Los narcos reclutan fácilmente a mujeres pobres para llevar cocaína hasta las grandes ciudades de Chile, donde abundan los consumidores y la droga multiplica su valor por 7.
Por su parte, los gobiernos de Chile y Bolivia invierten grandes sumas en la persecución del narcotráfico, pero las fiscalías de ambos países no realizan investigaciones conjuntas que permitan detener las grandes mafias; por eso, quienes caen son los eslabones más débiles de la cadena.El viaje de las mujeres bolivianas reclutadas por el narco suele terminar en un container ubicado frente a la Unidad de Urgencia del Hospital de Iquique. Ahí pueden pasar hasta 5 días sentadas en una banca, sin posibilidad de recostarse, mientras evacúan hasta el último ovoide de sus intestinos.Otras ni siquiera alcanzan a cruzar la frontera. Son arrestadas y encarceladas en la misma Bolivia, quedando presas en condiciones más precarias y por periodos más prolongados de tiempo.Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas y la tensión entre sus autoridades es histórica. Después de la demanda marítima boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la relación ha llegado a su peor estado en lo que va de los últimos 30 años. Tanto es así que la reunión bilateral programada para septiembre de 2018, en la que se discutirían temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, fue suspendida por el gobierno chileno. “No está dado el clima y el ambiente para tener una reunión productiva”, dijo el canciller de este país Roberto Ampuero.Mientras tanto, las mafias siguen reclutando diariamente a personas pobres en zonas rurales, barrios vulnerables y terminales de buses. Las envían a un viaje que muchas veces termina en la cárcel.En esta investigación colaborativa participaron los periódicos EL DEBER (Bolivia); El Mercurio de Antofagasta (Chile), La Estrella de Iquique (Chile) y la plataforma periodística para las Américas, Connectas.Durante 6 meses se recopilaron los testimonios de mujeres encarceladas por narcotráfico, policías, fiscalías, defensorías y entes gubernamentales. Además, se revisaron más de 300 sentencias cursadas entre 2017 y el primer semestre de 2018 en tribunales del norte de Chile para así lograr entender el origen de este problema.
Investigación realizada por Cristian Ascencio del Diario El Mercurio de Antofagasta (Chile), Nelfi Fernández del Diario El Deber (Bolivia) y Carlos Luz del Diario La Estrella de Iquique (Chile) en alianza con CONNECTAS
Capitulo I
Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico
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Celia escuchó que se “ganaba bien llevando”, así que un día decidió contactar a un traficante. “¿Conoce alguien que trabaje con Doña Blanca?”, preguntó en varios tugurios de Cochabamba, hasta que llegó al hombre que le ofreció su primer ‘contrato’.
Celia fue llevada por el narcotraficante a Pisiga, en la frontera con Chile. Ahí la hicieron tragar los ovoides. “No podía, te juro que lo vomitaba. No podía tragar. Te duele la garganta. Y qué dije: Ya que no pude dar nada a mis hijos y me dediqué a la bebida, lo voy a hacer por mis hijos, nada más por mis hijos, voy a pagar toda mi deuda y voy a hacerlo por ellos. Cada vez que no podía, tenía que acordarme de eso. ¿Sabes tomar bebida? toma esto. Y tomé. No pude todo. Me faltaba como un cuarto de kilo. No pude y le dije al señor ese: ‘Aunque no me pague todo, aunque sea la mitad me sirve, pero no voy a tomar más. No puedo más, mi cuerpo no quiere, yo quiero, mi cuerpo no quiere. ¿Qué quiere que haga?’. “Ya po’ vamos entonces, me dijo”.
Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos 2.200 dólares. A las ‘tragonas’ (quienes tragan ovoides de cocaína) y ‘mulas’ (quienes llevan la droga en maletas o fajadas a su cuerpo) les pagan hasta 1.500 dólares por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile, donde se venderá a 15 dólares cada gramo. Es decir, los narcos pueden obtener 15 mil dólares por el kilo si es que la venden tal como llegó. Pero, en la gran mayoría de los casos, la cocaína es mezclada con otros productos como yeso o talco para aumentar la ganancia.Las transportadoras en algunas ocasiones son acompañadas dentro del bus por un vigilante de la mafia. En otras les toman una fotografía en la terminal de buses en que se embarcan y se les entrega un teléfono celular viejo. Al llegar a la terminal de buses de destino, alguien más las espera y las lleva a una casa de seguridad.Las declaraciones de las mujeres, consignadas en las sentencias judiciales en Chile, dan cuenta de estos mecanismos.
“Viajé a comprar telas a Oruro, se me acercó una señora que me ofreció un trabajo de traslado de droga hasta Iquique. En la terminal me esperarían y me pagarían 300 dólares. La señora me tomó una fotografía para reconocerme. Debía entregar el paquete en el terminal de Iquique a esta misma persona” (extracto de declaración de C.P.H, de 30 años, quien estuvo un año presa en Chile antes de ser expulsada).
