Recuento • Un asesinato destapó el peor caso de sobornos en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, emblema de las nacionalizaciones. Una nota del diario español El País analiza las consecuencias del hecho.
MAITE RICO
El País de Madrid
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Parecía un asesinato más, el desenlace fatal del típico atraco. Pero la muerte del empresario Jorge O\’Connor D’Arlach en una calle de La Paz, el 27 de enero, destapó el peor escándalo que ha sacudido al gobierno de Evo Morales.
El crimen ha sacado a la luz una tupida red de corrupción en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bandera del proyecto político del Presidente indígena, que decretó su nacionalización nada más asumir el poder hace tres años, en el 2006. El episodio debilita aún más a la petrolera, que en estos tres años ha visto desfilar a seis presidentes y que hoy no es capaz de atender la demanda de gas natural, principal fuente de ingresos del país.
Jorge O\’Connor D’Arlach era gerente de Catler-Uniservice, el consorcio que había logrado hace seis meses un contrato de YPFB para construir una planta separadora de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina.
La petrolera estatal le acababa de adelantar un pago de 4,5 millones de dólares.
Cuando fue asaltado, Jorge O’Connor D’Arlach llevaba encima 450.000 dólares. Justo el 10 por ciento de la cantidad recibida por su compañía. Y se disponía a entrar en la vivienda de un tal Javier Navía Doria Medina, que resultó ser cuñado del mismísimo presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Los cabos se fueron atando con la detención de los asaltantes, unos ladrones de poca monta. Confesaron que el autor intelectual del atraco era el abogado de Catler-Uniservice (Luis Fernando Córdova).
El dinero, en efecto, era una coima (soborno) al jefe de la petrolera estatal, de modo que podrían robarlo sin temer que nadie denunciara el asalto.
Pero un balazo imprevisto, producto del forcejeo, lo había echado todo a perder.
Hasta ahora, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) se había visto salpicado por corruptelas de diputados, alcaldes y funcionarios diversos.
Pero esta vez el escándalo toca muy de cerca a Evo Morales. Santos Ramírez, indígena quechua, era mano derecha e íntimo amigo del Presidente, que le apadrinó en su boda hace un mes.
Juntos fundaron el MAS y juntos encabezaron las movilizaciones que derrocaron en el 2003 al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, calificado de “traidor” por abrir el sector de los hidrocarburos a la inversión extranjera.
La prensa independiente se lanzó a investigar, mientras los medios oficiales ignoraban el suceso.
El consorcio Catler-Uniservice no tenía domicilio fiscal ni respaldo financiero: todo apunta a una empresa fraudulenta que se constituyó para firmar un contrato que se iba modificando según sus necesidades.
Y Santos Ramírez, autor del decreto de nacionalización de YPFB, el mismo que juraba que sería inflexible con quienes “quisieran dañar el interés de la patria”, había recibido otros dos diezmos a cambio de sendos desembolsos previos de la petrolera estatal a Catler-Uniservice.
La investigación está proporcionando episodios como el hallazgo de documentos de YPFB en un prostíbulo capitalino.
Sin asidero posible, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez el pasado 1 de febrero.
“La reacción del Presidente ha atenuado parcialmente el impacto, pero se trata de un golpe durísimo a su planteamiento ideológico: que la privatización neoliberal y vendepatrias es causa de la corrupción, que el Estado es sinónimo de rectitud y preocupación por el interés colectivo, y que los indígenas son la reserva moral de la humanidad”, dice Fernando Molina, director del semanario económico Pulso.
El escándalo ha agudizado el debate sobre las nacionalizaciones. El problema de fondo, sostienen analistas y oposición, es que, para “agilizar el cambio”, el Órgano Ejecutivo ha ido desmantelando los mecanismos de control del gasto público.
Evo Morales ha suprimido todas las normas de contratación y procedimientos de adquisiciones que tenía el Estado, y ahora todas las empresas estatales o nacionalizadas (hidrocarburos, telecomunicaciones, alimentos) funcionan como fideicomisos manejados de forma discrecional por cada gerente.
De hecho, Santos Ramírez tenía carta blanca merced al Decreto Supremo 29506, emitido en abril del año pasado, que permite a YPFB hacer contrataciones directas para reducir el tiempo que toman las licitaciones.
“En teoría se trata de evitar retrasos burocráticos”, señala el director de Pulso. “Si fuéramos malpensados, la estructura parece construida a propósito para robar. Lo de YPFB no es un hecho puntual”.
La oposición boliviana, desde luego, es muy malpensada. “Nos preguntamos si esas sumas desviadas iban exclusivamente a manos de Santos Ramírez, o si se destinaban a la financiación del partido del Gobierno”, comenta Óscar Ortiz, presidente de la Cámara de Senadores y dirigente de Podemos (centro derecha, principal partido opositor).
YPFB, sospechan los rivales de Morales, se ha convertido en la caja negra del MAS, algo muy conveniente en un año como éste, en el que, tras la reciente promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia celebrará elecciones presidenciales en diciembre.
“Somos escépticos respecto a las investigaciones”, afirma Óscar Ortiz. “Hasta ahora, en escándalos previos, no se ha procesado a nadie seriamente”.
En el caso de la petrolera, llueve sobre mojado. YPFB ha tenido seis presidentes en apenas tres años. Cuatro de ellos han dejado el cargo con acusaciones de corrupción, nepotismo y negligencia. Los constantes cambios de autoridades, la ausencia de inversiones y el uso político de la estatal han sumido a la compañía en una profunda crisis, que ha afectado a la producción de hidrocarburos y le ha impedido no sólo cumplir con los contratos de exportación de gas a Argentina y a Brasil, sino además abastecer el mercado interno.
“¿Éste era el cambio que proponía el MAS?”, se preguntaba el diario La Razón en un reciente editorial. “Morales tendrá que encontrar una buena explicación para el pueblo boliviano acerca de su decisión de nacionalizar los hidrocarburos porque, hasta ahora, esa medida parece haber beneficiado más a los bolsillos de algunas de sus autoridades que a la población en general”.
Recuperar “la credibilidad y la transparencia” de Yaci- mientos es el principal objetivo de su sexto presidente, Carlos Villegas Quiroga, que hasta ahora ocupaba la cartera de Planificación de Desarrollo.
Mientras, Evo Morales está en Rusia para firmar acuerdos energéticos con la estatal petrolera rusa Gazprom, que planea invertir en Bolivia 3.000 millones de dólares, y ya prepara su nueva batalla: la nacionalización de las empresas de electricidad.
Hasta ahora, el MAS se había visto salpicado por corruptelas de diputados y alcaldes… Pero esta vez, el escándalo toca muy de cerca a Evo Morales.
YPFB, sospechan los rivales de Evo Morales, se ha convertido en la caja negra del MAS, algo muy conveniente en un año como éste…
(publicado por La Razón)