Dos ex cancilleres recomiendan al Presidente pasar de las acusaciones a la acción.
El Mandatario señaló al mexicano Francisco Martínez como un espía de EEUU. El Departamento de Estado negó la acusación y precisó que Martínez es un diplomático de carrera, que ocupa el cargo de Segundo Consejero de esa legación y que está acreditado ante la Cancillería.
Acto: el presidente Evo Morales durante su discurso en el aniversario de la Anapol, ayer en Següencoma
La Prensa
Evo identifica a otro agente de la CIA, pero no toma acciones
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El Departamento de Estado señala que el sindicado trabaja en su Embajada
Dos ex cancilleres recomendaron al presidente Evo Morales actuar si tiene pruebas.
El presidente Evo Morales identificó ayer Francisco Martínez, supuestamente de nacionalidad mexicana, como el segundo “agente” que la CIA (Central Intelligence Agency, en inglés) infiltró en Bolivia; pero no ordenó iniciarle un proceso legal o su expulsión del país, dos mecanismos que están en sus manos.
La vocera para el hemisferio sur del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), Heide Bronke, consultada por El Deber, aclaró que el presunto espía es un “diplomático de carrera” de la Embajada en La Paz.
La portavoz señala que “(Martínez) está debidamente acreditado como Segundo Secretario ante el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Asimismo expresó que “el presidente Morales ha dicho que quiere mejorar las relaciones entre nuestros dos gobiernos. Hacer acusaciones falsas contra Estados Unidos no guarda concordancia con ese mensaje. Rechazamos esa acusación. No tenemos ningún interés en ninguna conspiración en Bolivia”.
El Jefe de Estado, en el aniversario de la Academia Nacional de Policías (Anapol), en Següencoma, emplazó a la representación diplomática en Bolivia a que explique quién es Francisco Martínez.
“Si algún funcionario de la Embajada (estadounidense) dice que no hay infiltrados, que me diga públicamente quién es Francisco Martínez, un mexicano que entra y sale de Bolivia, y con quiénes se contacta; no estamos durmiendo (…) sabemos qué quiere”.
Morales, en los días recientes, acusó a la agencia de inteligencia norteamericana de haber contratado al ex capitán de la Policía Rodrigo Carrasco para “infiltrarse” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se destapó un escándalo de corrupción que derivó en la detención preventiva de su ex presidente y hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez.
El miércoles, la consejera para Asuntos Públicos de la Embajada, Denise Urs, rechazó esas sindicaciones “sin fundamentos y sin prueba alguna”, también lamentó el intento de utilizar al país del norte “como una ficha en los asuntos internos de Bolivia”; sin embargo, el Mandatario insistió nuevamente ayer en sus acusaciones: “Que alguien niegue que este capitán de la Policía no es de la CIA, que no hay infiltración de la CIA; sólo falta el respeto a la verdad en nuestro país”.
El presidente Morales definió, asimismo, que “la CIA es una agencia de inteligencia secreta de Estados Unidos y sirve para defender, proteger el sistema capitalista (…) La CIA, sobre todo, hace operaciones encubiertas contra gobiernos que no son parte de un sistema capitalista tan salvaje e inhumano que trae pobreza y saqueo a nuestros recursos naturales”.
La Prensa consultó ayer a los ex cancilleres Armando Loaiza y Javier Murillo de la Rocha sobre qué procedimientos tiene el Gobierno para frenar las actividades de espionaje en Bolivia.
Loaiza explicó que cada país tiene potestad para determinar los mecanismos de seguridad para protegerse de la infiltración y en el caso de Bolivia existen dos opciones: la primera es por la vía diplomática, que consiste en declarar “persona no grata” al funcionario “sospechoso” y alcanza al personal de las representaciones diplomáticas en Bolivia, mientras que la segunda fórmula es la expulsión previo acopio de antecedentes y pruebas del delito, esta determinación puede aplicarse para cualquier ciudadano extranjero que ingrese en el país.