“En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar 4 paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular” (extracto de declaración de E.R.L., 38 años, condenada a 5 años y un día de pena efectiva).“En Pisiga dos personas me entregaron la carga y me dijeron que debía pasar la ‘tranca’. Me levanté y empecé a caminar, cuando sale una patrulla, me asusté y corrí, no pude escapar. Le dije a los señores que me suelten, que no es mía, que me la entregaron unos señores en Pisiga. No me creyeron y me encerraron (…). Me iban a pagar $1.000 dólares en la terminal de Iquique, pero no me pagaron nada. Estoy encerrada 12 meses (…) Ellos fueron el día de mi cumpleaños a mi casa, les cuento los problemas de salud de mi hija y que costaba 8 mil bolivianos, ellos piden mi número y me llaman el 17 de septiembre, diciéndome que fuera a la frontera y ahí me pasaron la droga; me llamaban por teléfono. Cuando me detuvieron me encontraron dos teléfonos pequeños, el otro me lo dieron” (extracto de declaración de F.J.C., de 43 años, estuvo presa 1 año y dos meses antes de ser expulsada).
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Francisca Fernández es antropóloga y perita de la Defensoría chilena. Esa entidad le encargó un estudio sobre los perfiles de las mujeres indígenas extranjeras condenadas en cárceles del norte de Chile. Por meses recorrió las cárceles y entrevistó a condenadas, principalmente bolivianas. Para Francisca Fernández, estas mujeres son utilizadas como material desechable por las bandas y lo ejemplifica con uno de los casos que conoció: “Tres mujeres van sentadas juntas en el bus y llevan las mismas zapatillas blancas, nuevas, con una planta alta. Era evidente que, si las vestían así, iban a ser revisadas”. La antropóloga presume que fueron enviadas para desviar la atención de las policías, mientras que al mismo tiempo por alguno de los cientos de pasos clandestinos se ingresó un cargamento más grande.
La Defensoría ha notado que en varios casos la droga es llevada tan burdamente, que es como si alguien quisiera que fuera descubierta. Para la entidad, es posible que las bandas estén usando a personas pobres para concentrar los esfuerzos de las policías en un punto, mientras se ingresan grandes volúmenes de droga por otro; o que se trata de ‘falsos 22’, un concepto que refiere el número del artículo de la Ley 20.000 (contra el narcotráfico) sobre la cooperación compensada, que algunos narcotraficantes utilizan para disminuir sus condenas.
En Chile un ‘falso 22’ es la persona que fue contratada para llevar droga o ‘cargada’ con ella, sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios. Hay casos documentados por la Defensoría respecto a ‘falsos 22’, como el de un agricultor de Oruro que solo hablaba fluidamente quechua y que fue cargado con droga en un hostal de Antofagasta. Estuvo nueve meses preso.
Otra causa que llama la atención es el de una mujer quechua que cumple una condena por narcotráfico en Chile desde hace cuatro años. Ella es uno de los pocos casos de mujeres bolivianas reincidentes. Según los documentos de su causa, la condenada tiene una deficiencia mental y es analfabeta. Fue descubierta por segunda vez portando droga en 2014, en la aduana El Loa, mientras viajaba en un bus. Su primera detención había sido en la misma aduana, por lo que un funcionario la reconoció. Llevaba la cocaína en una pizzera eléctrica.Si son distractivos o no, es difícil comprobarlo. Pero una cosa es segura, son tantas las mujeres detenidas y tanta la droga decomisada que, si el narco sigue apostando por la vía de las ‘mulas’ y ‘tragonas’ para enviar droga al sur, es porque sigue siendo muy rentable.
Gabriel Carrión, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, la región de Chile donde hay más bolivianos y bolivianas capturados por narcotráfico, sostiene que la política persecutoria en Chile no busca a los propietarios de la droga, sino que se centra en los flancos débiles y descartables, los transportadores al por menor. “Los fiscales optan por una opción práctica: buscan condenar a quienes llevan la droga, y si les preguntan por los dueños de la droga, explican que no les corresponde (perseguirlos) porque tendría que realizarse una investigación extraterritorial”.
Aunque las policías chilena y boliviana afirman que sí se comparten entre ellas la información recopilada en las detenciones de ‘tragones’ y ‘mulas’; la Fiscalía de la región chilena de Tarapacá reconoce que no se han realizado investigaciones transnacionales. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dice: “Hasta la fecha en la región no hemos tenido investigaciones de tráfico de droga en la que hayamos trabajado con la Fiscalía boliviana”.
