Los casos son de la Corte Suprema, Tribunal Agrario y del Tribunal Constitucional, que dejarán de existir cuando los nuevos magistrados asuman sus funciones. Autoridades judiciales dicen que mientras “despachan” casos, les llegan otros.
Página Siete, Pablo Peralta / La Paz – 10/10/2011
Más de 10.000 casos quedarían como causas pendientes a resolver de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Agrario, del Tribunal Constitucional, luego de que los nuevos magistrados, que serán elegidos el 16 de octubre, asuman sus funciones.
Página Siete recurrió a los presidentes de esos organismos, con la finalidad de conocer cuántos casos estarían sin resolverse, una vez que el Poder Judicial culmine su existencia formal y se abra paso al nuevo Órgano Judicial, establecido en la nueva Constitución.
Antes de entrar en detalles, Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, considera que es de esperar que queden casos pendientes debido a que estamos en una etapa en la que las causas están siendo admitidas con las leyes que se están proyectando cambiar, “y esto continuará” hasta que las nuevas autoridades sean posesionadas y cuenten “con las herramientas jurídicas”, que ya se diseñan.
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En materia
Beatriz Sandoval, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, informó que el organismo que encabeza dejaría alrededor de unas 5.000 causas pendientes a ser resueltas, luego de que las nuevas autoridades judiciales asuman sus funciones.
Esa instancia judicial, según datos proporcionados a este medio, resolvió en todas sus salas (Plena, Civil, Penal primera y segunda, y Social Primera y segunda) hasta septiembre de esta gestión, 1.830 causas.
Por otro lado, Iván Gantier, presidente del Tribunal Agrario, estima que hasta diciembre más de 2.500 causas “quedarían pendientes de resolución” en esa instancia judicial agraria.
Entre las temáticas de las causas están las demandas por impugnación a las resoluciones de saneamiento, las de titulaciones, procesos sobre nulidad de títulos, entre otros.
En el caso del Tribunal Constitucional, el presidente de esa entidad, Ernesto Félix Mur, estima que quedarán 3.000 causas pendientes de sentencia. De éstas la autoridad estima que 900 serán de control de constitucionalidad, que por mandato de la Ley 040 no tienen “competencia” para tratarlas, y que deben ser resueltas por el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, mientras que las restantes de 2.100 corresponden a amparos y acciones de libertad.
Según datos colgados en su sitio web, de enero a septiembre, esa instancia emitió 1.727 resoluciones y el mes de abril fue en el que más cantidad se registraron, con un total de 364.
Por otro lado, el director de Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura, Romel Murillo, informó que el primer trimestre de esta gestión se determinó que había 400 casos disciplinarios pendientes a resolverse.
No obstante, sostuvo que una proyección más cabal sobre los casos disciplinarios de los que se ocupa esa entidad estará lista para mediados de este mes, debido a que se “ingresó a un proceso de liquidación”.
Pero, mientras las autoridades de estas instancias tratan de resolver los casos, otros ingresan y aumentan los casos pendientes de resolución. “Así como despachamos causas, siguen ingresando”, dice el ministro de la Corte Suprema, Jorge Monasterios.
Mientras que la presidenta Beatriz Sandoval es pesimista en el recambio en la justicia que se está en proceso a generar. “Una nueva justicia en Bolivia es un reto demasiado grande. El proceso debió haberse hecho con un poco más de tiempo para dar óptimas condiciones a lo que viene. Pese a desear que haya una justicia más ágil, pronta e independiente, como se están dando las cosas, dudo de que vayan a mejorar en gran manera. Dios quiera que el remedio no sea peor que la enfermedad”, admitió la autoridad.
Instituciones que cumplen su ciclo
Suprema. Es el máximo tribunal de justicia ordinaria, contencioso-administrativo de la República. Conformado por 12 ministros. En su lugar nacerá el Tribunal Supremo de Justicia, que contará con nueve titulares y nueve suplentes.
Agrario. Máxima instancia en la justicia agraria. Tiene 10 vocales. Su sede está en Sucre. Con la posesión de las nuevas autoridades nacerá el Tribunal Agroambiental que contará con siete magistrados.
