«Nostros antes eramos unas comunidades tranquilas vivíamos tranquilos no sabíamos pronunciarnos; nos han obligado a defender nuestra casa, nos han avasallado, no han respetado nuestros derechos», cuenta el dirigente comunidad de San José, parte de la Reserva Natural de Fauna y Flora de Tariquía, Oliver Sivila, un lugar que lucha para proteger el valor medioambiental y comunitario ante la extracción de hidrocarburos.
El caso de la exploración hidrocarburífera en Tariquía fue el más emblemático por la resistencia que impusieron la comunidad y los pobladores de Tarija a una situación de extractivismo que ponía en riesgo la vida de la reserva y que aún lo hace.
Tariquía, con una extensión de 246.870 hectáreas, cuenta con 808 especies de flora registradas, 1.500 especies de plantas altas y 406 especies de fauna reservada.
De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos las exploraciones solo afectaran el 0,014% de la reserva. Sin embargo, el Centro de Investigación y Desarrollo de Bolivia (Cedib) determinó que se alcanzaría el 55% del área protegida.
San Telmo y Astillero abarcan un área de 95.250 y 21.093 hectáreas, respectivamente, a pesar de que el total de su superficie para exploración no está sobre Tariquía, las exploraciones compometen 136.277 hectáreas de extensión del parque.
A ellos se suman el bloque Churumas ubicado en el corazón de la reserva que contempla la intervención del pozo CHU-X2, así como la perforación del pozo CHU-3, y Huacareta que afecta al 3% de la superficie de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.
Esta situación guarda relación con el antecedente de Lilquimuni en el norte paceño, donde en 2006 denunciaron el inicio de un proyecto sin consulta previa ni evaluación del impacto ambiental .
El 22 de marzo el Gobierno ordenó el ingreso de un contingente policial fuertemente armado a Tariquía para garantizar el ingreso de Petrobras y Chaco a realizar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera. Los comunarios de Chiquiacá fueron víctimas de represión. Con este acontecimiento los pobladores nuevamente fueron obligados a organizarse para asumir medidas en contra del avasallamiento.
Tarija paró en rechazo a este acto de ingreso por la fuerza, los comunarios presentaron una acción de cumplimiento con la firme oposición a la entrada de las petroleras al territorio.
«El proyecto San Telmo Norte traspasa desde Chiquiacá hasta la mitad de la reserva un lugar totlmente restringido es el corazón de la reserva, no es como dicen (el Gobierno) que no van a afectar», explica que Sivila quien lamenta también que esta situación haya dividido a familias por integrantes que intentan convencer los beneficios de la exploración de hidrocarburos.
“Hay unos que por un plato de comida se venden”, finaliza Sivila.
Amazonía
El martes pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y YPF de Argentina fimaron un acuerdo en el que ambas empresas se dan un plazo de dos meses para iniciar la exploración en la Cuenca Madre de Dios, en la Amazonia boliviana.
«Este acuerdo posibilitará impulsar la actividad hidrocarburífera en la Cuenca Madre de Dios, en la búsqueda de nuevos recursos para los bolivianos, además que nos permitirá participar de proyectos en el vecino país, un hecho importante para YPFB y para todos los bolivianos, de ese modo seguimos abriendo nuevas oportunidades de negocio en beneficio del país», afirmó el presidente de YPFB, Óscar Barriga, en el acto el martes pasado.
La zona colinda con la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi, que conncentra 867 especies de animales y 436 especies de plantas.
El fin del convenio es «confirmar el potencial hidrocarburífero estimado a la fecha, así como analizar todos los aspectos técnicos, económicos y legales que correspondan para optimizar la exploración de hidrocarburos en la cuenca».
De acuerdo a los expertos, la frontera petrolera en Bolivia, es decir el área reservada para la exploración hidrocarburífera creció 7 veces pasando de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de hectáreas el 2012.
El 2015 los 100 campos reservados para el trabajo de YPFB, a través del Decreto Supremo 2549, sumaron un total de 29 millones de hectáreas libres para la exploración. La superficie comprendida alcanzaría al menos 11 áreas protegidas nacionales, en ese entonces.
En Aguaragüe los contratos con YPFB Chaco, Petroandina SAM, Eastern Petroleum and Gas, comprometen el 72%, 55% de las 108.348 hectáreas de la reseva.
Si bien la exploración se inició hace 20 años, la reserva vuelve a verse en riesgo con nuevos proyectos como el de La Ceiba con una superficie 47.500 hectáreas, ubicado en la parte sur de Aguaragüe.