Aunque el conflicto data de principios del siglo XIX, cuando Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en un conflicto bélico, estos países sudamericanos -vecinos por 850 kilómetros de frontera- desde hace 40 años tienen rotas sus relaciones diplomáticas. En marzo de 1978 retiraron a sus embajadores y en los últimos cuatro años el ambiente se enrareció aún más, luego de que Bolivia interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obligar a Chile a dialogar sobre una salida soberana al mar.
Esta situación llevó a que una reunión para hablar justamente sobre temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narco, fuera suspendida. El 3 de septiembre, dos días antes del encuentro, Chile dijo que las condiciones no estaban dadas para la cita y un mes después, el primero de octubre, La Haya falló en contra del pedido boliviano. Desde entonces los líderes de ambos países se lanzan dardos por las redes sociales y medios de comunicación sin concretar una agenda bilateral.
Celia Casorla recuerda que el primer carabinero que se subió al bus se acercó a ella y le preguntó qué llevaba en la botella de yogurt.-Yogurt, obvio -le contestó.-Entonces tome un sorbo -le dijo el carabinero.
Celia abrió la botella tratando de que no se le notaran los nervios y tomó un trago grande. La cocaína iba al fondo del frasco, envuelta en plástico y bien apretujada. No se soltó. El carabinero continuó de largo y Celia respiró un poco más tranquila.
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Elena tragó gran parte de los ovoides en Oruro, Bolivia, y viajó hasta la frontera acompañada de un vigilante del dueño de la droga.En Pisiga tragó el resto de los ovoides en un hostal clandestino donde pagó 25 bolivianos por pasar la noche, aunque esa noche no durmió.En la madrugada cruzó hacia Chile por un costado de la Aduana. A lado y lado de esa Aduana hay una pampa eterna que tiene varios apodos puestos por los lugareños del pueblo de Pisiga. “El hueco” y “la tranca” son los más comunes.
Caminó por la misma ruta usada por los contrabandistas de frutas y verduras, de ropa, de automóviles, de droga y los coyotes que llevan migrantes hacia ‘el sueño chileno’.Llegó al amanecer hasta un pequeño paradero de buses en el pueblo de Colchane, Chile, donde unas comerciantes con polleras ofrecen sus productos a los viajeros.
Elena tomó el primer bus a Iquique y en Iquique, otro más hacia Antofagasta. Ya llevaba más de 24 horas con los 98 ovoides en su estómago. En ese tiempo no pudo tomar más que agua y refresco. Comer algo sólido le haría expulsar la codiciada carga.
En el control aduanero El Loa, a tres horas de su destino final, la revisó un funcionario de Aduanas.-¿Estás llevando los huevitos?-No, no, no.-Estás llevándolos, tienes que decirlo, estás muy nerviosa.“Luego me dijo que lo reconozca por el bien de mis hijos, que esto no era permitido y que lo aceptara, y que me iba a ayudar en algo si lo aceptaba. Al final lo reconocí. Ya no podía más, mi conciencia ya no me dejaba y dije: ‘Sí, estoy llevando’”.
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Ser un pasajero boliviano en un bus dentro de Chile es ser sospechoso y, por ende, las posibilidades de ser revisado por la Policía son mayores.María Avendaño estuvo presa en Chile dos años y seis meses, hasta que fue absuelta.En 2007 fue detenida en un bus cerca de la frontera, mientras viajaba con su hijo. La acusaron de ser la dueña de una maleta que portaba 23 kilos de cocaína y un overol blanco de hombre.Después de que la maleta fue encontrada en medio de una revisión rutinaria, la policía le preguntó al auxiliar del bus quién era el propietario, y éste aseguró que era María. Ella lo negó. No le creyeron y fue apresada.Para la Defensoría Penal Pública este caso es un ejemplo de un trabajo policial mal realizado y de agentes gubernamentales dejándose influenciar por los prejuicios. “No se levantaron huellas desde el bolso o muestras de ADN para vincular de alguna forma a la imputada con la propiedad del equipaje”, explica la Defensoría Penal Pública en el documento Proyecto Inocentes, que recopila historias de personas detenidas por error en Chile.El hijo de María, médico de profesión, fue dejado en libertad, pero debió quedarse a vivir en Chile para no alejarse de su madre. Trabajó dos años y medio en una farmacia hasta que su madre, quien fue sometida a un juicio oral, fue absuelta.De haberse declarado culpable, María Avedaño podría haber estado mucho menos tiempo en prisión. A lo mucho 431 días. Los bolivianos que reconocen culpabilidad en delitos con penas inferiores a los 5 años de prisión pueden acceder a la expulsión del territorio nacional, con la condición de no volver a Chile durante un periodo de 10 años.El 93% de las 325 bolivianas condenadas en el norte de Chile, entre 2017 y el primer trimestre de 2018, accedió a este beneficio. Ellas tuvieron un tiempo promedio de encarcelamiento de 7,5 meses, esto según un análisis de las sentencias del Poder Judicial contra mujeres bolivianas en el norte de Chile en 2017 y primer trimestre de 2018.