El ex Canciller recomendó al presidente Morales actuar de inmediato si tiene constancia de sus denuncias, de lo contario debe “tener cuidado” porque así podría provocar un mayor deterioro en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.
Los nexos entre ambos países atraviesan por una situación crítica desde el año pasado, cuando el Presidente expulsó al embajador Philip Goldberg bajo la acusación de complot. Similar suerte corrió la agencia de cooperación USAID. También se frenaron las actividades de la DEA, que ayudaba en la lucha contra el narcotráfico.
El ex canciller Murillo, por su parte, afirmó que, si existe infiltración, este asunto debe ser “analizado y tratado” por el Ministerio de Gobierno, que tiene a su cargo el Servicio Nacional de Migración, la entidad encargada del “tránsito de personas”, y tomar las acciones legales que corresponden, como la declaratoria de persona no grata o la expulsión inmediata.
En su criterio, todo tipo de acusación debe estar respaldado con alguna prueba fehaciente, pues de lo contrario puede producir “fricciones”, con otros países, como México, que podría buscar una explicación, porque la acusación fue dirigida a un supuesto ciudadano de ese país.
El presidente Morales, durante el acto de la Anapol, advirtió que existen funcionarios de la institución del “verde olivo” y civiles que “venden” información acerca de “problemas, sean internos, de carácter económico, político y social, a la CIA y a otras agencias de inteligencia extranjera”. Dijo que quienes realizan esta acción están cometiendo “traición a la patria”.
Según la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la traición es un delito que debe ser penado con la máxima sanción, de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Morales dijo que espera que la “justicia boliviana juzgue a los traidores de la patria”.
Asimismo reiteró la acusación de que Rodrigo Carrasco es agente de la CIA. Indicó que está seguro de que “ningún general de la Policía pudo haber accedido a 21 cursos o seminarios de capacitación en diferentes países”.
Este matutino consultó con dos ex generales de la Policía, que pidieron guardar sus nombres en reserva, y señalaron que existen agentes que tienen más de 30 cursos realizados en el extranjero en distintas especialidades, como inteligencia, tránsito, explosivos e incluso existen capacitaciones para analizar los contenidos de los medios.
Las denuncias generan controversia en partidos
La denuncia del presidente Evo Morales en sentido de que existe un segundo “agente” de la CIA estadounidense infiltrado en Bolivia y la insistencia en que el ex policía Rodrigo Carrasco fue contratado por ese organismo extranjero generaron controversias entre el oficialismo y la oposición.
El jefe de bancada de Poder Democrático y Social (Podemos) en la Cámara de Diputados, Bernardo Montenegro, afirmó ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, estuvo en cuatro ocasiones en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y dijo que el Jefe de Estado “debería fijarse primero en su entorno antes de acusar sin sentido al ex Capitán de Policía”. En tanto, para el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y presidente de la Coordinadora Departamental para el Cambio (Codelcam), afín al Gobierno, Édgar Patana, el servicio secreto estadounidense viola la soberanía del país. “La CIA siempre estuvo en todo, en las organizaciones sociales, cívico-vecinales, sindicales, en todo lado; esto hace que el Gobierno ponga un freno a esta situación que viola la soberanía del país”.
Desde Santa Cruz, el presidente del Consejo Departamental, Juan Carlos Parada, comentó que con estas denuncias el Gobierno pretende desviar la atención de la población sobre el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Sin embargo, Fidel Surco, presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio, dijo que “la derecha sigue infiltrada (…) para que los movimientos sociales nos peleemos internamente”.
Algunos apuntes
El Gobierno del presidente Evo Morales insiste en que la CIA se infiltró en Bolivia.
El Jefe de Estado denunció ayer que existe un segundo agente que opera en el país.
Estados Unidos aclaró que el sindicado trabaja en su Embajada en Bolivia.