En la Amazonía de acuerdo a los datos del Cedib el 70% de la fauna y flora podría verse afectada.
El investigador del Cedib, Jorge Campanini explica que esta es una área sensible que ya es golpada por minería y que el ingreso a Nueva Esperanza y Río Beni implica una amenaza para la Amazonia y sus pobladores.
Para explorar los bloques de Vitiacua, La Ceiba, ambos en el sur del país, y Madidi, YPFB firmó un convenio de evaluación con GP que comprendía también la posteior exploración y producción de gas.
En el caso del Tipnis además de los proyectos viales, el territorio se ha visto afectado por la exploración de recursos. Alrededor de 427.778 hectáreas están comprometidas con la exploración de los bloques Sécure y Río Hondo.
El parque tiene 1.225.347 hectáreas y genera 6 mil milímetros cúbicos de agua por año.
Producción
El experto de la fundación Jubileo, Raúl Velásquez observó que en 13 zonas el Gobierno no haya podido hallar nuevos campos de producción gasífera, además de Incahuasi que fue hallado el 2003.
Entre el 2010 y el 2015 la producción se incrementó en 50 por ciento, pasando de 30 millones de metro cúbicos día (Mmcd) a 60. El dato que resalta el Gobierno es rebatido por Velásquez que asegura que esta elevación se debió a la mayor producción de campos antiguos.
“San Alberto, por ejemplo está en declinación, pasó de 11 a 3 Mmcd. El caso del campo Sábalo está en los 3 millones de metros cúbicos día, ha habido una fuerte disminución y no hemos tenido la capacidad de encontrar nuevos reservorios”, cuestionó.
Empero el analista sostiene que el Gobierno podría centrarse ahora en la exploración de campos que no estén relacionados con áreas de reserva natural, que más o menos suman 85 de los 100 mencionados.
Contrariamente el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, considera que para mantener los mercados se necesita explorar y “si el potencial está en una reserva en una zona protegida se debe utilizar la mayor tecnología o si no nos quedamos sin regalías”.
La producción de gas en Bolivia, a marzo de 2019, tiene un promedio de 36 millones de metros cúbicos día (MMm3d), 36% menos en comparación al promedio de 2017.
Explotación ¿sin mercados?
Ríos reconoce que la perforación del pozo Boyoy X2, cuya profundidad representó una excavación de 8 mil metros “no es un fracaso” pero tampoco abre la posibilidad de un nuevo campo de exploración ni es comercial. “Siempre hay ganancias aunque sean geológicas”, justifica.
Asegura que las causas para la reducción de la producción de gas de Bolivia en los últimos meses es la menor demanda por parte de Argentina y Brasil, los únicos dos mercados para la venta de este hidrocarburo.
La perforación de Boyuy significó un costo de 130 millones de dólares. “El hidrocarburo tiene poca permeabilidad por lo que no fluye a la superficie”.
Velásquez explica que este pozo fue representado como un proyecto de éxito a corto plazo ante el panorama de la producción gasífera.
Cuestiona el ímpetu en ingresar a zonas de reserva natural cuando no hay nuevos mercados para la exportación.
Para Velásquez resulta una «muy mala idea» explorar en un ecosistema como el de un parque natural por el impacto ambiental, cuando no hay mercados certeros para la venta.
Sin embargo Ríos considera que se debe triplicar la exploración. “A finales del 2020 dependemos de dos contratos con Brasil y Argentina y tenemos que competir pero no esperemos que vayamos a lograr los mismos precios”, advierte.
Legislación
Los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 abrieron las puertas al ingreso a las áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, «viabilizando» la consulta previa a las comunidades, modificando los rangos ambientales de contaminación en suelos o priorizando la vocación para la producción de hidrocarburos.
Sin embargo, desde mucho antes, a un año de gestión del presidente Evo Morales (2007), las áreas protegidas fueron declaradass como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante los Decretos Supremos 29130 y 29226.
Velásquez considera que existen contradicciones en las normas y dado que los contratos por exploración se firman por 30 a 40 años ve la necesidad de un marco legal mucho más preciso.
El panorama llega a ser aún más desalentador cuando se considera que con el Decreto Supremo 3107 del 2017 suman 26,1 millones de hectáreas de la frontera hidrocarburífera, dispuestas para la exploración.
«No queremos que enrtren estas petroleras hay tantos animales nuestra zona se caracteriza por ser rica en fauna y flora es única a nivel nacional”, detalló Sivila.