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Según los datos de la Defensoría de Tarapacá, un 58% de las 180 mujeres bolivianas condenadas en 2017 declaró ser indígena. En su mayoría fueron recluidas en la cárcel de Alto Hospicio, a 230 kilómetros de la frontera con Bolivia.Alto Hospicio es una de las comunas más pobres de Chile. Está en el puesto 76, entre 90 ciudades, en el Índice de Calidad de Vida Urbana realizado por la Universidad Católica de Chile. Nació como un conjunto de ‘tomas’ en el sector alto de la ciudad de Iquique y está unida a ésta por una sola vía que culebrea por la Cordillera de la Costa.No es una comuna turística como la vecina Iquique, sino más bien industrial, pero a pesar de lo agreste del paisaje, las mujeres bolivianas que llegan hasta la cárcel de Alto Hospicio tienen algunas ventajas si se compara su situación con la de sus coterráneas que caen en otras prisiones chilenas. La primera es que en ese penal hay más bolivianas presas que de cualquier otra nacionalidad, incluida la chilena, lo que les significa sufrir menos episodios de discriminación de parte de otras internas. “Ellas conforman comunidades de connacionales”, afirma Gabriel Carrión, abogado de la Defensoría chilena.Otra ventaja es que en la región de Tarapacá, la Defensoría creó una unidad especializada en la defensa indígena, lo que permite contar con intérpretes en algunos casos en que las mujeres imputadas no hablan español.Gabriel Carrión explica que su organismo debió contratar un defensor especializado y una facilitadora intercultural, lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las causas y, sobre todo, que las mujeres accedan a información. “Es que por regla general la mujer boliviana cumple las reglas y la disciplina. Es de bajo perfil. Tanto así que a veces ni siquiera se dan cuenta de las vulneraciones”, advierte Carrión, quien también es boliviano.
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-Casi todos los días hay alguna detención – asegura el sargento Ramiro Ahumada, de la brigada de Carabineros encargada de la persecución del narcotráfico, el O.S.7. -En la madrugada siempre cae algo -agrega.El sargento Ahumada ha prestado sus últimos años de servicio en el control carretero en Huara, un pueblo rodeado de nada a 100 kilómetros de la frontera con Bolivia. Ahí se encarga de revisar los buses que bajan desde el altiplano.-Es experto en detectar a los que vienen con ovoides, los reconoce al tiro -dice el teniente Gustavo O’ Ryan, su superior jerárquico en el O.S.7, pero que parece más joven que el sargento Ahumada.-Es que vienen con señales que uno ya detecta con la práctica, obviamente no le puedo dar los detalles -dice el sargento con una leve sonrisa de orgullo.
Algunos rasgos característicos de una persona que lleva ovoides en su cuerpo son: sequedad en la boca y los ojos, producto de la deshidratación. Además de hinchazón en la barriga. Y nerviosismo.-Lo que da más pena es cuando las mujeres vienen con niños. A veces con guagüitas de ocho meses. Hay que decirle a una mujer carabinera que se quede con los niños mientras se hace el procedimiento. Los niños no tienen la culpa de lo que hacen los padres -dice el sargento.
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Cuando detuvieron a Elena la llevaron hasta un container, justo frente a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Iquique. Ahí estuvo dos noches, mientras evacuaba los ovoides.En el container debió estar sentada todo el tiempo en una banca. No había camillas donde recostarse. Le dieron agua y sopas. Nada sólido. De esa forma se evita que los ovoides salgan muy sucios.-No es sólo desagradable para los detenidos estar ahí -dice un policía -Hay que sacar los ovoides con guantes de la bacinica y lavarlos. El olor dentro, sobre todo cuando hace mucho calor, es desesperante -describe.Mientras estuvo en el container, Elena vio pasar a otros cuatro detenidos por ahí. Tres hombres y una mujer. Todos ellos bolivianos.Después de que evacuó el último ovoide, le dijeron que tenía derecho a avisar al consulado boliviano de su situación para que éste, a su vez, avisara a su familia en Bolivia. Como la mayoría de las ciudadanas bolivianas que son detenidas en Chile, Elena prefirió que no. Durante los meses que estuvo en la cárcel en Chile, no habló por teléfono con ellos ni recibió visitas.-Yo pedí al consulado que no avisaran. Ellos van a querer venir, yo sé que no tienen plata para venir acá y esa plata sirve para mis hijos o mi hermano.Elena no tuvo noticias de su familia, excepto por una.-Me llegó una carta de Bolivia, que una señora me la trajo. Yo le mandé una carta a su hija, su hija habló con mi hermana y mi hermana me mandó la carta y me mandó plata. Es mi hermana mayor. En la carta decía que mi hermano menor, el de la enfermedad, falleció. Ahí me enteré que mis hijos estaban con ella y mi otro hermano también. Mi hermano pequeño, que era como mi hijo, falleció el 2 de julio.
