Estado de desgobierno


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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Pacto contra la inflación

  2. El Día: La moda en tiempos del ‘cambio’

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: San Evo

  5. El Día: Patadas de ahogado

  6. Los Tiempos: Estado de desgobierno

  7. El Deber: El drama del gas

  8. Cambio: Cinco desafíos estratégicos

  9. La Prensa: Aprovechar la coyuntura

  10. El Diario: Deudas hacen insostenible la economía del Estado

  11. El Mundo: Bajo control

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: La independencia de la Justicia, un pilar político clave


El Día: Pacto contra la inflación



Economía en línea.

Una vez más las llamas de la inflación queman los bolsillos de la gente. No es un buen comienzo de año, especialmente ahora que se negocian incrementos salariales. La Central Obrera Boliviana tiene una posición maximalista extrema, quiere el cielo por asalto: Bs 8 mil de canasta familiar. Dice el refrán que si siembras vientos de cambio en los papeles y discursos, ofreciendo la felicidad económica instantánea,  puedes cosechar tempestades. El hechizo económico de la propaganda oficialista, cuyo ícono es la friolera de 10 mil millones de dólares de reservas internacionales, se vuelve contra el aprendiz de mago. Si hay tanto dinero por qué no se puede aumentar más el salario, reclaman los pobres. El gobierno insiste que esta elevación de precios es una conspiración internacional, acusa a los especuladores, a empresarios traidores y otras alimañas, como los analistas. Pide perdón por el pecado capital del gasolinazo. Tarde llega el arrepentimiento, la geografía de precios está totalmente desorganizada. Ni las causas que crearon el fuego de la inflación ni los elementos que ayudaron a su propagación están siendo atacados con pertinencia.

A estas alturas del campeonato sabemos que los precios de los alimentos en el mundo aumentaron, estamos importando inflación y que los saltos de algunos precios se originan en los desastres naturales y en gruesos errores del gobierno. Pero también en la coyuntura actual, ha revivido con fuerza el conflicto distributivo de la mano de la decepción de la gente con las políticas públicas gubernamentales. La pugna por la renta es un viejo mecanismo que amplifica y propaga el fuego de la inflación. Un economista estructuralista, Lance Taylor decía: “La inflación es un indicio de que la economía capitalista está intentando barrer por debajo de la alfombra, el conflicto de clases por la distribución del producto”.

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En efecto, la inflación persiste debido al comportamiento de las expectativas inflacionarias de la gente y porque se activó una corrida de reajuste de salarios, aumento de costos y subida de precios. Las causas de que la inflación siga elevada, ahora, son las pugnas distributivas, todos quieren defenderse del aumento de precios, pidiendo aumento de salarios.

A medida que el proceso inflacionario se desencadena va gestando, en el comportamiento de los agentes económicos,  una mentalidad inflacionaria, que se traduce en la incorporación de mecanismos defensivos y especulativos, en los individuos y las empresas, a la hora de formar y fijar precios. Aquellos que tienen algún poder de mercado se defienden o aprovechan mejor, los que actúan en mercados competitivos tiene menor margen de defensa. Este comportamiento de los agentes económicos reduce significativamente los códigos informativos del sistema de precios (cambios en las condiciones de producción, incrementos de productividad, perfil de preferencias de los consumidores y escasez o abundancia en la red de mercados).  Es decir, que en este contexto, consumidores y productores, no distinguen entre alteraciones de los precios relativos, que pueden ser beneficiosos al sistema y cambios en la tasa de inflación que se come los ingresos y nubla los sentidos de la economía.  ¿Qué hacer frente a este problema? Pues, políticas de ingreso concertadas y mecanismos institucionalizados de negociación.  Esta perspectiva, parte de la idea de que la inflación es resultado de un juego no cooperativo (pugna distributiva) entre los diversos agentes económicos, que luchan por apropiarse de una mayor parte del producto. Bajo estas condiciones, políticas de estabilización podrían ser implementadas coordinando las acciones estratégicas de los agentes formadores de precios y fijadores de salarios bajo el comando del Estado. Esto significa que la reducción de la inflación debe ser percibida, por la medida de agentes económicos, como dando origen a un bien público. La inflación es una situación de pérdida (vía impuesto inflación) para todos y si así es percibida, la mayoría de las empresas y trabajadores desearan salir de esta circunstancia pagando el menor costo posible,  sin embargo, nadie lo hará temiendo que los demás no lo hagan.  Si el promedio de los agentes económicos opta por la actitud de esperar y mirar qué hace el otro, el clima inflacionario se complicará. En general, las políticas de concertación de ingresos se viabilizan a través de pactos sociales y económicos amplios entre los sindicatos, empresarios, juntas de vecinos y el Estado donde este último desempeña el papel de  facilitador, promotor y garante del pacto. La otra condición es la creación de mecanismos de negociación colectiva institucionalizados y con un horizonte de largo plazo.  
 
