Las gobernaciones sostuvieron que la situación financiera limita su capacidad para cumplir sus competencias
El presidente Rodrigo Paz junto a los gobernadores de los nueve departamentos (APG)
Fuente: La Razón
La relación entre el Gobierno y las gobernaciones marcó una hoja de ruta que gira en torno al cumplimiento del plan 50/50, que comenzó como una oferta electoral, luego, un compromiso de la administración de Rodrigo Paz y ahora, una exigencia de las regiones.
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Dicha exigencia cobró fuerza el 5 de agosto, cuando el jefe de Estado se reunió con las autoridades departamentales en Sucre. Entonces, la posición de los subnacionales fue reforzar una “autonomía inconclusa “, como la define el abogado y analista Johnny Nogales, que también destacó el encuentro como un “nuevo escenario de negociación”.
Paz y los gobernadores abordaron en la cita la ampliación del dominio tributario departamental, la revisión de las normas que condicionan el gasto, la posibilidad de sustituir autorizaciones previas del nivel central por obligaciones de información, la redistribución de competencias, el acceso a financiamiento externo y la elaboración de una Ley Especial de Coparticipación.
Gobernaciones
“Admitieron que no puede existir una autonomía verdadera si las gobernaciones carecen de recursos propios, libertad presupuestaria y capacidad para ejercer plenamente sus competencias”, dijo en entrevista con La Razón.
En esa línea, relievó la nueva relación entre los gobiernos departamentales con el poder central. “Antes predominaba una relación vertical en la que el nivel central definía cuánto transfería y en qué podían gastar las regiones”, indicó, aunque condicionó el éxito de los acuerdos a la formulación de leyes en favor de las regiones.
Consultado por este medio, el analista político Andrés Gómez coincidió en que el debate sobre el 50/50 abrió “formalmente una mesa de negociación sobre recursos, competencias, deuda, dominio tributario y corresponsabilidad fiscal”.
Asimismo, puntualizó que el acuerdo plantea modificar leyes, revisar competencias y construir mecanismos de alivio financiero. “Pero firmar una hoja de ruta no equivale a descentralizar el poder fiscal», advirtió.
Gobierno
Pero su análisis fue más allá de una descripción. Consideró que “Rodrigo Paz consiguió que los gobernadores se incorporaran a su narrativa política del 50/50”, incluso, antes que el mecanismo fiscal, jurídico y competencial para hacerlo realidad, estuviera definido.
“Los gobernadores cayeron en ese cuento. El debate ya debería abandonar el slogan y las frases hueras y entrar en la ingeniería fiscal”, cuestionó.
Después de la reunión del 5 de agosto en Sucre, los compromisos asumidos entre el Gobierno y los gobernadores comenzaron a generar reclamos por la demora en su cumplimiento.
Las autoridades departamentales demandaron avances concretos en la denominada Agenda 50/50, principalmente en la readecuación de sus finanzas, la transferencia de mayores recursos y la atención de las nuevas obligaciones derivadas del incremento del precio del diésel.
Plan 50/50
Las gobernaciones sostuvieron que la situación financiera limita su capacidad para cumplir sus competencias y reclamaron medidas de alivio y compensación.
Ante la falta de respuestas, seis gobernadores se reunieron esta semana en Santa Cruz para evaluar la situación y definir una posición conjunta.
Participaron Juan Pablo Velasco, de Santa Cruz; Luis Revilla, de La Paz; Leonardo Loza, de Cochabamba; María René Soruco, de Tarija; Édgar Sánchez, de Oruro; y Luis Edson Ayllón, de Chuquisaca.
En el encuentro, las autoridades retomaron los planteamientos de la Agenda 50/50 y aprobaron una agenda de 10 puntos, que contempla la distribución 50/50 de los ingresos fiscales, la readecuación financiera territorial, la devolución de recursos del FPIEEH y la compensación por el mayor costo del diésel, entre otras demandas.
Como resultado, los seis gobernadores acordaron declararse en estado de alerta y dar al gobierno de Paz un plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para atender sus demandas, entre ellas el inicio del 50/50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 y medidas de compensación por el incremento del costo del diésel.
Análisis
En criterio de Gómez, el Gobierno logró un rédito político el 5 de agosto, debido a que incorporó a los nueve gobernadores en una agenda impulsada por el Presidente y pudo presentar el 50/50 “como el inicio de una nueva etapa contra el centralismo”.
“Todavía está pendiente demostrar cómo se financiará esa promesa. Los gobernadores aceptaron una propuesta cuyo mecanismo definitivo todavía está en construcción”, explicó.
Desde la perspectiva de algunos analistas y legisladores, el plan 50/50 “es una total improvisación”. Eso, tomando en cuenta que Paz había anunciado su aplicación inmediatamente asuma la Presidencia.
Respaldo
En los hechos, Paz no solo se apoyó en las bancadas de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa para tener respaldo político. También buscó el acercamiento con las regiones con la oferta del 50/50. Además, el impulso para “terminar con el centralismo” y lograr, el potenciamiento de las regiones.
“Si el Gobierno presenta las leyes comprometidas e incorpora una primera coparticipación departamental en el Presupuesto de 2027, podrá recuperar iniciativa. Si los compromisos continúan en las mesas técnicas, el respaldo de agosto puede transformarse en una coalición regional de presión”, vaticinó Nogales.
El jurista adelantó que el éxito de la buena relación entre el gobierno central y los departamentales está condicionada al cumplimiento del 50/50.
“El principal cambio es que el Gobierno ya no trata la descentralización como una amenaza. Ahora la percibe como parte de su propia propuesta de reforma del Estado. También ha reconocido expresamente que la autonomía proclamada por la Constitución quedó limitada por normas posteriores, controles presupuestarios y una distribución fiscal que mantiene a las gobernaciones en dependencia del poder central”, sostuvo.
Autonomía
Desde otra perspectiva, Gómez consideró que el problema central es que el 50/50 no puede discutirse únicamente como una demanda de mayor porcentaje de recursos.
“Si realmente se quiere autonomía, los gobernadores tienen que dejar de esperar que el Gobierno les entregue la fórmula y deben presentar ellos mismos la ruta fiscal, jurídica y competencial para hacerla posible”, reflexionó Gómez, además excandidato a gobernador de La Paz.
Por su parte, la administración de Rodrigo Paz sostuvo que el 50/50 requiere una implementación progresiva. Sin embargo, la presión de las regiones crece conforme avanza el tiempo.
La disputa por el 50/50 entra así en una etapa decisiva. Mientras las gobernaciones buscan convertir el compromiso político en recursos efectivos para sus regiones, el Gobierno enfrenta el desafío de definir su viabilidad fiscal y jurídica.
El plazo fijado para el 31 de octubre será clave. Se determinará si la negociación deriva en reformas concretas o en una nueva escalada de presión regional.
Fuente: La Razón
