Juan Antonio Morales*
El DS 910 de seguimiento de los movimientos de las cuentas bancarias de las personas expuestas políticamente o famosas hace recuerdo a la novela 1984 de George Orwell. La novela trata de un país de partido único y de un Estado todopoderoso, que lo controla todo. El gran hermano espía a todos y aun la intimidad de las alcobas es objeto de seguimiento por un ojo vigilante y voyeur.
Las disposiciones del decreto se vienen a sumar a las de la Ley Quiroga Santa Cruz, ley que no pasaría el test de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es así que en esa ley se ignora la presunción de inocencia y que se juzga a las personas por sucesos que no eran transgresiones en su tiempo. De haber sido delitos, la mayoría de los acusados seguramente no hubiese incurrido en ellos. Se ignora también la presunción de licitud de los actos de los funcionarios públicos, componente central de una administración estatal moderna.
Las legislaciones recientes han criminalizado hasta las infracciones de bagatela, a contracorriente de las tendencias internacionales, y han convertido en delito penal las faltas administrativas más leves. Expresan la arcaica mentalidad de que “la letra con sangre entra” y que cuanto más severa la pena, mayor la disuasión. Peor aún, se han encontrado en esas leyes los instrumentos para deshacerse de los opositores molestosos.
Estas legislaciones excesivamente punitivas y vengativas no vienen sin costo para sus promotores, aunque ellos no parecen darse cuenta.
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El aparato estatal vive en semiparálisis por el temor de los funcionarios a caer en las censuras de la Ley Quiroga Santa Cruz. Entre las causas de la tan baja ejecución de las inversiones por las gobernaciones, alcaldías y empresas estatales está esa ley.
También, como ya hice notar en otros artículos, la no prescripción de delitos contra el Estado crea un problema de selección adversa.
En especial, los mejores profesionales se están alejando de la función pública para no incurrir en riesgos que les durarán toda la vida. Tienen el legítimo temor de que, con el transcurso del tiempo, las decisiones correctas, tomadas ahora en el ejercicio de la función pública, sean descontextualizadas 15 años más adelante o aun, con la tendencia mencionada a la penalización que existe en el país, sean juzgadas como punibles, tanto más que hay una politización de la justicia.
Se quedarán en altas funciones en el sector público solamente los que no han encontrado oportunidades en el sector privado o en el extranjero, o los pícaros que piensan que tienen la habilidad suficiente para contornar la ley.
Sea dicho de paso, con el actual marco jurídico, que trata a las empresas estatales como dependencias del Poder Ejecutivo, ellas no podrán funcionar eficientemente, como ya se está viendo. Las empresas estatales del siglo XXI, para marchar bien, necesitan seguir los criterios de gestión de las empresas privadas y sus ejecutivos deben gozar de protecciones legales, lo que no está en la actual legislación.
La única pero gran diferencia entre empresas públicas y privadas debería ser la propiedad de las acciones. El ejemplo de Petrobras en el Brasil es muy ilustrativo.
Volviendo al DS 910, pareciera que sus autores intelectuales se han dado cuenta de que ese decreto va a crear obstáculos para los movimientos legítimos de fondos y el desarrollo del mercado de capitales. El mercado financiero alcanza madurez solamente cuando los inversores pueden recomponer rápidamente sus carteras de inversiones buscándoles rentabilidad, a veces moviendo sumas voluminosas, además con registros solamente en cuenta y desmaterializados de papel.
Si cada uno de estos movimientos se vuelve sospechoso, lo mejor será no hacerlos. Las instituciones financieras se sentirán también inhibidas de recibir o traspasar fondos de personas que “hayan alcanzado fama o notoriedad”. ¿Habrá ganado el país? ¿Desde cuándo ser famoso lo convierte a uno en sospechoso de actos delictivos?
Un principio jurídico básico que se olvida con frecuencia es que las leyes están para proteger a los ciudadanos y no necesariamente al Estado. A veces hay que proteger a los ciudadanos del Estado.
*Ex presidente del Banco Central de Bolivia
Página Siete – La Paz