El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió hoy sobre la posible gestación de un «grupo terrorista» en Santa Cruz, tras los enfrentamientos producidos el viernes en esa ciudad entre grupos afines y opositores al Gobierno.
La Paz. EFE.
García Linera, que ejerce la presidencia interina de Bolivia debido al viaje a Libia e Irán de Evo Morales, dijo que es necesario hacer una evaluación de la radicalidad de grupos opositores en esa región, informa la Agencia Boliviana de Información (ABI, estatal).
«Hay que evaluar si es que se está pasando a un nivel superior que obligue a la fuerza pública y a la justicia a obrar de una manera más contundente sobre lo que sería ya la gestación de un grupo terrorista», declaró a las puertas de Palacio de Gobierno.
El viernes, grupos radicales opositores de Santa Cruz frenaron a palos, golpes, latigazos y con gritos racistas una marcha de simpatizantes de Morales que intentaba ingresar a la plaza principal de la ciudad y causaron varios heridos.
No obstante, de su parte, los seguidores del mandatario también atacaron el vehículo del dirigente opositor Carlos Dabdoub, director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz.
Aludiendo a los opositores, García Linera señaló que evaluará la parte legal y los reportes de inteligencia para ver si es necesario o no «tomar otro tipo de acciones de control y de protección del Estado y de los bolivianos frente a estos minúsculos grupos».
«Es doloroso y terrible que a humildes ciudadanos vengan personas a agredirlos brutalmente. Eso avergüenza al país, a la región. Junto a la sanción moral debe iniciarse la correspondiente investigación», agregó el vicepresidente, según ABI.
Los choques se produjeron un día después de que Morales convocara por decreto a un referendo para validar el proyecto de nueva Carta Magna aprobado en la Constituyente en 2007, pero que rechazan los líderes opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.
Los prefectos (gobernadores) de esas regiones se reunirán el próximo martes en Santa Cruz para definir un posición conjunta ante el decreto, aunque han anticipado que no permitirán la realización del referendo constitucional en sus regiones.