Constitucional. El Tribunal Constitucional está encargado de ejercer el control de la constitucionalidad. Tiene su sede en Sucre. En su lugar nacerá el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Está conformado por cuatro consejeros de judicatura. En su lugar nacerá el Concejo de la Magistratura, que contará con cinco consejeros.
Crearán juzgados liquidadores para resolver casos pendientes
Los magistrados entrantes se encargarían exclusivamente de los nuevos.
Suplentes. Según el presidente del Tribunal Agrario, Iván Gantier, se proyecta que los magistrados suplentes se hagan cargo de las causas que queden pendientes.
El Gobierno planea crear “juzgados liquidadores” para que se hagan cargo de los casos que queden pendientes de resolución, después de que las nuevas autoridades elegidas para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional asuman sus funciones tras su elección.
Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, comentó que a “convocatoria” del presidente Evo Morales, los órganos Judicial, Legislativo y el Ejecutivo -además de docentes y abogados notables invitados- conformaron distintas comisiones, con la finalidad de trabajar en el proceso de transición del paso del antiguo Poder Judicial al nuevo Órgano Judicial.
Una de ellas es precisamente la comisión que trabaja el proyecto de “ley de transición”. Este tópico contempla dos aspectos que Ayllón considera “fundamentales”: por un lado la “transición jurisdiccional” (los procesos); y por otro, la “transición económica financiera”.
Según la diputada, dentro de lo que es la redacción del proyecto de ley de transición, se “prevé” la creación de los “juzgados liquidadores”, para que éstos se hagan cargo de los casos que están quedando “del viejo sistema”, ya que “no se pueden quedar en suspenso”.
“Se está analizando cómo van a funcionar los juzgados liquidadores, y además las cortes liquidadoras tanto en lo que es el Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, cómo van operar en este periodo de transición, con la liquidación de las causas del actual sistema y cómo van a iniciar el nuevo sistema”.
Iván Gantier, presidente del Tribunal Agrario y que además conforma la comisión redactora del proyecto de ley de transición, comenta que en el caso de los “órganos máximos de justicia” los magistrados que sean elegidos como suplentes en las próximas elecciones judiciales se harán cargo de la liquidación de las causas, ya que se busca que las autoridades titulares no se “contaminen con el sistema judicial actual”.
Ayllón asegura que para evitar que el proceso de transición que se quiere encarar dure más de diez años -como hasta dura el del Código de Procedimiento Penal- se están analizando mecanismos para evitar incurrir en lapsos largos.
“Son muchas las propuestas que se reciben, seguramente veremos la más conveniente para evitar que las causas pendientes de este actual sistema tengan que transitar muchos años hasta quedar concluidas”.
Aparte de la comisión que trabaja ese proyecto de ley, la diputada también informó que se conformaron distintas “comisiones codificadoras”, como la que “está redactando la adecuación del procedimiento penal a la Ley del Órgano Judicial y a Constitución, la comisión del procedimiento civil, la del procedimiento laboral y la del procedimiento agroambiental”.
Punto de vista
Paulino Verástegui. Experto en reforma judicial
La ley de transición no puede ser simplemente para crear juzgados liquidadores.
Personalmente no creo en ellos, si no se cambian los procedimientos. Y esto sí se puede hacer con esta ley que se trata.
En ese marco, toda esta situación tiene que aterrizar en un plan estratégico de reforma integral de la justicia. Las reformas que trata esta comisión codificadora debería apuntar a cambiar los principios generales del nuevo proceso, apuntando esencialmente a lo que es la conciliación y la oralidad. No basta cambiarle el nombre a los procedimientos, sino debe haber un cambio de visión.
En la ley de transición incluso debería establecerse la conclusión de los procesos de este sistema de forma extraordinaria, y esto puede ser atendido por los jueces liquidadores a través de la conciliación. Pero no deben existir jueces liquidadores de manera indefinida, ya que a diez años de vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal aún hay jueces liquidadores del viejo código. Por eso es importante darle un plazo a la liquidación del viejo sistema. Si no, vamos a entrar en el manejo de dos lógicas distintas, y eso no le hace bien a la reforma judicial.
Este tipo de cosas tienen que ser dimensionadas por el Gobierno. Incluso tendría que haber un debate público sobre esta ley de transición. Sería muy bueno que se haga conocer públicamente para que pueda ser enriquecido. Página Siete.