Delito. La debilidad del marco normativo boliviano hace que la mayoría de las denuncias detectadas por la Unidad de Investigaciones Financieras queden en nada. Del total de casos que llegaron entre 2007 y 2010 a la justicia, en ninguno hubo sentencia condenatoria.
Lavado: 835 denuncias y ninguna sentencia
Los Tiempos – 6/11/2011
La debilidad del marco legal y normativo para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es la principal causa por la que Bolivia es, junto con Etiopía, Kenia, Myanmar, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Siria, Turquía y Cuba, uno de los 10 países de la lista de cuestionados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que no han podido cumplir sus compromisos internacionales en la materia.
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El GAFI, en su último informe de evaluación emitido en París, Francia, y publicado el pasado 28 de octubre, dice que las principales deficiencias del país están relacionadas con la inadecuada criminalización de los delitos relacionados con el lavado o “blanqueo”. Esto se plasma en la capacidad de los administradores de justicia para tratar los casos.
Un informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollado en junio de este año por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) —filial del GAFI de la que el país es socio—, revela que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) boliviana ha recibido en los últimos cuatro años, entre 2007 y 2010, 835 denuncias relacionadas con el lavado de activos o legitimación de ganancias ilícitas. En ese mismo período, sólo 44 casos han llegado a instancias judiciales y en ninguno hubo sentencia condenatoria.
De acuerdo con la evaluación del Gafisud, si bien se puede apreciar que existe una tendencia al aumento de apertura de casos, no hay sentencias condenatorias a la fecha “debido a la configuración de la ley penal boliviana y la interpretación que del tipo penal del artículo 185 bis (que penaliza el lavado) han efectuado los operadores de justicia”.
En cuanto al estado actual, de los 44 casos procesados un 55 por ciento está en etapa preliminar; un 18 por ciento en etapa preparatoria; un 16 por ciento fue rechazado; un 5 por ciento llegó a juicio; otro 5 por ciento fue sobreseído y un 2 por ciento entra en la categoría de “otros”.
Las estadísticas elaboradas por el Gafisud con datos de la UIF muestran que la mayoría de los casos, un total de 29, se ventila en el distrito judicial de La Paz; cuatro en el de Santa Cruz, tres en Chuquisaca; dos en Cochabamba; dos en Beni; dos en Pando; uno en Potosí y uno en Tarija.
Tipificación
Entre las deficiencias que el Gafisud señala está la tipificación de la legitimación de ganancias ilícitas contenida en el artículo 185 bis del Código Penal, que no se adecúa a las convenciones de Viena y de Palermo.
“El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad (…)”, dice el mencionado artículo.
Para el organismo, las convenciones exigen que la tipificación incorpore los verbos “ocultar, disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito”.
Crece ámbito de regulación
Uno de los cuestionamientos que hace el Gafisud a Bolivia, en el informe mutuo de evaluación sobre los avances del país en la lucha contra el lavado elaborado en junio pasado, estaba relacionado con las limitaciones de la regulación.
Luego de la publicación del documento, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido disposiciones para resolver ese vacío determinando la incorporación al ámbito de regulación de las casas de cambio, empresas transportadoras de dinero y casas de juegos y juegos de azar, lo que significa la ampliación significativa del ámbito de acción de la Unidad de Investigaciones Financieras y consiguientemente un mayor control y represión del lavado de dinero.
El Ministerio de Economía y Finanzas también destaca la reciente aprobación de una ley que incorpora al Código Penal la figura del delito de Financiamiento del Terrorismo que cubre una falta que constituía una observación relevante por parte del GAFI.
Bancos y casas de cambio son los que más denuncian
LOS REPORTES EXTRANJEROS PROVIENEN ESPECIALMENTE DE ARGENTINA.
Los Tiempos
Los bancos y las casas de cambio son los que más denuncias han hecho a la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) sobre reportes de operaciones sospechosas que podrían estar relacionadas con lavado de dinero.
El informe de evaluación mutua, elaborado en junio pasado por Gafisud, indica que la UIF, en los últimos cuatro años, ha recibido un total de 835 denuncias de las cuales 562 son reportes de operaciones sospechosas.
