El contrato irregular entre YPFB y la inexistente Catler-Uniservice se protocolizó, después del estallido de corrupción en la estatal petrolera, en Oruro con la presunta “participación” y “conocimiento” del prefecto Alberto Aguilar, según el presidente de la Comisión del Senado que investiga el caso, el senador por Podemos, Walter Guiteras.
Alberto Aguilar se ve implicado en corrupción de YPFB
El legislador de la oposición dijo que Aguilar será incluido en una fase complementaria de las indagaciones junto al notario de Gobierno, Álvaro González Aramayo y los ejecutivos del Banco Unión Carmen Villarroel González e Iver Javier Antonio Vargas Aspiazu.
Aguilar y esos funcionarios “deben explicar por qué se firmó y protocolizó en Oruro el contrato de fideicomiso a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), después de que estalló el escándalo”, dijo Guiteras.
“El documento (de protocolización) fue firmado posterior al escándalo”, dijo el legislador.
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Guiteras también ratificó que el Ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce “es responsable con los demás implicados” en el caso de corrupción en YPFB. Para el senador es “extraño” que “el Gobierno haya buscado una ciudad que no sea la sede de YPFB para firmar el contrato de fideicomiso y así facilitar los trámites de protocolización”.
“Quién autorizaba los desembolsos, supervisión, seguimiento, control, fiscalización y sistema de auditaje, era el Ministro de Hacienda. El Ministro tiene responsabilidad en este caso”, insistió.
El Ministro Arce reconoció a través de una solicitada que el Gobierno transfirió dinero del Tesoro General de la Nación a las cuentas del Banco Unión para que esa entidad realice los desembolsos de manera directa a favor de las instituciones del Estado, beneficiadas con los fideicomisos.
Según el contrato de fideicomiso del 14 de agosto de 2008, a favor de YPFB, el Ministro Arce asume la condición de “fideicomitente”, con la obligación de fiscalizar al fiduciario, es decir, al Banco Unión.
El Ministerio de Finanzas, como fideicomitente, entregó al Banco Unión $us 45 millones en calidad de fideicomiso para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande-Santa Cruz. De este monto, el 12 de noviembre del 2008 se realizó un desembolso de $us 35 millones para la apertura de una carta de crédito (una garantía) a nombre de Gulsby para la importación de equipos para la planta.
YPFB suscribió un contrato con Catler-Uniservice y ésta subcontrató a Gulsby. La irregularidad, radica en que la carta de crédito (la garantía) tenía que ser abierta por Catler y no el Estado boliviano.
Posteriormente, el Banco Unión realizó otros dos desembolsos de $us 1.650.000 cada uno en favor de Catler-Uniservice SRL. El primero, el 1 de diciembre, y el segundo, el 14 de enero del 2009. La Patria