Los individuos o empresas, actuando aisladamente, a merced del mercado difícilmente podrían llegar a una coordinación estratégica efectiva y equitativa, por eso la necesidad de una tarea doble del gobierno;  garantizar los márgenes de credibilidad de la política económica y armonizar las expectativas y las acciones de los decisores de precios y salarios. Éste es el camino para lograr un pacto contra la inflación. Dejar que el mercado resuelva el conflicto distributivo es volver al neoliberalismo.
 

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El Día: La moda en tiempos del ‘cambio’

Línea de Fuego

Desde aquel día revolucionario cuando en La Paz los masistas callejeros, enajenados por su poder, la emprendieron a tijeretazos contra las corbatas de los pobres empleados públicos y contra pacíficos transeúntes que caminaban por El Prado, se produjo un cambio del vestir en nuestro país. No cambió la mentalidad de los bolivianos, no nos hicimos más revolucionarios, tampoco aprendimos nada útil, nos hicimos más malatrazas.

Las revoluciones siempre desean dejar una impronta de su paso por la Historia. Con mayor razón cuando se trata de revoluciones sin otro contenido dialéctico que la repetición de eslóganes caducos y sin originalidad. Así pues, en La Paz, desesperados por mostrar su repudio a la burguesía, algunos exaltados decidieron cortar las corbatas de desprevenidos ciudadanos y a falta de tijeras (no todos llevan tijeras en sus bolsillos) decidieron arrancárselas a viva fuerza o de ahorcarlos en su desesperado propósito. Resultado: dejó de ser insustituible usar corbata en La Paz.

Durante la Revolución francesa impusieron la moda los llamados “sans-culottes” (sin calzones) que reemplazaron las calzas ajustadas hasta media pantorrilla de la burguesía y la nobleza, por toscos pantalones largos. Eran los descontentos del Tercer Estado que habían encontrado una forma de protesta e irrespeto a través del vestir. Como vemos en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, donde asombra la atrocidad en los ropajes, así los “sans-culottes” se presentaban con sus desfachatados pantalones largos en la Asamblea Nacional. Tenían que diferenciarse de los que estaban a punto de sentir en la nuca el frío del acero degollador.

A lo largo de la Historia los movimientos sociales revolucionarios han mostrado distintas facetas en su atuendo, como los cuellos cerrados y gorritas tipo Mao, en ese hormiguero de millones de ojitos oblicuos uniformados del mismo color. O los uniformes verde-olivo y las boinas de la revolución cubana, de los barbados fumadores de Sierra Maestra, a quienes acabaron imitándolos hasta los que ni habían disparado un tiro. Ni qué decir de los más próximos “descamisados” de Perón, los “grasas”, que encarnaban como en el actual caso boliviano, un verdadero oprobio contra las buenas costumbres. O los farsantes zurdos franceses del ’68 –tipo Regis Debray– que no aflojaban la chaqueta de “panne” –pana como decimos nosotros– y  que el zurderío boliviano también adoptó. Además, los señoritos europeos rojillos usaban el cabello largo, algo descuidado, provocador, aunque no como las crines chúcaras e indómitas que vemos por estos lares, donde lo intencionalmente desaliñado en Montmartre se ve como lomo de oso hormiguero en la plaza Murillo.

¿Y qué de las mujeres? Las francesas, comerciantes o artesanas, usaron el vestido largo, zuecos, y el gorrito de tela, en épocas de la Revolución. En China no había nada qué hacer para las chinitas sino vestir como los chinos. Se diferenciaban hombres de mujeres sólo por el tono de voz y a veces por la estatura. De las cubanas, tan bellas, sólo sabemos que llevan unos pantaloncillos cortísimos que provocan aullidos y que con eso ahorran en género, cierres y botones, escasos en la Isla. Las argentinas usaron el moño tipo Evita e imitaron sus gesto. No recordamos cómo lucían las intelectuales francesas del ’68, pero, seguro, fumadoras de Gauloises, lectoras de la Beauvoir, y aplicadas en arrebatarles el saco de pana a sus compañeros de lucha para satisfacerlos en el lecho. En Bolivia las mujeres han sido siempre más conservadoras y las cholitas siguen igual, masistas o no. Ni han subido el doblez de sus polleras ni tampoco han bajado en un centímetro sus escotes. Eso en occidente, porque ya sabemos que en el oriente, con revolución o sin ella, manda la poca tela en la ropa y la mucha suela en los zapatos.