Después de tomar el sorbo desde el envase de yogurt, Celia Casorla respiró más tranquila. Hasta que unos asientos más atrás los policías descubrieron a un hombre boliviano con droga. Una policía volvió a sospechar de ella y la hicieron bajar del bus.-¿Qué lleva ahí?-Yo creo que ya sabe qué es.-¿Sabía que por esto va a ir detenida?-Sí ya sé.
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“Siempre digo: ‘Yo iba a pasar’”, exclama Celia Casorla al recordar el día que la detuvieron en el control carretero de La Negra, a la salida sur de la ciudad de Antofagasta, el 10 de diciembre de 2017.Sobre la garita de La Negra, dice que la mayoría de sus compañeras en la cárcel cayó ahí mismo. “Dan ganas de quemar ese lugar”, recalca entre risas.La cárcel femenina de Antofagasta -donde Celia pasa sus días desde que la atraparon- es un exconvento que aún tiene una figura de la virgen en el hall de la entrada. Su patio interior mide 12 metros de largo por 6 de ancho. Las mujeres visten chalecos y polainas de lana. Conversan. Unas ríen. “Sáqueme una foto, quiero salir en la tele”. Una se seca las lágrimas en una esquina, mientras una amiga la consuela. Algunas tejen. Otras están en círculo escuchando a un hombre de unos 50 años que tiene una biblia en la mano.El patio es húmedo, frío, estrecho, rodeado de alambres de púas, pero está pintado de rosado.Detrás del patio están las ventanas de las celdas. En los barrotes cuelgan poleras, calzones y sostenes. “El espacio para colgar ropa es muy pequeño, así que la ropa interior la cuelgan ahí”, explica una gendarme. Además, en esas ventanas llega mejor el calor del sol.Las sillas del patio son iguales a las de cualquier escuela pública. Uno de los respaldos de las bancas tiene este mensaje: “Patio Bolivia”. La frase fue escrita con plumón negro. Después de las chilenas, las bolivianas son la nacionalidad más común en esta cárcel.“Somos 20 bolivianas aquí”, comparte el número exacto Celia.A ella la descubrieron porque el auxiliar del bus en que viajaba alertó a los carabineros de La Negra que un pasajero, que estaba sentado más atrás que ella, olía a excremento. El viajero había expulsado ovoides en el baño del bus y se los guardó. Sospecharon de Celia porque tenía una botella de yogurt de la misma marca que la del pasajero descubierto.-Algún día me voy a encontrar con el muchacho y le voy a decir: “Por qué no te limpiaste bien el culo, yo estuve en la cárcel”.
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Maribel, de 25 años, fue detenida en Santiago el 24 de julio de 2017 y 12 meses después fue puesta en la frontera, expulsada de Chile y con orden de no ingresar a ese país en un plazo no menor a 10 años. Es de Potosí, una de las zonas más altas de Bolivia -a 4.067 metros sobre el nivel del mar- pero confiesa que, al llegar a la frontera, a 3.695 metros sobre el nivel del mar, después de estar tanto tiempo en Santiago, se sintió un poco mal.
La llevaron en un jeep de la Policía de Investigaciones, acompañada de cuatro agentes.De Chile no se lleva buenos recuerdos. Dice que en la cárcel donde estuvo, el trato no era bueno y no estaba acostumbrada a la comida. Asegura que el viaje a Chile lo hizo para juntar dinero y estudiar ingeniería en la universidad. Le ofrecieron 1.500 dólares. “Sí, estoy arrepentida”, dice lacónica y con una breve sonrisa muy tímida.
Junto a ella, está Carmen, de 27 años, quien fue expulsada el mismo día. En su caso asegura que la cesantía la llevó a aceptar transportar la droga. “Tengo tres hijos, llevaba un año sin trabajo, en Chile había trabajado en la fruta, en Melipilla. Me ofrecieron llevar a Santiago y me darían 1.500 dólares. Eso son como seis meses de sueldo en Bolivia”.Ambas no se conocían en Potosí, pero hicieron el viaje juntas y fueron atrapadas en el mismo hospedaje de Santiago, mientras estaban evacuando. En ese procedimiento también cayó preso un chileno, quien era el encargado de recibir la droga y pagarles.
