El 15 de julio del 2010 la abogada Valkhiria Lira ya había vertido una denuncia en contra del juez Aníbal Miranda y el abogado Waldo Molina Gutiérrez por “apropiación” de casi medio millón de dólares del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), incurriendo en los actos delictivos de corrupción y tráfico de influencias.
Ésta es la portada del periódico mensual LargaVista que denunció el hecho de corrupción.
La acusación tiene relación a “tráfico flagrante de influencias”, bajo el argumento de cobro de honorarios profesionales con dineros del Estado.
“Queremos denunciar este terrible acto de corrupción que tiene como víctimas nuevamente al Estado boliviano, a través de su entidad que se denomina Focsap, y también a varios exaportantes del Fondo de Retiro para los Empleados Públicos (Frep)”, manifestó.
Este hecho retoma actualidad, luego que un juez emitió sentencia condenatoria de dos años en contra del periodista Rogelio Peláez, a raíz de una publicación referida al cuestionado abogado.
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La abogada que fue contratada para defender los bienes del Estado acusó al juez y al abogado (Molina) de apropiación de recursos estatales. “No se puede hacer cobro de un honorario profesional de dineros estatales, es decir, el Estado no puede pagar abogados particulares con dineros que el mismo Estado recuperó del (otro) estafador Dante Escobar”, sostuvo.
En 1997, Escobar fue sindicado como el principal autor de la estafa de 10 millones de dólares al Focssap y luego de un juicio fue condenado a 11 años de prisión en la cárcel de San Pedro de La Paz, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho activo, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, conducta antieconómica y apropiación indebida.
Niega acusación
El abogado Waldo Molina Gutiérrez –también en 2010- había negado la presunta estafa de casi medio millón de dólares y anunció acción legal en contra de sus colegas Valkhiria Lira y René Peralta.
Molina aclaró a ERBOL, mostrando documentos que recibió del dinero de sus clientes aproximadamente 3.200.000 bolivianos de honorarios profesionales por el largo proceso del caso de la estafa al Fondo de Retiro para los Empleados Públicos (Frep) y no de los recursos del Estado.
“Una vez que se concluyó este proceso, que tuvo una duración de más de 10 años, el juez Tercero de Partido en lo Penal Aníbal Miranda ordenó la devolución del monto estafado por Dante Escobar a las 285 víctimas del FREP, que son mis clientes y ya recibieron la devolución de sus aportes el año pasado, además el doble por daños y perjuicios, paralelamente también el mismo juez ordenó la regulación de honorario del abogado de las víctimas”, explicó.
Fuente: ERBOL