S.E., que apareció durante las primeras semanas con su chompita a rayas colorinches y así se presentó ante el Rey de España, ha mejorado hace rato. Dejó la chompita y embromó a todos los lambiscones que se habían comprado otras iguales para imitarlo. Hoy viste chaquetas caras con telas de finísima alpaca, creación de Beatriz Canedo, y eso lo hace parecer un mariscal afgano. El Canciller también ha mejorado con las creaciones de Beatriz, pero creemos que hasta ahí debería llegar la cosa. Que no todos se quieran vestir como S.E. porque si no van a terminar de desprestigiar al proceso de “cambio” y a la modista. El resto que se quede nomás como le gusta: estilacho camionero, es decir, chamarra, chompa debajo, jeans, y “kits”. Así se van al Congreso y así concurren a las embajadas. ¡Vivan los descorbatados, carajo! El único elegante es el Vicepresidente. Sacos de marca, buenas camisas, corbatas de seda, pantalones bien planchados, y calzado fino. Él sí tiene cabellera al estilo zurdo-francés. ¿Será ése el motivo para que esté por los suelos en todas las encuestas? No vemos otra razón para que lo envíen al panteón del MAS, porque él se declara jacobino rabioso, amaría aterrorizar con la guillotina, no le hace ascos a su pasado guerrillero, pero la plebe no le cree, lo huele a burgués. ¡Qué gente la nuestra! ¡Se fija en todo! ¡Ama la moda del “cambio”!.

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El Día: Bolítica

De la manera más afectuosa y respetuosa pedimos a nuestra hermana (Cámara de Diputados de Paraguay) en el marco del más absoluto respeto, reflexione sobre la profundidad, la importancia que el tema tiene para el pueblo boliviano".

Héctor Arce
Pdte  cámara de diputados de Bolivia


Se dice que: El Presidente de la Cámara de Diputados rechazó el reclamo del Congreso Paraguayo por las declaraciones de Evo Morales en las que trató al Paraguay de ‘cómplice de la corrupción’ por dar refugio a Cossío".


Sus palabras fueron inoportunas o desacertadas. Palabras más, palabras menos, dijo que en Paraguay somos todos unos corruptos por haber concedido el refugio a Cossío".

Carlos Soler
DIPUTADO PARAGUAYO

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El Día: San Evo

Bajo el Penoco

El único golpe que se ha producido últimamente en el país ha sido el “gasolinazo” y sus respectivas réplicas, el “azucarazo”, el “tarifazo” y lógicamente los trabajadores están buscando también su “salariazo”. El presidente Morales está muy asustado y obviamente, no sabe qué hacer ni qué decir y habla otra vez de que lo quieren tumbar. El otro día hizo las veces de cura de iglesia en el Palacio Quemado, con Álvaro García Linera de sacristán y un grupo de campesinos orureños de feligreses y entre todos asistieron a una suerte de última cena en la que Evo Morales habló de su muerte (“ni muerto me van a sacar del Palacio”), el vicepresidente pidió rezar por el jefazo y por último dijo que el lugar de nacimiento de Evo Morales es sagrado.  Según él, el agua, el aire, los cerros y la lluvia de Orinoca parieron a un líder universal (faltó el Espíritu Santo y la Virgen María) y sin “el Evo” habrá que esperar cien años y tal vez más para que nazca otro ser semejante a él. Que se cuiden todos aquellos que están despotricando contra el Gobierno, que pronto van a ser declarados “sacrílegos”.

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El Día: Patadas de ahogado

Qué es lo que pretende el Gobierno con el sorpresivo traslado del ex prefecto de Pando a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro? Durante los últimos dos años y medio, el régimen de Evo Morales ha sometido a Leopoldo Fernández a un ignominioso zarandeo jurídico, más que nada, para jactarse del inmenso poder que ha acumulado y que le permite hacer y deshacer con las leyes y los tribunales de justicia.

Más que una cortina de humo para esconder los graves problemas sociales y económicos que enfrenta el país, el Gobierno parece estar buscando cómo hurgar el hormiguero y al mismo tiempo hacer una demostración de fuerza, mientras que las encuestas continúan registrando la caída libre de la imagen presidencial.

Apelar a un artilugio mediático como éste resulta patético en las circunstancias que vive la ciudadanía boliviana, aquejada por serios problemas de abastecimiento, desastres naturales, la amenaza del dengue y el acecho de los transportistas. Hoy más que nunca, la gente necesita un gobierno con capacidad de gestionar soluciones, articular recursos y voluntades dirigidos a enfrentar amenazas como la crisis alimentaria y la hecatombe energética que se avecina por la falta de inversiones. Los aventureros que maquinan este tipo de estrategias fracasaron no hace mucho al tratar de revivir el caso Rózsa a través del show de “El Viejo”, payasada que no hizo más que acelerar la pérdida de credibilidad en el “proceso de cambio”.

La desesperación por levantar la imagen del presidente Morales es tal que ya no importa caer en el ridículo, aspecto al que ya nos tenía acostumbrados este régimen, rico en supercherías y simbolismos cósmicos y carente de capacidades técnicas y administrativas para resolver  temas tan básicos como la distribución de azúcar. El pasado jueves, mientras la población digería un reciente sondeo realizado por la radio Fides en La Paz, donde el mismo 80 por ciento que votó por Evo Morales hace un año, es el que hoy rechaza las posibilidades de su reelección, un puñado de campesinos orureños se presentaba en el Palacio de Quemado para entregarle un bastón de mando al presidente y el segundo de a bordo, Álvaro García Linera (el más sacudido por las encuestas), declaraba sagrado el lugar de nacimiento del Primer Mandatario, quien fue incapaz de esconder el sentimiento que lo embarga. “De aquí sólo me sacarán muerto”, fueron las palabras del jefe de Estado, casi calcadas de las que ha pronunciando el líder libio Muammar Gaddafi.

