José Gramunt de Moragas, S.J.
El pasado día 3 de enero, el Sr. Presidente estrenó el año de 2012 con la investidura de las 56 nuevas autoridades judiciales previamente escogidas a dedo por el partido de gobierno, pero deslegitimados por el voto mayoritario de la ciudadanía en las elecciones judiciales de octubre del pasado año. La orden del presidente pesó más que la voluntad mayoritaria del pueblo soberano que votó “nulo”.
En su discurso protocolar, Don Evo justificó el profundo cambio que exige el Órgano Judicial, dado que “las leyes que se aprobaron antes de que (Evo Morales) ingrese al gobierno son provenientes de Roma y Estados Unidos”. (Se saltó varios siglos de la historia del Derecho pues olvidó mencionar a las perversas leyes coloniales españolas, así como a la legislación revolucionaria y napoleónica francesa).
No obstante este pequeño olvido y, en un gesto “inédito” de coraje, aclaró “A todos los miembros del Órgano Judicial, Evo Morales no les pide que me defiendan, que me protejan. No quiero”. Para redondear tan generosa renuncia, el Sr. Presidente abogó por un Órgano Judicial independiente. A fin de alcanzar este objetivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará las leyes y los códigos que hagan falta para que se concrete el cambio profundo de la institución judicial “ad hoc”, a la medida del actual régimen político. La resultante será pues una independencia, políticamente dependiente.
Por su parte y a modo de despedida del “ancien régime”, el cesante presidente interino del Tribunal Supremo Plurinacional, Jorge Von Borries hizo alusión (póstuma) a “la independencia de los magistrados frente a otros Órganos, a grupos sociales y a partidos políticos y grupos de poder”. Independencia que – dijo – “es esencial y fundamental. No le debemos nada a ninguno de los grupos. Nos debemos al pueblo boliviano”. Sabias palabras, pero que no se cumplen desde que Don Evo auspició la politización de la justicia y su consecuencia lógica, la criminalización de la política.
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Inmensa tarea la que se encomienda a la Asamblea Legislativa encargada de elaborar, debatir y aprobar las normas a las que deberán atenerse el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Medioambiental, así como sus procedimientos. Al respecto, el veterano jurisconsulto Jorge Von Borries propuso la innovación de los juicios orales, a fin de simplificar los farragosos procedimientos vigentes hasta ahora. Se presupone que la oralidad de los juicios no sacrificará las garantías del procedimiento.
A pesar de todo, los nuevos magistrados darán ejemplo de austeridad, “sus señorías” no pedirán sueldos mayores que el del Presidente del Estado Plurinacional ni tendrá coche oficial, ni edecanes de servicio.
Ante este panorama y dadas las experiencias registradas en el tiempo del actual gobierno, conviene insistir en que los cambios programados no irán en contra de los grandes principios del derecho, universalmente reconocidos. Pongo por caso, los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la presunción de inocencia, la no retroactividad de las leyes… Ya es hora de instalar el Estado de Derecho, frente a la verborrea, al autoritarismo y la arbitrariedad.
ANF