El chileno estuvo seis meses en prisión y salió a la calle, con libertad vigilada, mientras que las jóvenes bolivianas estuvieron el doble de tiempo en la cárcel.Maribel y Carmen fueron expulsadas el 1 de julio de 2018. Esa misma semana el gobierno chileno anunció la aceleración de los procedimientos de expulsión de extranjeros infractores de ley. Las imágenes en la televisión mostraron cómo por el mismo paso fronterizo de Colchane-Pisiga, fueron expulsados cientos de bolivianos que llegaron en buses procedentes de distintas cárceles de Chile. La causa de su encarcelamiento era la misma: tragones o mulas.
Según el Ministerio del Interior de Chile, entre 2013 y 2017 fueron expulsados 6.185 extranjeros.Esta lista la encabeza Bolivia con 3.070 deportados. Le sigue Perú, con 1.214, y Colombia, con 1.174.
Aunque más del 90% de los casos las condenadas bolivianas por narcotráfico son expulsadas de Chile, y así ese país se ahorra los más de mil dólares mensuales que cuesta al Estado mantener un preso, Elena está preocupada porque su juicio aún no se realiza. Es julio y ya ha pasado casi medio año desde que fue detenida.Según ella, al magistrado que vio su caso no le gusta dar expulsiones antes de que la detenida pase por lo menos seis meses en la cárcel.-El tribunal dijo que yo tengo que cumplir los seis meses, y que él no aceptaba un (juicio) abreviado antes de los seis meses. Eso entendí porque ahí hablan muy rápido y no se entiende. No puedo decir nada, no tengo opinión de nada ahí, nos traen de vuelta aquí a la cárcel, al hogar, dulce hogar, le decimos.Un abogado defensor comenta que algunos jueces están actuando así porque consideran que si a los transportadores de drogas se les expulsa muy rápido “no aprenden la lección”.-Pero yo no lo volvería hacer por nada. Porque yo necesito estar con mis hijos. Yo sé que ellos son chiquitos y todo lo que he hecho, y me arrepiento mucho de cometer este ilícito, por traer aquí todo eso, era por necesidad -dice Elena.Durante esta investigación se revisaron 325 sentencias de mujeres bolivianas condenadas por narcotráfico en cárceles del norte chileno. En el 98% de los casos ellas nunca antes habían cometido un delito, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en ningún otro país, tal como Elena.
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Celia Casorla después de admitir responsabilidad y cooperar con la investigación, fue condenada en juicio abreviado a cinco años de prisión, pero su condena fue conmutada por la expulsión.Una fría mañana de agosto, algo extraña para una ciudad desértica como Antofagasta, pocas semanas antes de que la expulsión se cumpliera y fuera llevada a la frontera en un bus, Celia relató su historia para este reportaje. Fue la única que quiso hacerlo mostrando su rostro. “Esto puede servir a otras mujeres para que no les pase los mismo”, dijo.-¿Tu familia sabe que estás acá?-Sí, me da miedo…-¿Por qué?-Yo tengo más miedo a mis hermanos, porque nos hemos criado nosotros no más, solo mi mamá y mis hermanos. Mi mamá lloró harto cuando yo estuve acá. Vino dos veces. La primera que vino llegó tranquila. La segunda que vino quisieron asaltarla. Si yo no hubiera estado aquí, mi mamá no iba a correr nada de eso. Qué tal que por venirme a ver a mí le hubieran hecho daño. ¿Y la conciencia?-¿Tus hijos saben que estás acá?-No.-¿Cómo vas a enfrentar eso, cómo se lo vas a contar?
-Tengo guardado algunos papeles de la abogada, algo que diga que sí estuve, aunque sea para mis hijos. Porque quiero ir a pelearlos, esta vez quiero pelearle al papá de mis hijos, por lo menos a salir con mis hijos. Porque son mis hijos, quiero estar con ellos, su infancia me la estoy perdiendo. La adolescencia no es lo mismo. Cuando son niños te dan besos, abrazos, sin vergüenza, y cuando grandes lo primero que van a decir es: “¿Por qué me vienes a pedir ahora, si cuando era niño ni siquiera estabas?”- ¿Qué será lo primero que harás cuando llegues a Bolivia?-Abrazar a mi mamá y pedirle perdón por haberle dado preocupación y después ir a ver a mis hijos y explicarles el por qué no he aparecido, por qué no he llevado material escolar, por qué no estuve en sus cumpleaños… explicar.
