Crítica. Elizabeth Reyes sugiere aprobar una resolución camaral. Afirma que el fiscal que requirió los extractos de llamadas de dirigentes del TIPNIS debería ser sancionado.
La Razón – Ernesto Calizaya
El fiscal Félix Peralta, que requirió los extractos de llamadas de dirigentes que marchan por el TIPNIS, cometió irregularidades por las que debe responder el Ministerio Público, afirmó la diputada Elizabeth Reyes, que tramita una resolución camaral para evitar esta acción.
Resolución. La diputada Elizabeth Reyes muestra su proyecto de resolución.
“Estoy pidiendo una resolución camaral con dispensación de trámite y voto de urgencia, para que sea tratada en la Cámara de Diputados y, una vez aprobada, sea enviada al Ministerio Público, para que (esta instancia) pueda retomar el respeto a la privacidad de las personas”, dijo la diputada de Unidad Nacional (UN).
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Según Reyes, lo que hizo el fiscal Peralta, al requerir los extractos de llamadas de los teléfonos que pertenecen a dirigentes y a un diputado, es totalmente ilegal. “El Fiscal General del Estado (Mario Uribe) debería suspender inmediatamente al fiscal Peralta y hacerle una investigación. Y de oficio iniciar una investigación en el Ministerio Público contra las personas involucradas”.
En su opinión, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y todas las personas que podrían haber sido parte tendrían que someterse a esa investigación.
Antecedente. La asambleísta lamentó el hecho de que el Fiscal General del Estado no haya tomado medidas contra Peralta. “Debería en primera instancia suspender al fiscal que emitió ese detalle de llamadas e iniciar una investigación y poner un marco jurídico importante para que no se viole el derecho a la privacidad, pero es el primero que se parcializa, que tapa esta irregularidad”.
El lunes, Peralta admitió haber recurrido a una denuncia presentada en abril para solicitar los registros de llamadas de dos números, los mismos que terminaron por revelar presuntos contactos entre un funcionario de la Embajada de Estados Unidos y los dirigentes Pedro Nuni (diputado del Movimiento Al Socialismo), Rafael Quispe y Roxana Marupa Tórrez, esposa de Adolfo Chávez.
“El propio fiscal Peralta, que es quien emitió (el requerimiento para los extractos), indica que no ha cumplido, no ha sido por medio de un juez”, señaló Reyes, quien justificó su solicitud de resolución camaral en el marco del artículo 25 de la actual Constitución Política del Estado (CPE).
La propuesta de resolución camaral de la diputada Reyes, de ser aprobada, tiene carácter de cumplimiento obligatorio, y pedirá al Ministerio Público el respeto a la ley, a la CPE y a la privacidad de los bolivianos, según la legisladora.
Además, la asambleísta hizo notar que “no corresponde que se haya requerido los extractos con una denuncia de abril, que tenía otros componentes, y cinco meses después se utilice para otras personas y otros componentes, extrañamente sin autorización del juez”. El proyecto de resolución camaral debe ser considerado hoy en el plenario y, de ser aprobado, se remitirá mañana al Ministerio Público, agregó.
Se reveló contactos con EEUU
Denuncia
El 21 de agosto, el presidente Evo Morales Ayma acusó a los dirigentes de la marcha indígena Pedro Nuni (que también es diputado), Rafael Quispe y Roxana Marupa, esposa del sindicalista de tierras bajas Adolfo Chávez, de tener contactos telefónicos con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Un representante de la legación diplomática de ese país admitió el hecho ante la Cancillería boliviana.