300 millones, en 2008 a 385 millones, en 2009 se situaron en 612 millones y en 2010 marcaron 800 millones de dólares.

Y las inversiones petroleras para este 2011 proyectan 1.751 millones de dólares, con lo que se consolidará 4.121 millones de dólares para fortalecer el sector hidrocarburífero.

Es en ese contexto que el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos reactivó el flujo de las inversiones petroleras en Bolivia, pues el 2009, con un monto de 612 millones de dólares, fue el año en que se superó la máxima inversión registrada en el periodo de la capitalización, que fue de 514 millones en el 2001.

La mayor parte de los recursos que fueron inyectando las petroleras privadas como la estatal y sus subsidiarias, en los últimos cinco años, fue para incrementar la producción de gas natural, cuya previsión es llegar hasta los 72 millones de metros cúbicos día (MMmcd) para el 2014, tomando en cuenta que en este momento se produce 41 MMmcd.

Si estas previsiones son materializadas, el país cubrirá el creciente mercado interno de consumo, consolidará los proyectos de industrialización, garantizará el compromiso de exportación de gas natural a Brasil y Argentina, y perfilará nuevos mercados, no sólo para el gas natural sino para los productos derivados del proceso de industrialización.

En este sentido, la planta separadora de líquidos —que será construida por la empresa argentina Astra Evangelistas SA (AESA) en Ríos Grande, Santa Cruz—, incrementará la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina. Su construcción demandará 159,4 millones de dólares y una vez concluida la planta procesará 200 millones de pies cúbicos día (MMpcd) de gas natural que fluye al Brasil.

"El resultado de este proceso de separación son 362 toneladas métricas día de gas licuado de petróleo (GLP), con ésta producción tendremos una seguridad energética en el abastecimiento de este combustible", afirmó el presidente de la petrolera estatal, quien indicó que con la implementación de una segunda planta de separación de líquidos —que será adjudicada hasta junio de este año— y la aceleración del cambio de matriz energética, Bolivia podría no sólo autoabastecerse de GLP y de gasolina sino exportar a los mercados internacionales. La meta de la reconversión es transformar al menos 240.000 vehículos en tres años para terminar con la dependencia de la importación de gasolina y diesel.

Además, YPFB Corporación puso en ejecución un agresivo plan de exploración de hidrocarburos para aumentar la producción de combustibles, como el gas natural, con una inversión de 390 millones de dólares, para el que tiene previsto firmar con algunas empresas privadas nuevos contratos. Este 2011 se perforarán 15 pozos exploratorios y 26 pozos de producción, un total de 41 pozos en los que se utilizarán 14 equipos de perforación.

Según YPFB, la perforación de los 15 pozos exploratorios ya fueron adjudicados a las petroleras interesadas, también se tiene definido las áreas en donde serán perforados, y se implementará una campaña de difusión a nivel mundial para invitar a otras empresas para que puedan venir a Bolivia a explorar. Durante el periodo de ‘capitalización’ de la estatal petrolera, que la redujo a su mínima expresión, se perforaron alrededor de 30 pozos en 4 y 5 años, mientras que en 2011 se prevé perforar 41 nuevos pozos.

Es en este contexto que los duros cuestionamientos de sectores opositores a la política petrolera del Gobierno nacional no encuentran base de sustención real, porque a la luz de estas cifras, esas críticas desnudan un oportunismo político que intentó cosechar el descontento de la población tras la aprobación y posterior derogración del Decreto Supremo Nº 748 que nivelaba los precios de los carburantes subvencionados que actualmente alientan el contrabando, a costa de una millonaria sangría económica del país.

El 24 de octubre de 2001, Tuto Quiroga aprobó el Decreto Supremo Nº 26366, mediante el cual perdonó a las petroleras de su obligación de perforar al menos un pozo en las parcelas seleccionadas. Es decir, las exoneró de su obligación de invertir en exploración.

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La Prensa: Las filas en la educación

Habrá que pensar en el futuro, considerando que la aplicación de la nueva norma educativa establece la reducción de 40 a 30 alumnos por aula?

La educación en el país está iniciando un proceso de cambio con la puesta en marcha de la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez; sin duda, este proceso es importante en la medida que mejora la educación de nuestros niños y jóvenes para construir una mejor nación.

Sin embargo, la nueva norma no ha superado algo que desde hace mucho tiempo se convirtió en un mal endémico como es que todos los años los padres de familia tengan que realizar largas filas faltando dos a tres semanas de la fecha de inscripción.

Los padres de familia aseguran que realizan filas porque muchas veces tienen el problema del espacio en las listas de alumnos de los establecimientos educativos fiscales, principalmente en los que se deben registrar los alumnos nuevos para el primer curso de primaria y el primer curso de secundaria y para los del nivel inicial (prekínder); pero además se generan largas filas en los establecimientos de mayor reconocimiento, donde gran parte de las personas quieren que sus hijos se formen.

Pero si bien no deberían existir filas para los otros cursos, porque la inscripción debería ser automática, el incremento de las pensiones en los establecimientos educativos privados está originando la migración de los estudiantes de los privados a los establecimientos fiscales, lo que agudiza el problema.

Analizando cuáles son los problemas para que dos a tres semanas antes se produzcan largas filas en los establecimientos educativos, nos encontramos con el hecho de que muchos padres de familia que trabajan en el centro, por comodidad y necesidad buscan inscribir a sus hijos en los establecimientos educativos más cercanos a sus fuentes de trabajo, generando un problema, pues los establecimientos de sus zonas terminan con la falta de alumnado.

Para este año, muchos directores de establecimientos optaron por repartir fichas para evitar que haya desorden; en otros, la iniciativa partió de los padres de familia en el afán de garantizar un cupo para sus hijos. Sin duda se trata de una buena medida para este año, pero habrá que pensar en los posteriores años, porque el problema será mayor, considerando que la aplicación de la nueva norma educativa establece la reducción de 40 alumnos por aula a sólo 30, por lo que el crecimiento de la demanda será mayor, y habrá que tomar las previsiones construyendo más aulas o, en su defecto, nuevos edificios para nuevos colegios.

El Ministerio de Educación está ante un gran desafío para poder aplicar la nueva ley en el tiempo establecido, el realizar un análisis de los problemas que existen y que como los casos de las filas para las inscripciones son tan simples, pero muy complejos de solucionar, debido al constante crecimiento de la población estudiantil.

Si no se solucionan estos pequeños problemas, será muy difícil encontrar una solución para otros problemas más grandes como el de los ítems para maestros, o la adecuación de las aulas para la formación técnica. Confiemos en que hoy que se inician las inscripciones no haya conflictos que deriven en marchas, huelgas de hambre y otras medidas de presión en demanda de cupos para estudiantes en algunos establecimientos.