La Paz, 11 mar (ANF).- El Gobierno aún sin reaccionar por la carta que envió el presidente-interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, a Miguel O´Connor D´Arlach Taborga, imputado por cohecho y organización criminal, pidiéndole informe sobre la renovación de la póliza de garantía de Catler-Uniservice.
Para el ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, es un procedimiento “regular” el que siguió Villegas para averiguar si la contratista renovará la póliza de garantía de correcta inversión del anticipo.
La existencia de la carta fechada en febrero fue conocida el lunes por el fiscal anticorrupción Edward Mollinedo, a través de la declaración de uno de los citados, indicó la autoridad en declaraciones divulgadas por la red de televisión PAT.
En YPFB, este martes, aseguraron que saldría “una posición oficial” de la empresa, además con copias de cartas. Sin embargo, hasta el envío de esta nota indicaron que aún desconocían cuándo se emitiría el comunicado.
La carta de Villegas a O´Connor en calidad de Representante de la sociedad accidental Catler-Uniservice pide la renovación de la póliza de garantía.
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Se debe recordar que el 18 de febrero, Carlos Villegas en representación de YPFB se constituyó en parte civil y presentó la querella criminal contra el ex presidente Santos Ramírez y 16 ex funcionarios de la empresa, identificándoles como “autores intelectuales y materiales” de seis delitos penales, entre ellos malversación y uso indebido de influencias.
Los hechos delictivos se refieren particularmente “al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, puesto que infringieron “los artículos 146, 154, 224, 144, 221 y 150 del Código Penal”.
El caso de corrupción fue desatado con el asesinato de Jorge O´Connor D´Arlach Taborga y el robo de 450.000 dólares, ocurrido el martes 27 de enero. Estos hechos delictivos destaparon el oleaje de denuncias y dieron lugar a la destitución de Ramírez y el despido de las personas que le colaboraron durante su paso por la petrolera.
La carta del mes pasado pide la renovación de la póliza de garantía de correcta inversión de anticipo presentada para la convocatoria pública nacional e internacional para la provisión e instalación llave en mano de la planta de separación de licuables de gas licuado de petróleo a ser instalada en el campo Río Grande. //JTI//