Está claro que ya no dan resultado las tácticas mediáticas y los artilugios caotizadores que usó este Gobierno durante los últimos cinco años para generar en una parte de la población la sensación de cambio. La politiquería en tiempos de crisis resulta insulsa. Toda esa paranoia que ve conspiración golpista en cada esquina está por demás. Los problemas de los bolivianos, localizados en las partes más sensibles del cuerpo (el estómago y el bolsillo) necesitan de gobernantes sinceros, capaces de reconocer errores, pero también de corregir; con habilidades para gestionar, elaborar proyectos y ejecutarlos; que reconozcan en la política una herramienta para mejorar la calidad de la vida de la gente y no un medio de vida de un grupo arribista que en su afán, está llevando a la destrucción a todo un país.
 

Hoy más que nunca, la gente necesita un gobierno con capacidad de gestionar soluciones, dirigidos a paliar amenazas como la crisis alimentaria y la hecatombe energética que se avecina. Los que maquinan este tipo de estrategias fracasaron al tratar de revivir el caso Rózsa a través del show de “El Viejo”, payasada que no hizo más que acelerar la pérdida de credibilidad en el “proceso de cambio”.

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Los Tiempos: Estado de desgobierno

NUESTRA PALABRA

Las abundantes muestras de improvisación y violencia estatal, al parecer, pretenden tapar el estado de desgobierno en el que nos encontramos

Desde la decisión de incrementar el precio de los hidrocarburos a fines del año pasado para revertirla unos días después, el país ha ingresado en una etapa de desgobierno; es decir, una situación en la que hay "desorden, desconcierto, falta de gobierno".

Así sucede con los precios de los productos alimenticios, que se incrementan sin que se atine a enfrentar la escalada alcista de manera racional; más bien, las autoridades adoptan decisiones que ahondan el problema. O con las tarifas del transporte, área en el que los choferes las han subido para después bajarlas a condición de una negociación tripartita que no se concretó, por lo que las han vuelto a subir -aunque en menor proporción– habiendo dado antes, en Cochabamba, una prueba contundente de su poder, mientras el Gobierno mostraba su incapacidad de hacer valer, democráticamente, su autoridad.

También el campo de las relaciones internacionales está a la deriva y muestra síntomas de desgobierno por los recurrentes desatinos de varias autoridades del Estado, mientras el ministro del ramo se dedica a distribuir vituallas y elude asumir sus responsabilidades. Con Chile podríamos estar al borde del retorno a fojas cero por la sucesión de declaraciones improvisadas como exigir una respuesta escrita sobre la demanda marítima boliviana o que el Cónsul General en Chile anuncie su renuncia a un periódico de La Paz sin que el Canciller conozca esa decisión. Esas actitudes y la difusión de encuestas en las que la popularidad y confianza en los primeros mandatarios han caído mucho, han hecho que un matutino santiaguino afirme que en un encuentro entre el Presidente chileno y los jefes de los partidos con representación partidaria (oficialistas y opositores) para analizar la situación de las relaciones de Chile con sus vecinos, especialmente Bolivia, se dijo que "Morales se debilita como interlocutor (y) crece el riesgo de que agite en público la aspiración marítima. Algo que, creen en Chile, ya ha empezado a suceder".

Con Paraguay ha crecido la tensión debido a las impertinentes e irrespetuosas referencias de varios dignatarios bolivianos a esa nación por haber otorgado refugio político al suspendido gobernador de Tarija, a quien lo han acosado desde el ámbito judicial.

A lo anterior se suman peligrosas decisiones como remitir al Penal de Chonchocoro al ex Prefecto de Pando Leopoldo Fernández; prohibir a la militancia oficialista tener "dudas" sobre el proceso de cambio; acusar a los medios de comunicación, particularmente televisivos, de ser los causantes de la actual situación de desabastecimiento y elevación de precios, o, también, afirmar que Orinoca es un lugar "especial y sagrado" porque ahí ha nacido el Presidente del Estado o proponer la creación de un "mecanismo de consulta y de información para conocer los antecedentes de las personas que solicitan refugio político" en la  Comunidad Andina de Naciones.

Son, todas, muestras de improvisación y violencia estatal que, al parecer, pretenden tapar el estado de desgobierno en el que nos encontramos. Craso error porque lo que corresponde es gobernar en democracia, como ha sido el mandato del pueblo boliviano expresado en todas las elecciones que se han realizado desde diciembre de 2005 y que parecieran haber olvidado, por su obsesión totalizadora, las actuales autoridades.

