La Fiscalía sólo indagará las lesiones, no la toma.
La Vicepresidencia dice que no sugirió la expropiación.
La Razón
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Amparados en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), los dirigentes campesinos de la provincia Omasuyos decidieron tomar el control político de la región y expulsar definitivamente de esas tierras al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, por haber hecho campaña en contra de la aprobación de la nueva Carta Magna y por haber formado parte de la gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La decisión se encuentra contenida en la resolución del ampliado campesino que se realizó el 7 de marzo en la localidad de Sankajahuira, donde además los dirigentes de los nueve cantones del sector Lago y Cordillera decidieron tomar la casa que Cárdenas tiene en esa localidad, porque consideran que al haber hecho campaña por el No “melló la dignidad, ideología y política del pueblo aymara”, según señala la resolución aprobada ese día.
Una copia fue entregada ayer en el Congreso por tres de los dirigentes que participaron en ese encuentro, en el que además sustentaron sus decisiones en lo que disponen los artículos 190, 191 y 192 de la CPE (ver cuadro) en los que se definen los alcances de la jurisdicción indígena.
Amparados en esos artículos constitucionales, los dirigentes declararon el “estado de sitio civil” en la provincia Omasuyos.
El dirigente del sector, Justino de la Cruz, sindicado de haber instigado la toma de la casa, dijo que se declaró “a la provincia Omasuyos como territorio libre jurídico” y que “a partir de la fecha nadie ingresa, ni un fiscal ni un policía, porque están queriendo investigar. Omasuyos tiene su propio fiscal, tiene su Policía y ellos tienen derecho a investigar en su territorio. Los fiscales que quieren ingresar primero que se lean los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política”.
La resolución del 7 de marzo señala que “el pueblo no permitirá el ingreso de los agentes, policías, de intentar investigar o realizar cualquier tipo de persecuciones” e instruye que “nadie debe declarar ante la prensa oral y escrita, ni las autoridades ante los estrados judiciales…”.
De la Cruz también justificó la toma de la vivienda en el artículo 56 de la CPE, que garantiza “la propiedad individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. El dirigente aseguró que “Cárdenas no ha cumplido con la función social”.
Luego, el ex constituyente del MAS y ahora asesor legal de las comunidades de Omasuyos, Gregorio Mamani, anunció que se encargará de hacer los trámites necesarios para conseguir una expropiación legal. Sin embargo, al no haber una norma específica que permita la expropiación de propiedades urbanas, el diputado masista Leandro Chacalluca anunció que presentará “un proyecto de ley de expropiación de la casa del ex vicepresidente Cárdenas, para que ésta preste un servicio de necesidad pública”.
En la conferencia, los comunarios admitieron que el motivo de la toma es político. La resolución del ampliado del sector Lago y Cordillera acusa a Cárdenas de haber sido “cómplice en la subasta de las empresas estratégicas y entregando en manos a las empresas transnacionales de los recursos naturales renovables y no renovables de Bolivia” y de haber hecho campaña por el No a la nueva Constitución Política.
“Esto es lo que ha colmado la paciencia de los dirigentes, porque incluso se hizo una primera toma de ese inmueble el 25 de enero, durante el referéndum constitucional”, recordó la dirigente de la oficialista federación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, Beatriz Quispe, acusada por Cárdenas de planificar la toma.
De la Cruz complementó que “este señor (Cárdenas) inclusive está en contra de las políticas de nuestro presidente Evo Morales”, lo que en su criterio justifica su “expulsión definitiva”.
Entretanto, Quispe dijo no temer a Cárdenas y lo retó a que “pruebe que somos criminales, ¿A quién hemos matado? Tiene que aclarar esto … este señor apesta como el dengue, él ha mellado el nombre de Túpac Katari”.
Lo que dice la nueva constitución
Art. 190 • Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios…
Art. 191 • La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena…
II. La jurisdicción indígena…se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial.
1 Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena… 2 Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesino … de acuerdo a una ley de deslinde… 3 Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan dentro de la jurisdicción.