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Elena está parada a los pies de una tumba en un cementerio del Chapare, Bolivia. Es el mediodía de un caluroso día de octubre. Se abanica con las manos. El viento ha dejado de soplar y el bochorno hace que una gota de sudor le surque la frente, luego otra y otra.Un 13 de septiembre fue dejada en la frontera con el compromiso de que no vuelva a poner un pie en Chile en 10 años. Después de someterse al control en Migración en Bolivia, de que revisaran si tenía o no antecedentes en su país, quedó en libertad. Lo primero que quería era volver a casa, abrazar a sus hijos, recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo. No tenía un peso en el bolsillo.Telefoneó a un familiar para que le prestara dinero para el pasaje y así tomó el primer bus a Cochabamba. Llegó de noche. Hacía frío y tenía hambre, pero no tenía dinero. Se quedó en la terminal. Al día siguiente su hermana, la que había cuidado a sus hijos, llegó a su rescate.La última entrevista para esta investigación la da junto a la tumba de su hermano, Lázaro, quien falleció cuando ella estaba en la cárcel de Alto Hospicio y por quien hizo ese viaje a Chile cargando droga.El panteón está alejado del pueblo. Mejor así, Elena quiere pasar inadvertida, que los vecinos no se enteren de que está hablando con periodistas.Los siete meses y 15 días de reclusión en Chile le han marcado un profundo abismo. Sus hijos, pese a su corta edad, la ven como a una extraña. Le llaman mamá a su hermana.-Cuando llega mi hermana corren a su encuentro, la abrazan. Eso me duele. Tengo que recuperarlos. Estoy buscando trabajando.Sabe que ‘aquel viaje’ no sirvió para nada. No pudo despedir a Lázaro, sus hijos están distantes y quedó con recuerdos que quisiera olvidar, pero no puede.Tiene muy presentes dos escenas: la primera, cuando la detuvieron.“Ya llegó otra narcoburra”, le dijo una agente de Carabineros.Esa sería la primera vez, pero no la última en la que se referirían a ella con ese término.- “¿Ustedes creen que Chile es como su país? ¿corrupto? Aquí no somos así, de aquí no saldrás libre”, me dijeron. Me sentía mal. Estaba sola, sin ninguna visita, mi familia no podía, no tenía dinero.Elena ahora traslada sus pensamientos a la cárcel de Iquique.- ¡Uhhhh! Está llena de bolivianas. Hay de todas las edades, pero en su mayoría son jóvenes. Hay quienes no hablan español, solo quechua. Hay también mujeres de pollera. Es duro.La segunda escena que recuerda está relacionada con los primeros días su detención. Estaba en el container afuera del Hospital de Iquique, donde Chile recibe a las ‘tragonas’ para que expulsen la droga.-La policía nos llevó a los que estábamos allí a una sala del hospital para que veamos a un hombre que se estaba muriendo porque se le habían reventado (las cápsulas) en su estómago.-Quería -continúa relatando Elena- que veamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Nos decía que, si a nosotros no nos importaba nuestra vida, a ellos sí.A su vuelta al Chapare, Elena hizo algo que no sabe explicar bien por qué. Fue a buscar al hombre que la metió en el lío. Quería que le reconociera, en dinero, el tiempo que estuvo encarcelada, pero no encontró nada más que la noticia de su desaparición desde ya hace tres meses.
CAPÍTULO III
EL VÍA CRUCIS DE LAS TRAGONAS
El container que recibe a las tragonas
Cuando la ingresaron al container del Hospital de Iquique, Flor de 36 años, aún tenía en el interior de su cuerpo 87 ovoides de cocaína. Otros diez los ocultó en la correa del pantalón.
Como a la gran mayoría de los tragadores, a Flor la descubrieron en un bus con destino a Santiago de Chile. Le ordenaron trasladar 1 kilo 163 gramos a cambio de mil dólares que nunca recibió.
En el container, Flor fue sentada frente a un oficial del O.S.7, la unidad de Carabineros encargada de perseguir el narcotráfico.
-Lo hice para pagar una deuda -explicó, con el rostro compungido y cansado, sobre los motivos que la llevaron a aceptar el ofrecimiento de tragar los ovoides.Del container, Flor fue trasladada al interior del hospital para que le tomaran un radiografía. Después la regresaron a la misma caja metálica. Siempre con esposas en las manos.
El módulo tiene tres piezas. En un extremo está la oficina de los policías. Al otro extremo está el cubículo donde sientan a los detenidos y donde Flor fue llevada después que le tomaran sus datos. Esa sección mide 3,4 metros cuadrados y tiene siete sillas de plástico contra la pared, además hay un pasamanos de fierro al cual se esposan los detenidos.
Separando ambas salas, está el baño al que los tragadores son llevados cada vez que necesitan evacuar la droga. El sanitario es para los detenidos de ambos sexos, tiene un inodoro deshabilitado, una bacinica metálica en la cual los detenidos deben hacer sus necesidades, un lavamanos, jabón, cloro y una ventana muy pequeña con nueve barrotes.