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El Deber: El drama del gas

El informe sobre las reservas del gas que encomendó el Gobierno a la Ryder Scoot contiene datos de enero de 2010; fue entregado por la empresa en agosto pasado pero el Gobierno ha decidido mantenerlo en secreto.

Es decir, que los datos de este informe tienen un año y un mes de antigüedad. En estos trece meses la explotación ha sido intensa, como se puede observar en las estadísticas sobre las exportaciones, que han tenido plusmarcas.

Significa que el informe, por el que se pagó tres millones de dólares, está obsoleto, aunque se mantenga en secreto. Darlo a conocer ahora serviría solamente como un indicador de la situación que se presentaba en enero del año pasado.

En los últimos días, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, y el ministro de Hidrocarburos, Juan Carlos Gutiérrez, se han ‘pasado la pelota’ de la responsabilidad de entregar el informe a la opinión pública.

Lo que se sabe de las reservas, gracias a filtraciones del informe de la empresa, es que están por debajo de los 10 TCF. Según los expertos, las reservas medidas el año pasado eran de 8,35 TCF ó 9,50 TCF.

Medir lo que se ha consumido en este año sería fácil, si es que las autoridades pidieran los informes a las empresas productoras.

Quizá corresponda ahora ordenar una nueva certificación de las reservas, pero sería bueno que los resultados que ese estudio produzca sean comunicados a la opinión pública de manera oportuna.

Eso es importante para que los países vecinos que están comprando gas boliviano, o que tienen interés en comprarlo en el futuro, sepan a qué atenerse. Por el momento, la duda que ha sembrado el Gobierno al ocultar el informe ha creado mucha incertidumbre en los países vecinos y ha abierto la sospecha de que Bolivia ha dejado de ser una potencia gasífera en el Cono Sur.

Pero, además, el informe debería servir para que los usuarios bolivianos tengan confianza. En este momento, cuando se promociona el uso del gas natural en los motorizados, parece un grave error el dejar en duda la capacidad del país de producir gas natural para el consumo interno.

Por otro lado, la industria boliviana que usa gas natural tiene que hacer sus proyecciones de crecimiento, pero no podría hacerlas si está en duda la producción del combustible. Si tuvieran que usar otro combustible, los industriales tendrían que tomar previsiones.

Esta es, en suma, una información necesaria. No se la puede ocultar bajo ningún pretexto. Por lo demás, la ley ordena que YPFB haga conocer las cifras sobre las reservas todos los años. Es poco serio ocultar esta información, pero además es una violación de las leyes.

Si las reservas son muy escasas, habrá que tomar las medidas correspondientes, alentando las inversiones del sector. Si Bolivia ha de seguir viviendo de esos ingresos, es tonto no tomar previsiones para contar con el gas que se debe vender.

El Gobierno necesita aplicar criterios de seriedad en el manejo de la economía, pero sobre todo cuando se trata de un sector vital, como es el gas.

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Cambio: Cinco desafíos estratégicos

Una reunión entre el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado y dirigentes del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) asumió la ejecución de una estrategia de cinco pilares: apuntalar la seguridad alimentaria, endurecer el combate contra el narcotráfico, la corrupción y el contrabando, y la ejecución de políticas que garanticen la explotación y provisión de carburantes en el mercado interno. Pero para alcanzar estos objetivos, de alcance y necesidad nacional, es necesario la participación de las gobernaciones, municipios, productores y de todas las entidades involucradas en el aparato productivo del Estado Plurinacional.

En esa reunión, dirigentes del oficialismo y autoridades nacionales, debatieron temas coyunturales y estructurales que forman parte de la agenda de prioridades que debe encarar el Poder Público a través de los órganos Ejecutivo y Legislativo, y de las administraciones públicas departamentales y regionales, porque la responsabilidad de impulsar el desarrollo de la patria es una tarea común de todos los segmentos de la población.

Sin embargo, la consolidación de la seguridad alimentaria no sólo pasa por la inversión pública y privada en la producción de alimentos sino, como concluyó la reunión del MAS y del Gobierno, por la aprobación de normas legales que recojan las características productivas de cada uno de los pisos ecológicos de nuestro territorio.

Esto permitirá que los bolivianos tengamos el acceso en forma oportuna y permanente a los alimentos que necesitamos, en cantidad y calidad para nuestro consumo y utilización biológica, y exportar el excedente a los mercados internacionales. Sólo de esta manera edificaremos un estado de bienestar que coadyuve el desarrollo humano.

Es que con la implementación de políticas de fomento e inversión de recursos en el sector productor de alimentos, tanto estatal como privado —entendido como los micro, pequeños, medianos y grandes productores—, será posible alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en un sentido amplio, tomando en consideración la cadena agroalimentaria nutricional.

Es decir, únicamente tomando en cuenta una relación armoniosa con el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, afianzaremos un sistema productivo agroalimentario que allane el acceso a la comida de la población más vulnerable en el marco del desarrollo humano integral y sostenible. Así se podrá erradicar la pobreza extrema y el hambre, uno de los siete puntos del Objetivo de Desarrollo del Milenio.