Art. 192 • Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena…
La expulsión se extendería a 20 provincias
Tras la expulsión del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas de su comunidad natal, el asesor legal de los comunarios de Huatajata y ex constituyente del MAS, Gregorio Mamani, anunció que el destierro se ampliará a las 20 provincias de La Paz.
“Se lo va a expulsar de la provincia y después de las 20 provincias del departamento de La Paz, porque la gente está molesta, porque él dice que representa a los indígenas. Ésa es la bronca que se tiene”, señaló.
El último ampliado del sector Lago-Cordillera de la provincia Omasuyos, donde está ubicada la casa de Cárdenas, determinó la expulsión del ex vicepresidente de este lugar.
El acta del ampliado realizado el 7 de marzo señala textualmente: (Cárdenas) “está expulsado de forma definitiva del sector Lago”, por lo que la familia Cárdenas no podrá volver a habitar el inmueble que fue tomado por los comunarios.
Mamani señaló que los dirigentes de sectores sociales, así como los líderes provinciales del departamento, “anunciarán la decisión en los próximos días”.
La Fiscalía sólo indagará las lesiones, no la toma
TRABAJO • Fiscales esperan los testimonios de las víctimas para iniciar las investigaciones.
La Fiscalía de Distrito de La Paz descartó ayer iniciar las investigaciones de oficio por la toma protagonizada por las autoridades originarias de Sankajahuira a la propiedad del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas. Sólo se indagarán las agresiones que sufrieron sus familiares la tarde de ese sábado.
“El Ministerio Público tiene la función investigativa de hechos delictivos, lo demás es un asunto civil y comunitario, otro tema en el que no interviene. Sólo las agresiones”, indicó ayer el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, en el edificio de la Fiscalía.
Luego de que los comunarios de la región de Huatajata tomaran y saquearan la vivienda de la familia Cárdenas la tarde del sábado, la Fiscalía ordenó la creación de una comisión especial de fiscales para indagar los hechos.
En un contacto telefónico con este medio, el fiscal miembro de esta comisión, Gregorio Blanco (El Alto), afirmó que sólo se investigarán las lesiones a las víctimas, no así el despojo ni el allanamiento a la vivienda, pues ese caso correspondería a un juez de partido, indicó.
“No hay una denuncia formal (…) estamos esperando recibir la entrevista de las víctimas y expedir citaciones de este hecho por los delitos de lesiones. Allanamiento de domicilio y despojo corresponde ser conocido por el juez de partido”, sostuvo Blanco.
Desde el sábado, el domicilio de la ex autoridad está resguardada por los pobladores y se restringió el acceso a los policías y a los medios de comunicación.
Ante esta situación, Jorge Gutiérrez dijo que se ordenó a la Policía “el resguardo” de dichas instalaciones; no obstante, hasta ayer, los uniformados permanecen a unos 200 metros del lugar y los vecinos hacen vigilia.
DATOS
Comisión • Está conformada por José Santos Lipa (Achacachi), Gregorio Blanco (El Alto), Julián Marca (El Alto) y José León Silva (El Alto).
Visita • Gutiérrez dijo que en cuanto conoció los hechos, se trasladó junto a su equipo al hospital donde fueron derivados los familiares. Sin embargo, hasta ahora no se logró tomar sus declaraciones.
Fiscalía General ordena investigar
Caso • Sospecha de delito de allanamiento y actos de violencia.
La Fiscalía General de la República ordenó el inicio de una investigación por delito de allanamiento y otros, perpetrados contra familiares y la vivienda particular del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, hechos ocurridos en la comunidad paceña de Sankajahuira, cantón Huatajata, el fin de semana.
El fiscal General interino, Mario Uribe, dijo ayer que instruyó la investigación a la Fiscalía del Distrito de La Paz, la misma que designó fiscales de materia que están a cargo del recojo de información sobre los actos de violencia contra la esposa, los hijos y los bienes de Cárdenas.
El fiscal Uribe rehusó brindar detalles sobre ese proceso, al señalar que la calificación de los delitos corresponderá al equipo de investigadores asignado al caso, pero anticipó que entre los ilícitos observados a través de distintos medios se podía presumir el de allanamiento.