Después de que expulsan algún ovoide, un policía debe colocarse guantes de goma en sus manos y una mascarilla, ingresar al baño, recoger los ovoides desde la bacinica y colocarlos en una bolsa. Con este protocolo el material expulsado se transforma en evidencia.-Se lavan los ovoides uno por uno porque vienen con excremento. Se usa alcohol gel, jabón y otros productos de limpieza necesarios para que queden lo más limpios posible -dice el teniente Gustavo O’Ryan del O.S.7.-El procedimiento -agrega- se repite luego de cada evacuación, si pasan 10 veces, 10 veces tenemos que hacerlo.
Ya limpios, se extrae una muestra para confirmar que lo que contienen es droga, “después quedan sellados (en bolsas herméticas) para ser entregados (en un plazo de 24 horas) al Servicio de Salud”, dice O’Ryan. Esas son las pruebas clave de una investigación de la Fiscalía que recién comienza y dura 120 días. Mientras tanto, los detenidos son encarcelados, así como Flor, en el centro penitenciario de Alto Hospicio, ubicado en la periferia de la ciudad, a 20 minutos de Iquique.
Es difícil encontrar el container sin ocupantes. Durante 2017, hubo 535 detenidos que fueron llevados hasta esa estructura. En un día, incluso, el contenedor ha sido ocupado por alrededor de 20 personas, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo que moverse y dar más de tres pasos es un reto para los policías y tragones.
La estadía máxima ahí es de cinco días. Si al quinto día el detenido no ha evacuado todos los ovoides, deberá seguir con la expulsión en un baño custodiado por Gendarmería, encargada de la seguridad en las cárceles de Chile. También existe la posibilidad de la cirugía si es que las radiografías notan alguna anormalidad.
Un día antes de abandonar el container, Flor temió por su salud porque un hombre aún con droga en su estómago tenía varicela. “Presentaba elevadas temperaturas y malestar corporal, de hecho, el funcionario policial que nos recibió nos advirtió (de la posible enfermedad)”, recuerda la abogada de la Defensoría Penal Pública Marcela Tapia, quien visitó ese día a la ciudadana boliviana.
El capitán Raúl Soto, quien también acudió al contenedor ese día, dice que el médico que examinó al enfermo, confirmó lo que se temía. “Sí tenía varicela y fue aislado en el hospital”. La situación, eso sí, solo causó temor porque nadie más se contagió.
Tras un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por “condiciones muy precarias” en el contenedor, la Corte de Apelaciones de Iquique, el seis de noviembre de 2017, ordenó al Servicio de Salud y al hospital “adoptar medidas que permitan otorgar un trato digno mientras permanecen en el módulo, en términos que pueda garantizarse buenas instalaciones para su detención, permitiendo separación por sexo y edad, y asegurar buenas condiciones sanitarias, de higiene y camas, que eviten la situación que hoy existe”, establece el fallo. En 15 días debían cumplir con lo impuesto.
Según la policía, cumplieron con la separación por género en que las mujeres y los adolescentes las ubicaron en la oficina de los carabineros y detectives, donde hay cinco sillas para los tragadores. Los hombres siguieron sentados y esposados a un pasamano en el espacio de 3,4 metros cuadrados pegado al baño. Sin embargo, no se instalaron camas y sigue la espera de día y noche en asientos de plástico.
“Los portadores de ovoides no tienen la calidad de pacientes hospitalizados, y en el caso de que debamos otorgarles la calidad de pacientes hospitalizados sería necesario construir un nuevo servicio clínico, también contratar recursos humanos suficientes y adquirir equipamiento, con recursos que no contamos, para albergarlos y no dejar al resto de la población desprovista de atención”, es parte de la respuesta al tribunal de la directora del Servicio de Salud de entonces, María Vera, por no haber cumplido cabalmente con la orden de entregar un “trato digno”.
En septiembre de este año, tratando de cumplir con lo ordenado por el tribunal, instalaron un nuevo módulo para los tragadores, “cuya obra implica un crecimiento en 100% de lo que ya existe”, dice el subdirector médico del hospital, Francisco Donoso. La ampliación, agrega, consiste en un piso de iguales características a las del primer container. “Esto permitirá tener áreas separadas para hombres y mujeres”.
Por su parte, el subdirector de Operaciones del hospital, Patricio Maturana, asegura que en este nuevo piso se instalarán tres camarotes con seis camas pequeñas: “Son los que usan los militares”. El capitán Soto, en cambio, duda que eso pueda concretarse por la falta de espacio. “Más bien es una réplica del primero y servirá para que no estén muy apretados”.
La ampliación se habilitó este mes, siete meses después de que iniciara la investigación para este reportaje.
Lorena de Ferrari, directora regional del INDH considera que aunque la ampliación es un avance, no se puede asegurar que esta vez sí se entregará un buen trato a las personas detenidas en esos módulos. “Antes no tenían ni una frazada para dormir (…) Ahora hay que esperar en qué condiciones quedará el lugar”, cuestiona.