Desde la promulgación de la Ley 045 “se han registrado al menos 29 acciones del poder político, autoridades judiciales y grupos de presión en contra de la libertad de expresión”, denunció el presidente de la APLP, Pedro Glasinovic.
Foto: Foro Democrático de Periodistas realizado a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La Asociación de Periodistas de La Paz denunció ayer la “judicialización” del periodismo en Bolivia debido a la vigencia de los artículos 16 y 23 de la ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Durante los seis meses desde la promulgación de la Ley 045 “se han registrado al menos 29 acciones del poder político, autoridades judiciales y grupos de presión en contra de la libertad de expresión”, denunció el presidente de la APLP, Pedro Glasinovic.
“Como efecto de la vigencia de los artículos 16 y 23 que establecen sanciones económicas y suspensión contra los medios de comunicación y el proceso penal contra periodistas acusados de difundir ideas calificadas como racistas o discriminatorias, se ha abierto una especie de concurso punitivo de autoridades, ex autoridades y ciudadanos de dudoso comportamiento público en contra de la libertad de prensa”, dijo el periodista durante su intervención en un Foro Democrático de Periodistas realizado a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
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El foro, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung contó con la participación de los intelectuales aymaras Juan Choque y Fernando Untoja y el analista político Carlos Cordero. El diputado por el MAS proyectista de la ley contra el racismo, Jorge Medina fue invitado pero no confirmó su asistencia, según la APLP.
RACISMO Y PERIODISMO
Según Susanne Käss, representante de Konrad Adenauer, una causa noble como la lucha contra el racismo no puede ser usada para afectar un derecho fundamental como la libertad de expresión. Para Untoja, la aprobación de la Ley 045 ha reactivado el racismo y se ha convertido en un “instrumento para perseguir al opositor político”.
Según Glasinovic, las acusaciones y procesamientos contra periodistas carecen de base jurídica y obedecen más bien a impulsos de “revancha” de quienes en lugar de revisar su conducta dudosa, culpan y acusan a los medios y periodistas de supuestas faltas a la verdad.
En estos siete meses, más de un periodista se ha visto hostigado por fiscales y autoridades que publican citaciones y acciones judiciales que desconocen la Ley de Imprenta y denotan una intencionalidad de censurara la prensa, según el Presidente de la APLP.
EFECTOS
Uno de los primeros efectos negativos de la vigencia de la Ley 045, ha sido la autocensura en varios medios de comunicación que se han visto obligados a clausurar sus espacios de participación ciudadana ante el temor de una interpretación sesgada de declaraciones de periodistas y entrevistados que pueden calificarse como “ideas racistas”.
En los espacios de participación de lectores de La Prensa y Los Tiempos se lee por ejemplo la siguiente objeción: “Por las implicaciones que conlleva el artículo 16 de la Ley contra el racismo nos vemos obligados a suspender los comentarios, con la finalidad de evitar sanciones”, recordó Glasinovic.
Pero posiblemente, la consecuencia más preocupante de la vigencia de los artículos 16 y 23 fue el surgimiento de una corriente represora de la libertad de expresión que ha elegido el camino de la judicialización del ejercicio del periodismo bajo el pretexto de la lucha contra la discriminación.
Uno de los casos citados por el periodista fue el promovido por el ex vocal de la Corte Electoral de Oruro, David Apaza, que después de ser removido de su cargo anunció la apertura de varios juicios contra el diario La Patria, “con argumentos que no resisten el contraste de la razón y la legalidad”.
“El mencionado ex funcionario electoral que durante su gestión en Oruro se caracterizó por difundir su imagen en spots electorales y marchar junto a autoridades del oficialismo, anunció su intención de tramitar juicios contra ese periódico por un espacio de ocho años”, denunció Glasinovic.
También recordó la intención del Concejo Municipal de Oruro de enjuiciar al diario LA PATRIA, por supuesta discriminación, porque el medio de comunicación utilizó el término “concejiles”, para referirse a los representantes municipales.
El presidente del Concejo, Germán Delgado, dijo que se sentía discriminado porque “en el periódico ‘La Patria’ en vez de poner (textual) ‘Honorable Concejal’, puso Honorable ’Concejil’, por lo que les expresamos nuestra molestia a través de una nota pidiendo que nos digan por qué hicieron eso”.
Glasinovic recordó que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona el término “concejil” como sinónimo de concejales.
Los afanes de procesar y encarcelar a quienes ejercen el derecho humano de la libre expresión también se han manifestado en Santa Cruz, en contra del diario El Deber, recordó.
Un general de Ejército hizo citar ante la Fiscalía Anticorrupción como testigos a dos ejecutivos de El Deber, en un juicio por prevaricato contra un juez que hace más de un año dispuso que una denuncia de ese militar contra el mencionado periódico, sea juzgada por un Tribunal de Imprenta.
El juez Omar Dorado, en pleno cumplimiento de la Ley de Imprenta y la Constitución determinó que el proceso iniciado por el entonces coronel José Antonio Agreda contra El Deber por la impresión de una caricatura en la que supuestamente se veía reflejado sea tramitado en un Tribunal de Imprenta.
El militar decidió enjuiciar por prevaricato al juez Dorado y en el marco de ese proceso fueron convocados a declarar los ejecutivos de El Deber. Se trata de un caso excepcional en que una autoridad de Estado busca enjuiciar a un juez por cumplir la ley.
El Presidente de la APLP mencionó otros casos de hostigamiento contra periodistas y reclamó que el Gobierno cumpla con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que en su artículo 5 establece el compromiso del Estado a “prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas” y a “garantizar el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión”.
Fuente: APLP La Paz, 22 de marzo de 2011.