Bernardo R. Valdivia
Estimados todos es importante hacer notar los problemas que existían en la Administración de Justicia, los que puntualizare rápidamente:
1. Falta de independencia de poderes entre Poder Político y el Poder Judicial que garantizó, garantiza y garantizara la impunidad de los que detentan el Poder Político:
2. La Justicia es Corrupta y responde el sistema a quien tiene mayar poder político y/o económico a través de mecanismos y redes institucionales y grupos de poder, que en los últimos tiempos se ha agudizado llegando al extremo de establecer rangos de precios para las sentencias a favor de los que tienen poder y dinero, un Abogado no se valora por los meritorio, eficiencia, valores éticos y trasparencia, sino por el grado de relacionamiento, influencia y poder político para manipular la justicia a favor de su cliente.
3. La Justicia es Excluyente, por lo anteriormente vertido la justicia no permite el acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad en igual de condiciones, situación también se ha agudizado en los últimos años paradójicamente (los Casos de narcotráfico con vinculación oficialista, Caso de Terrorismo como mecanismo de terror y miedo a los opositores, La Calancha con objetivo político de aprobar la CPE del MAS, El Porvenir como parte de un plan de concentración de poder la derrota militar de la oposición el punto de bifurcación, casos de Corrupción en función del interés político varias autoridades electas destituidas con procesos de dudosa seriedad jurídica. Bueno el más emblemático los casos es la interpretación jurídica de Conflicto del TIPNIS, que a pesar que existe derechos establecidos en la CPE del MAS, en Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, se ha promulgado el Titulo de Tierra y Territorio consolidando la Propiedad de los indígenas, Resoluciones de la OIT y Naciones Unidas ratificadas con Leyes Nacionales, han y son violados sus derechos de manera sistemática).
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4. Retardación de Justicia, debido a las cargas procesales que tienen que ver son sistemas administrativos deficientes, personal improvisado y de dudosa idoneidad en el mayor de los casos es una realidad del día a día, situación que se agudiza con la presencia del poder político presionando.
5. Un Sistema que Promueve la Injusticia, destruye la institucionalidad y los derechos humanos, al violar el debido proceso y la presunción de inocencia.
¿Cuál es el Mandato del Poder Ejecutivo al Poder Judicial? – Viabilizar la Acción Política y Garantizar la Impunidad de los Principales Actores del MAS.
Estos problemas de la Administración parten fundamentalmente de una decisión del Poder Ejecutivo de no considerar importante en un proceso de reforma del Poder Judicial, el fortalecer el Estado de Derecho y la Institucionalidad, intenta de manera sistemática subordinar al Poder Judicial destruyente la Corte Suprema de Justicia, Des institucionalizando el Tribunal Constitucional y Cooptando el Consejo de la Judicatura, así como el Ministerio Publico con el objetivo de concentrar poder con el mandato de legalizar el Régimen oprobioso del MAS y de garantizar la impunidad sus actores que de manera permanente y continua violaron la anterior CPE y la que ellos mismos construyeron la CPE del MAS.
¿Qué se puede esperar de este proceso de elección de Magistrados?
Esta etapa es parte fundamental de proceso de concentración de poder, para la construcción del Estado Prebendal, Rentista, Simbólico y Mediático, el Estado Plurivalvular Falso, sin duda cabe la consolidación de la Subordinación del Poder Judicial al Poder Político, para responder al mandato de los poderosos del Poder Ejecutivo, lo que nos permite concluir que en definitiva que los males y problemas de la Administración de la Justicia no se solucionaran, se agudizara la Falta de Independencia de Poderes, la Corrupción Institucionalizada, la Exclusión, la retardación y la violación sistemática a los Derechos Humanos en un Sistema Nefasto de Administración de Justicia.
¿Cuál es la alternativa?
Muy simple y muy complejo, es construir un poder Judicial Institucionalizado, independiente, eficiente, eficaz y principalmente que defienda en Ley los Derechos Humano de la ciudadanía, que implica mejorar las capacidades, las habilidades, las destrezas de los administradores de justicia, pero fundamentalmente un cambio de actitud, comportamiento y mentalidad de servicio a todos los bolivianos sin ningún tipo de favoritismo y/o discriminación.