En otro tema, el Fiscal General expresó su preocupación por la nueva recusación presentada este martes por la defensa del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, en contra de cinco miembros del Tribunal de Juicio de Responsabilidades.
Ese incidente volvió a paralizar el proceso a la ex autoridad, en el inicio de una audiencia en la que debía resolverse el pedido de la Fiscalía General de aplicar la detención preventiva de Valle y la de arraigo del co imputado Jorge Sánchez Peña Sattori. Sucre. ANF
La Vicepresidencia dice que no sugirió la expropiación
CARTA • La Razón precisa que no señaló que se haya insinuado una recuperación violenta.
La Paz, marzo 10 de 2009
Señor
Juan Carlos Rocha
Director
La Razón
Presente
De mi consideración:
En la edición de hoy de La Razón, en la página A8, encontramos el titular: “Comunarios piden la expropiación de una casa, como García sugirió”.
La nota hace referencia a una entrevista que el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, dio la mañana de ayer a la periodista Amalia Pando en Erbol. Sin embargo, tenemos una vez más que solicitar al periódico que usted dirige, rectifique esta afirmación que no concuerda de ningún modo con la realidad.
A continuación, transcribo el momento de la entrevista al que ustedes hacen referencia:
Amalia Pando: ¿Deberían devolverle la casa?
Álvaro García Linera: “Tiene el derecho de propiedad, pero lo que sí podía hacer la comunidad es hacer los trámites que son propios en las comunidades, de que aquellas personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población, en la siembra, en la cosecha y en las festividades, puedan ser objeto de un proceso legal interno de expropiación, pero eso es un proceso legal interno, eso sí podía darse. Una toma y una recuperación violenta no se justifican y no las vamos a permitir”.
Como se puede leer en el texto transcrito, el Vicepresidente está describiendo alguno de los usos y costumbres que tienen las comunidades indígenas campesinas para proceder con sus miembros que tienen tierras cultivables o habitables dentro de la misma comunidad y que no cumplieron con su deber de servicio social (ocupar los cargos de Alcalde Escolar, Corregidor, Secretario General, Mallku, es decir ser autoridad originaria y otros deberes). En ningún momento, el Vicepresidente está sugiriendo que expropien su propiedad a nadie, es más, como usted podrá escuchar en la grabación, aseguró que el Gobierno no permitirá una recuperación violenta. El titular de ustedes es una interpretación que contradice la realidad. Si se tomaran el tiempo de investigar cómo se procede en la comunidad aymara, para proporcionar una información más completa a la opinión pública, verían que eso es lo que el Vicepresidente refirió con sus palabras.
Señor director, una vez más nos vemos en la ingrata labor de pedirle una aclaración y rectificación al respecto, como corresponde, en la misma página y la misma extensión donde publicaron la falsedad mencionada.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Lucía Suárez Blancourt
Asesora del Vicepresidente del Estado Plurinacional
NdR: Las expresiones del vicepresidente de la República, Álvaro García, que están transcritas en la carta son las mismas que publicamos en la edición de ayer. La Razón en ningún momento señaló que el Mandatario sugirió una recuperación violenta, sino que, por el contrario, destacó el proceso legal interno que él menciona, posibilidad que fue tratada en el ampliado de los campesinos, realizado el lunes 9 en Huatajata.
Ahora, no sólo La Razón comprendió que el Vicepresidente de la República sugirió la expropiación de la casa de Víctor Hugo Cárdenas; diarios del interior del país y la agencia ANF también entendieron lo mismo. Además, a la pregunta: “Deberían devolverle la casa”; la respuesta de García Linera no ha sido ni sí ni no y es evidente que habla de expropiación.
No hay, ciertamente, una relación directa entre las expresiones del Vicepresidente y la decisión posterior de los comunarios de Huatajata, como pudiera entenderse del titular de la página 8 de la citada edición; sin embargo, ambos elementos coinciden secuencialmente el mismo día.