Y en un contexto en el que el principal país consumidor de drogas ilegales del mundo, Estados Unidos, unilateralmente redujo su ayuda a 20 millones de dólares para este año y anunció sólo 10 millones de dólares para enfrentar al narcotráfico en 2012, es imperioso fortalecer la alianza con los países latinoamericanos, por una lucha regional y soberana en contra de las drogas ilegales.

Mucho más, en un contexto en el que sectores políticos ultraconservadores estadounidenses y locales mantienen una campaña internacional que pretende vincular al gobierno boliviano con el incremento del narcotráfico y que deliberadamente ignoran los éxitos —sin la injerencia de la DEA— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de sus unidades especializadas.

Este objetivo también se encamina en la lucha contra el contrabando y la corrupción. En el primer caso, ya se han dado los pasos con la suscripción de acuerdos con países fronterizos; y en el segundo, Bolivia ha demandado que ningún país latinoamericano otorgue refugio a políticos acusados por delitos de corrupción, tal como ocurrió recientemente con Mario Cossío.

Y respecto de la política petrolera, hay que apuntalar las inversiones comprometidas para la exploración y explotación de nuevos yacimientos, así como la industrialización de los hidrocarburos en pos de nuestra soberanía energética.

Uno de los retos es un sistema productivo agroalimentario que allane el acceso de la población en el marco del desarrollo humano integral y sostenible. Sólo así se podrá erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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La Prensa: Aprovechar la coyuntura

El Gobierno deberá poner atención en los minerales que están bajo nuestro suelo. Nunca antes los precios estuvieron tan altos como ahora.

Es muy importante para el país aumentar sus ventas al exterior a fin de obtener mayor cantidad de recursos económicos que permitan mejorar las angustiosas condiciones de vida por las que ahora, como pocas veces antes, está pasando un buen número de bolivianos que han visto reducido el poder adquisitivo de sus ingresos por el alza del costo de vida.

Los bolivianos más pobres son los que sienten con mayor fuerza el impacto de la carestía de los productos de primera necesidad que, ahora, está siendo acompañada por una rechazada tácita elevación de las tarifas de transporte urbano y rural.

Es cierto que la Central Obrera Boliviana (COB) podría obtener un incremento salarial que, según el Gobierno, será mayor al cuestionado índice de la inflación establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ese incremento estará dirigido a los trabajadores asalariados y no a quienes trabajan por cuenta propia que no tienen otro camino que aumentar los precios de los productos que comercializan, con el riesgo, en muchos casos, de perder mercados o no ser contratados, cuando se trata de mano de obra o labores eventuales.

Sólo con ingresos nacionales importantes que sean adecuadamente utilizados en el desarrollo nacional que permita la generación de trabajos estables podrá enfrentarse esa situación de pobreza y extrema pobreza en la que vive una gran parte de los bolivianos, muchos de los que son ahora golpeados por las inundaciones y los derrumbes provocados por las inclementes lluvias.

Para obtener esos recursos económicos, no queda otra alternativa que exportar las riquezas que el país tiene en grandes cantidades.

Por eso es bueno que el Gobierno hubiera organizado aquel seminario sobre Desarrollo de Sectores Estratégicos, en el que recibió la oferta del Japón de tecnología, inversión y mercado para el litio, que puede ser el salvavidas de la economía nacional y del país, a pesar de que en la extracción e industrialización de este mineral haya un retraso inexplicable.

Una riqueza como el litio debe concentrar la mayor atención del Estado. La importancia que tiene ha despertado el interés de Francia, Brasil, Japón, Corea y otros países. Su precio en los mercados internacionales ha subido como espuma de cerveza y Bolivia tiene la dicha, según el presidente Evo Morales, de poseer el 70 por ciento de la reserva de litio del mundo, con aproximadamente 100 millones de toneladas.

Pero, además, el Gobierno deberá poner atención en todos los minerales que están bajo nuestro suelo. Nunca antes los precios del oro, la plata, el estaño y el zinc estuvieron tan altos como lo están actualmente.

El gas es otro producto que debe concentrar esfuerzo y recursos para ser explotado en mayores cantidades, industrializado y exportado. La grave situación que atraviesan Libia y otros países de Oriente Medio ha elevado los precios del petróleo en los mercados internacionales.

Lo que no se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados o avanzar lentamente, cuando lo que se requiere urgentemente es aprovechar las coyunturas internacionales que se presentan y que pueden ser pasajeras.

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El Diario: Deudas hacen insostenible la economía del Estado

Los diversos anuncios de la avalancha propagandística del oficialismo en sentido de que el país estaría atravesando un estado económico de prosperidad general, resultan desmentidos a la luz de datos financieros de origen oficial. Tal el caso del alto nivel de la deuda total contraída por el Estado Plurinacional en los últimos cinco años.

