Juan Luis Gantier*
Los problemas políticos generados por el proceso de desinstitucionalización que sufre la ciudad de Sucre han derivado en una crisis en la gestión del municipio, que se expresa en bajos índices de ejecución presupuestaria, con un porcentaje de menos del 50% en el programa de inversión en la gestión 2010. A medio año de la presente gestión, la información que se difunde por medios de comunicación es que la misma no llega al 20%.
Contar con recursos escasos y al mismo tiempo no tener capacidad para gastarlos es una paradoja, lo cual evidencia que la gestión municipal no marcha. El primer y principal problema es contar con una alcaldesa interina que nadie ha elegido y que se prorroga.
De la violación de los derechos políticos de los sucrenses, que no pueden elegir a sus autoridades porque se las imponen, se deriva la total falta de gobernabilidad y cohesión que caracteriza a la actual “gestión” de la Sra. Berríos.
Cada día algo nuevo acontece: sin o es el abierto desacato a la autoridad de la alcaldesa por parte de sus funcionarios más allegados, son las organizaciones vecinales que imponen autoridades distritales y presionan para lograr sus propios intereses olvidando el conjunto. Por otra parte, están a la orden del día las denuncias sobre nepotismo y corrupción, que no parecen parar.
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La gestión técnica y administrativa es discrecional, por eso los servicios de limpieza están cada vez peor: denuncias de la Asociación Sucrense de Ecología señalan que hay 33 toneladas de basura por día que no se recogen. A esto se suma el deficiente alumbrado público, cuya captación y uso de recursos no se transparenta. Las denuncias sobre la pérdida de dominio público a partir de nuevas construcciones sin respaldo legal y sin planificación son permanentes.
Lo más trágico es la pérdida de identidad de la ciudad, debido a las constantes agresiones al patrimonio y la falta de memoria histórica para conservar y proyectar una ciudad moderna, pero al mismo tiempo con características particulares que la diferencian de otras.
A esto se suman los intereses individuales y de grupo de los miembros del actual Concejo Municipal, que antepusieron a los intereses colectivos desde un principio. Por eso seguimos dependiendo del dedo del gobierno central o de grupos corporativos. No se respeta la voluntad general, que quiere de una vez autoridades legítimas que gobiernen guiadas por un programa, respeten la meritocracia y cuenten con buenos equipos de técnicos preparados para superar los desafíos de una ciudad que ha doblado o triplicado su población en pocos años y que debe enfrentar el desafío de subirse al carro de la modernidad.
Como corolario: no es suficiente alcanzar el poder sino administrarlo con sentido ético y civismo…
*Diputado nacional