Centa Reck
¡Qué lastima!, Bolivia está retrocediendo a la época del 80 en materia de narcotráfico. Si recordamos fue en esta década que Bolivia vivió una meca de la actividad delictiva del narcotráfico, un boom que llevó a un contagio de tal magnitud, que todos terminaron por creer que esta actividad estaba justificada por el simple hecho de que podía sacar de manera rápida a muchas personas de la pobreza endémica propia de un país en el que la falta de estímulo a actividades productivas se suma a malas administraciones de gobierno, situación por la que se sigue reproduciendo la pobreza y que ha llevado a que en nuestro país la clase política se ocupe de hacer ganchos o promesas electorales, que luego de acceder al gobierno las echa en saco roto, llevando a que estas mismas clases políticas tan sólo se concentren en identificar el mejor método de usurpar el poder y enriquecerse con los recursos públicos.
Después de la muerte del científico Noel Kempff en Huanchaca, la sociedad boliviana tuvo una reacción y decidió luchar contra el narcotráfico, marginar a los narcotraficantes de los círculos sociales y económicos, iniciando así un proceso de restitución de la actividad productiva como la fuente lícita de producción de bienes y riquezas que debe fomentar una sociedad que se precie de tener un cierto grado de evolución.
Los más de veinte años de lucha contra esta actividad que además de ilícita es criminal porque inevitablemente se emparenta con el crimen organizado parecen ahora asunto del pasado. Esto ha ocurrido desde el momento que el gobierno de Evo Morales decidió dar vuelta la página y obedecer ciegamente a las demandas de los sindicatos cocaleros de los que sigue siendo el líder máximo además de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Esta dualidad de Morales presidente y líder de los cocaleros, es una situación ya insostenible para Bolivia, y es en realidad el hilo del ovillo para entender todo lo que está sucediendo en el país en materia de narcotráfico, actividad que se va extendiendo, excediendo y en muchos casos goza de la aquiescencia y protección de funcionarios de gobierno que son de extracción cocalera o que desean ganarse los favores de este sector convertido en el eje del poder social-sindical que gobierna la Bolivia actual.
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Los análisis serios apuntan a que el problema que se está produciendo es que la lucha contra el narcotráfico terminó con la llegada de Evo Morales al gobierno y esto ha llevado a que la actividad inevitablemente se dispare y que crezca a tal punto que en la actualidad ha pasado ya al plano del afianzamiento de cárteles internacionales de la droga que ya estarían operando en Bolivia, con el costo social que esto acarrea.
Esto ha quedado plenamente comprobado con el descubrimiento de la fábrica de cocaína más grande y con mayor producción de droga de la última década, que confirmaría la presencia en territorio nacional de los cárteles internacionales no sólo de Colombia, sino también ramificaciones provenientes de México y Rusia, situación que se deriva del “sobre cultivo” o el cultivo excedentario que determinan un bajo precio de la hoja de coca. Estos carteles estarían compitiendo con los clanes locales integrados por los mismos cocaleros convertidos ahora en narcotraficantes cada vez más entusiasmados y sofisticados en sus métodos de producción a gran escala.
Según datos oficiales de las Naciones Unidas, en Bolivia hay 30.000 hectáreas de cocales, sin embargo, sólo 12.000 son legales y 18.000 ilegales. De acuerdo con la información, en Bolivia se necesita sólo 10.000 hectáreas para el uso tradicional, es decir, “pijcheo” o “acullico” o masticado, por tanto, el destino de las 20.000 hectáreas excedentarias es el narcotráfico. No hay mucho que decir, los datos hablan por sí solos.