El mayor sector denunciante es el bancario con 485 reportes presentados; sigue las casas de cambio con 32 denuncias; los fondos financieros privados con 14 y las sociedades de fondos de inversión con siete, entre otros.
LA UIF también ha recibido denuncias y ha abierto 30 investigaciones, entre 2006 y 2010, producto de solicitudes de las UIF de otros países.
La Unidad de Información Financiera de Argentina ha realizado 15 requerimientos durante el período 2006-2010, seguida de la Unidad de Análisis Financiero de Chile con cinco casos durante el mismo período.
Respuestas
El Gafisud recomendó a la UIF boliviana mejorar los tiempos de respuestas de los requerimientos solicitados por sus homólogos extranjeros y establecer la normativa que permita al regulador sectorial de seguros y valores prestar colaboración a sus homólogos internacionales.
También aconsejó dotar a las autoridades de aplicación de la ley de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir adecuadamente con sus tareas en materia de cooperación internacional.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha suscrito Acuerdos de Entendimiento con organismos supervisores de otros países entre ellos Panamá, Perú, Guatemala y Venezuela.
Los acuerdos tienen por objeto facilitar la supervisión consolidada de bancos constituidos de conformidad con la legislación del supervisor de origen, mediante la vigilancia de establecimientos transfronterizos.
Colaboración con otros países
Unidades financieras
La UIF de Bolivia ha abierto investigaciones a partir de información proveniente de entidades homólogas de: Argentina, Chile, Perú, Brasil, Sudáfrica, Croacia, Paraguay y Bélgica.
Otras entidades
También ha recibido información de otras entidades financieras y gubernamentales como el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y el Ministerio Público de Chile.
LAS FUENTES
J El informe del Gafisud indica que las autoridades bolivianas identifican al tráfico de sustancias controladas, los delitos de corrupción y los de naturaleza económico-financiera así como el contrabando, como las principales fuentes de recursos de origen ilícito.
Las operaciones identificadas para lavar activos en Bolivia son principalmente mediante la utilización de estructuras legales ligadas al sector inmobiliario, así como la utilización del sistema financiero no bancario, principalmente el sector cambiario.
Sobre el particular, señala Gafisud, debe tomarse en cuenta que existen limitaciones presupuestarias importantes en las autoridades competentes, “las que carecen de los medios idóneos para llevar adelante las investigaciones patrimoniales adecuadas, esto acompañado de la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia: jueces, fiscales, policías, auditores forenses, en materia de análisis de tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como en técnicas especiales de investigación”.
ANÁLISIS
“Los esfuerzos contra el lavado son infructuosos”
El lavado de dinero en el mundo aumenta en lugar de disminuir, demostrando que los esfuerzos de todos los gobiernos de los países del mundo son infructuosos. En todos los países existen oficinas especializadas, como en Bolivia la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la misma que está exigiendo un conjunto de tareas a los bancos del país.
Todas las entidades financieras que están reguladas y fiscalizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) están ahora abocadas a diseñar políticas de prevención, de control y de detección sobre ganancias ilícitas, así como diseñar reportes informativos, en cumplimiento a instrucciones de la UIF, lo cual no sólo implica gastos para las entidades financieras sino que su implementación dificultará la atención de los bancos a sus clientes.
Cada vez se hará más difícil abrir una cuenta bancaria por la cantidad de requisitos que se está pidiendo con el propósito de garantizar “fehacientemente” los datos de un cliente. Los bancos están obligados a informar de cualquier movimiento financiero, “raro o sospechoso”, que haga un cliente a la UIF.
En Bolivia esta labor se hace mucho más difícil que en un país desarrollado por la enorme informalidad económica que existe.
Aquí está el problema, hay mucha gente que debe estar operando con los bancos, que no tienen nada que ver con las actividades ilícitas de las drogas, pero que opera informalmente lo que es lo mismo decir que no cumple íntegramente con el pago de impuestos. Esto ya se puede calificar como “ganancias ilícitas”.
Por tanto, en la medida en que los bancos sean duros con los clientes al momento de exigirles información de todo lo que hacen, poniéndoles dificultades cuando quieran utilizar sus recursos depositados, van a desincentivar la bancarización de la gente.