Desde el primer momento que la opinión pública se sintió preocupada por el endeudamiento en que se encuentra el Estado, la prensa estuvo demandando a las autoridades competentes que se haga conocer la verdad de las deudas que tiene el país, aunque sin encontrar respuesta favorable, por lo que la población se encontraba poco menos que en medio de las tinieblas sin saber por dónde orientarse.

Ese silencio oficial por las deudas del Estado Plurinacional fue, sin embargo, finalmente revelado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales Económicas (UDAPE), que ha informado que el total general de lo que debe el Gobierno llegó a los 6.800 millones de dólares, suma que supera toda expectativa e inclusive sobrepasa con creces los límites acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La información de UDAPE agrega que dicha deuda total se origina en dos fuentes. La deuda externa que llega a los 2.200 millones de dólares y la deuda interna que subió a 4.500 millones de dólares, lo que hace una deuda total de 6.800 millones de dólares. Al respecto, la información oficial destaca que la deuda interna registró un veloz incremento desde el año 2005 y pasó de 23.700 millones de bolivianos a 31.000 millones de bolivianos. Por otro lado, la deuda externa, que en el 2005 estaba en el orden de los 32.416 millones de bolivianos, al presente llega a 15.500 millones de bolivianos, pese a las condonaciones con las que favorecieron al país organismos internacionales.

Lo más inquietante de ese crecimiento de la deuda total del país, es el incremento poco menos que desmesurado de la deuda interna que, como nunca tal vez en la historia económica nacional, alcanzó ese índice tan elevado y, al mismo tiempo, superó con creces el porcentaje establecido para Bolivia, en su calidad de país con “economía frágil” y al cual se le asigna un 25 por ciento de capacidad de endeudamiento en relación con los ingresos fiscales.

Tan notable es ese nivel de la deuda global del Estado Plurinacional, que la subida de la deuda global a los 6.800 millones de dólares, representaría el 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje únicamente aceptable para “países con economías sólidas” y a los que se les permite el 35 por ciento de endeudamiento. El hecho de que en Bolivia se asiente ese nivel de deuda significaría que nuestra economía se encuentra por encima de los umbrales de sustentabilidad de deuda establecidos, vale decir “en el filo de la navaja”.

Dos aspectos agravan ese panorama general de la situación económica del Estado Plurinacional. El primero consiste en saber por qué motivo la deuda interna creció en esa proporción y en qué se gastó esos fondos, ya que no se conoce, ni mucho menos, cuál fue el destino que se dio a esa considerable cantidad que llega nada menos que a 4.600 millones de dólares, gasto que las autoridades están obligadas a aclarar de acuerdo con el principio de “transparencia” que pregonan a diario. El segundo punto preocupante es que tanto la deuda interna como la externa tienen tendencia a seguir subiendo y se pronostica que hacia mediados de este año la economía de Bolivia será insostenible. Las autoridades tienen la palabra.

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El Mundo: Bajo control

Especialmente cuando se trata de los problemas de la administración del estado, las autoridades se ufanan por asegurarnos que todo se encuentra bajo control y que son los empresarios y el imperialismo quienes se encargan de desacreditar los aciertos que se logran en todos los sentidos.

Uno de los temas que con mayor agudeza se han tocado ha sido el relacionado con el narcotráfico, ya que este fue el eje central de las críticas al gobierno de García Meza y que por esa razón él, junto a su brazo derecho, Luis Arce, se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

Cuando se habla de la expulsión de la DEA del país, se insiste en que ese organismo no era el más adecuado para el control y que la quema indiscriminada de los cocales era un atropello contra la madre tierra y rompía la tradición del acullico, acto religioso que está prohibido para los deportistas, ya que es uno de los elementos utilizados para el doping.

Periódicamente, las autoridades encargadas nos anuncian el hallazgo y la destrucción de algunas fábricas, por lo general abandonadas y se detiene a los cuidantes que con seguridad, quedan libres por falta de pruebas.

Cuando el hallazgo es de droga procesada se asegura que es proveniente del Perú y que tiene al país únicamente como una escala en su viaje al mercado internacional. Son nuestros vecinos, especialmente brasileños, los que se encargan de denunciar el hallazgo de cargamentos provenientes de Bolivia.

El panorama tiene también otras facetas, las avionetas cargadas de droga o dinero que terminan siniestradas y son observadas en los cielos del Chapare; a decir del Presidente son zancudos que los cruceños ven y exageran.

Lo mismo acontece con los ajustes de cuentas que se producen cada vez con más frecuencia y que cobran la vida, en muchos casos, de personas inocentes, los informes policiales se encargan de asegurarnos que las víctimas han fallecido por algún politraumatismo y que el caso está en investigación. Ese panorama tan interesante, donde está bajo control y que podemos prescindir de ayudas que solamente perjudican, se ve entorpecido cuando una autoridad foránea pone el dedo en la llaga, veremos hasta qué punto llegan las investigaciones que independientemente del gobierno panameño, ser realicen en nuestro país para mostrarnos en qué condiciones y por qué razones, el ex jefe antinarcóticos de Bolivia se encontraba traficando droga en ese país, en tránsito para algún lado.

