Ocupación. Menonitas, extranjeros, empresarios y colonos nacionales se han loteado las 100.000 hectáreas de lo que era el predio Bolibras, pese a que una ley de 1996 lo prohíbe.
Precario. Así viven Maribel y sus hijos desde hace tres años. Incluso han perdido la fe de acceder a un pedazo de tierra
Santa Cruz, Bolivia.
A esto lo llaman Tierra Prometida, pero bien podría ser el purgatorio. Aquí, en medio de campos arados, erosionados por el viento, la esperanza por conseguir un pedacito de tierra se sigue tragando hombres, corrompiendo almas y dejando detrás reformas, juicios y procesos que no concluyen nunca. Esta tierra, a unos 40 kilómetros al sur de Pozo del Tigre, también la llaman Santa Rosa, La Envidia, Esperanza, Chaparral, Nuevo México, Corechi, La Milagrosa y Los Cocos, pero en el país se conoce como Bolibras, la gran estafa agraria de finales del siglo pasado, que se sigue cobrando víctimas.
Aquí debería haber un bosque de 100.000 hectáreas, pero solo quedan unas 15.000. Esta tierra es parte de la Ley 1.715 de octubre de 1996 (Ley del Instituto de Reforma Agraria), que decidió inmovilizarla hasta que la investigación del Congreso concluya (leer nota adjunta). Ahora, 19 predios se han repartido 86.000 hectáreas, según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y las colonias menonitas acaparan 64.000 hectáreas. También ha sido invadida por unos 400 colonizadores que han entrado en conflicto con los supuestos dueños y sus litigios yacen en dos gruesos expedientes en el juzgado mixto agrario de Pailón.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Cuando sopla viento del norte, la tierra del camino se levanta y azota el rostro de Maribel. Tiene los ojos rojos, lastimados por la polvareda interminable. No está sola. Con ella está Rodrigo, su hijo de siete años, y un bebé de tres meses que se refugia en una carpa, sin parar de llorar. Maribel es la tendera de Tierra Prometida y asegura que no se va porque no tiene adónde ir. A ella y a otras 400 personas las trajeron a este lugar el 28 de abril de 2008. Encabezó la ocupación de los predios un hombre llamado P. Almendras Porcel, dirigente campesino ligado al MAS de la zona de Pailón.
Maribel se siente estafada. Asegura que todos pagaron, de pucho en pucho, entre $us 2.000 y $us 10.000 para tener derecho a 30 hectáreas de tierra, pero que hasta ahora no ve nada. “Ese señor nos trajo hasta acá y marcamos nuestra tierra. Después trajo a otra gente y los puso encima de nosotros. Hace tiempo ya que no aparece, seguro que ha recibido plata de los empresarios”, cuenta la mujer, mientras descuelga el charque de chancho tropero para comenzar a hacer el almuerzo. Ella llegó desde Pozo del Tigre, pero también hay gente que vino desde el Plan 3.000, la Villa 1º de Mayo y los mercados La Ramada y Abasto. Cuando se le dice que hay denuncias en Pailón, Maribel no sabe quién la interpuso. Para ellos, la empresa OB es ‘el español’ y Queremba (que no está en Bolibras) es ‘el gaucho’.
Antonio Moreno, autoridad indígena de El Cerro Concepción, cuenta que fue invitado a un aniversario de Tierra Prometida y ahí fue testigo de promesas de prosperidad. A los colonos les dijeron que había un proyecto para sembrar piñón y exportarlo a Japón para producir biocombustibles, que pronto el presidente Evo Morales llegaría hasta la zona para dotarlos de títulos, lo que desató la alegría de la gente, en medio de una ceremonia que incluyó un yatiri que agradeció a la Pachamama. Incluso los colonos contrataron maquinaria de menonitas para desmontar un ‘tablón’ de tierra. Maribel explica que hay menonitas en la colonización y que uno de ellos les cobra los $us 10.000 que dio para ingresar, ya que al no haber papeles se quiere ir.
“Yo no creo que venga Evo. Nadie sabe nada de nosotros”, se lamenta Maribel, mientras esperan que los hombres vuelvan del chaco para almorzar. Hoy tardarán más de lo acostumbrado.
No es cierto que nadie sabe nada de ello. En uno de los expedientes de Pailón se incluye el acta de una reunión celebrada en Rincón del Tigre el 14 de agosto de 2010, en la que participaron el diputado indígena Bienvenido Zacu, el exdirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), Ramiro Galindo, entre otros dirigentes. Ahí se habló de tema y se quedó en gestionar la tierra para los colonos. Zacu explica que ha expuesto el caso al presidente y al Viceministerio de Tierra y cree que habrá una investigación. Galindo señala que ellos explicaron en la reunión que debe haber una investigación del caso, pero que en ningún momento la organización avalará una toma ilegal. Para Zacu, los cobros denunciados son una cuestión interna de las comunidades y prefiere no opinar.
El diputado guarayo asegura que se han hecho gestiones y también lo dice la diputada Adriana Arias, que recuerda haber recibido cartas de este grupo de colonos y haberlas remitido a los ministerios correspondientes. Mientras los colonos esperan, el proceso en Pailón avanza. Hay 125 personas denunciadas por invasión de predios, pero ellos se niegan a salir. “Yo sabía que esta tierra era de nadie”, dice Maribel.
Las cifras
86.000
hectáreas están distribuidas en 19 predios de un total de 100.000 que conformaban Bolibras.
64.000
hectáreas de las ocupadas están en manos de menonitas
Un caso de uso de influencias que inició la reforma del 96
El caso Bolibras estalló en 1992, cuando el entonces diputado Miguel Urioste denunció una supuesta apropiación de 100.000 hectáreas en Pailón del entonces ministro de Educación Hedim Céspedes Cossío. El expediente de Bolibras fue revertido y el Instituto de Reforma Agraria fue intervenido por el presidente Jaime Paz Zamora.
En la intervención se descubrió que décadas de concesiones de tierra a diestra y siniestra (sobre todo a políticos del gobierno de turno) habían configurado un territorio nacional con superposiciones, con más hectáreas concedidas que las que físicamente había.
Casi cuatro años tardaron las negociaciones para emitir una nueva ley de tierras, la 1715, en cuya disposición final se instruye que el predio Bolibras no se inmovilice, y no sea dotado a nadie hasta que concluya la investigación en el Congreso. Dicha investigación nunca concluyó.
En 2006 el expediente fue rescatado por el senador Antonio Peredo, tras una denuncia del entonces viceministro de Tierra, Alejandro Almaraz, que acusó a los exdirectores del INRA René Salomón y Jorge Aguilera, de haber saneado predios dentro de Bolibras.
EL DEBER tuvo acceso a dos de esos documentos con Resolución Final de Saneamiento y en ellos hay una tradición jurídica que data de 1975. Como la resolución invalida los títulos de Bolibras y los posteriores a 1996, los juristas aseguran que estos predios no pueden ser afectados por la Ley 1715. Además, en 2006, Aguilera pidió que se le demostrara que había dotado tierras en dicho predio, ya que la ubicación no era tan precisa.
En efecto, los predios antiguos no tienen georreferencias y en los títulos anteriores a 1996 solo se registra la colindancia. En el caso de algunos de los predios consolidados en Bolibras, los vecinos eran ‘terrenos baldíos’ y la única referencia geográfica era el cantón Laguna Concepción, ya que ni siquiera Pailón existía como municipio.
Ninguno de los dos casos prosperaron y hoy se le ha perdido el rastro al expediente en la Cámara de Senadores, que, según una senadora, no cuenta con Comisión de Ética que pueda tramitar la investigación sobre Bolibras, que con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no prescribirá nunca.
Todo el sistema es cómplice
Leonardo Tamburini | Director del Cejis
Fue el caso paradigmático que signó la intervención del Instituto de Reforma Agraria. En el último trabajo que hicimos denunciamos que el INRA, entre 2000 y 2003, autorizó asentamientos en la zona y eso abrió el boquete para que el conjunto de otros asentamientos se consoliden y causen lo que ahora vemos, las tierras están ocupadas cuando hay una resolución legal que dice lo contrario.
Bolibras fue un caso usado para armar un show y ser el botón de muestra de lo que era una situación prácticamente insostenible en la administración de la tierra en Bolivia. Una vez que cumplió esa función el caso en sí mismo se olvidó. Un caso muy parecido es el de la cooperativa La Unidad y El Ticho en la TCO Monteverde. Esas dos propiedades siguen en el INRA, se han perdido dos veces los cuerpos de los expedientes.
Esto habla de ciertos actores que pasan por la administración agraria y que se pasan la pelota para no resolver los casos. Todo el sistema es cómplice para la impunidad. Hubo administradores del INRA, tribunales agrarios y gobiernos que dejaron paralizados esos casos para que, de acá a unos años, el tema se resolviera de otra manera, cuando el pueblo ya no le preste atención.
Cronología
Noviembre de 1992. Una denuncia de Miguel Urioste destapa el caso Bolibras. El presidente Jaime Paz Zamora ordena intervenir el Instituto Nacional de Reforma Agraria y da tres meses para sanearlo.
Octubre de 1996. Se aprueba la Ley 1715 del Instituto de Reforma Agraria. La ley es ‘hija’ de la intervención por el caso Bolibras. Se inicia el proceso de saneamiento de tierra y nacen las Tierras Comunitarias de Origen.
Octubre de 2006. En medio de la aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria del proceso Agrario, una reforma de la Ley INRA, se denuncia el caso Bolibras II, que es la supuesta dotación ilegal de tierras en los predios inmovilizados desde 1996. La ley se aprueba, el caso aún se investiga.
Diciembre de 2010. Llegan al juzgado mixto agrario de Pailón denuncias contra 125 personas por invasión de dos predios de la Empresa Agropecuaria OB en la zona de Bolibras. A esa se suma otra denuncia por supuesto hostigamiento a la propiedad Queremba, que está en la zona pero que no figura en el polígono Bolibras. Denuncian injerencia del MAS.
El Deber, Pablo Ortiz