No sería extraño que quien esté tratando de desacreditar al Gobierno, involucrando a una ex autoridad de confianza del Ministerio de Gobierno en actividades ilícitas, nos muestre que posiblemente el imperialismo esté mostrando sustentáculos.

Ojalá que en el momento de escoger autoridades, para desempeñar funciones tan delicadas, no resulte en el futuro dedicándose, una vez gestionada la jubilación, a aplicar la experiencia adquirida en el trabajo, a ejecutarla en el momento en que se encuentren cesantes.

Es muy probable que las investigaciones nos puedan llevar a evidencias ingresantes de la forma en que trabaja el narcotráfico en el país, las gobernantes no pueden sentirse ajenos a la situación, ya que en su condición de dirigentes de los cocaleros se encuentran promoviendo el cultivo de la hoja que es la base para la fabricación de la droga; si bien los vecinos tiene también sus cultivos en la zona amazónica, es interesante que respondamos por nuestra participación en la cadena, puesto que ya lo han anunciado las autoridades policiales, hay un cártel colombiano trabajando en el país; será que el general detenido con las manos en la masa sea parte de ese cártel, habrá otros más involucrados, ojalá que las autoridades de la Felcn y sus superiores den información al respecto, antes de que lo hagan los agentes del imperialismo que parecen mejor informados.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: La independencia de la Justicia, un pilar político clave

La independencia de la Justicia es un presupuesto básico para el reconocimiento de los derechos de las personas y su función institucional clave es remarcada por la Constitución nacional. Por eso, del afianzamiento de este poder dependen cuestiones tan relevantes como la calidad de la ciudadanía democrática, la seguridad jurídica, el control de los actos estatales, la lucha contra la impunidad, la promoción de los derechos sociales y ambientales y, básicamente, la sujeción igualitaria de todos los sujetos al imperio de la ley.

Nuestra sociedad ha experimentado las consecuencias catastróficas de la ausencia de una Justicia independiente durante los regímenes dictatoriales y, en otra escala, por efecto de estrategias políticas destinadas a subordinar la jurisdicción judicial a las conveniencias de los gobernantes de turno. Un efecto generalizado de las encrucijadas que lesionan la independencia de la Justicia es la pérdida de credibilidad de las sentencias y comunicaciones de los jueces, las cuales dejan de tener legitimidad para la ciudadanía y los derechos se convierten en meros pedazos de papel.

Tras la recuperación de la democracia, los distintos gobiernos han cultivado estrategias marcadamente diferenciales hacia la Justicia. Así, mientras los años del alfonsinismo permitieron conformar una Corte y una Justicia federal que rompiera moldes que imperaron durante la dictadura, el período menemista se caracterizó por el debilitamiento de la independencia judicial y la construcción de una trama de lealtades políticas y personales en la esfera del Poder Judicial, lo cual alimentó el escepticismo de la sociedad sobre esta institución básica.

Luego de la crisis de 2001/2, la recomposición de la Corte a través de un procedimiento público y participativo de designación de los nuevos miembros fue un avance de enorme importancia, que sirvió para reconstruir la confianza en la cabeza del poder judicial. Pero a este avance le siguieron retrocesos preocupantes, que causan inseguridad jurídica y ensombrecen el horizonte, como la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura y la utilización del poder oficialista en ese cuerpo para disponer discrecionalmente de las facultades disciplinarias sobre los jueces.

También en este mismo sentido deben entenderse las abiertas desobediencias gubernamentales a pronunciamientos judiciales -el más relevante, sin duda, es el caso Sosa, en el cual el Gobierno ha avalado la reticencia de la provincia de Santa Cruz a restituir en su puesto al procurador ilegítimamente removido. Y, asimismo, es fuente de perturbación que la Justicia no cuente con un presupuesto autónomo, que se dilate la designación de jueces y que el Estado sea el principal generador de juicios por incumplir con la ley, como ocurre ante los jubilados y también por la negación de derechos de los pueblos originarios o por no cumplir con sentencia que dispone el saneamiento del Riachuelo. En este contexto, el mensaje del presidente de la Corte Suprema al inaugurar el año judicial cobra un especial sentido. ?Necesitamos magistrados independientes dentro de un contexto institucional también independiente que los proteja?, señaló Ricardo Lorenzetti, definiendo una línea estratégica capaz de afianzar la Justicia y garantizar su independencia del poder político.

Para lograr este objetivo se requiere una actitud de colaboración de los restantes poderes para desarrollar el diálogo y buscar consensos, evitando tanto la judicialización de la política como politización de la Justicia.

La independencia de la Justicia es un presupuesto básico para el reconocimiento de los derechos de las personas y la calidad de la democracia. En los últimos años, la Justicia ha sufrido retrocesos como las maniobras oficialistas en el Consejo de la Magistratura o la desobediencia de fallos de la Corte por parte del Gobierno. Es necesaria la colaboración de los Poderes y evitar la politización de la Justicia.

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