Definitivamente, la relación de los indígenas -tanto del oriente como del occidente- con el gobierno de Evo Morales ha pasado del alineamiento al desencanto, al punto que los pueblos nativos no encuentran otra forma de comunicación con el poder que las medidas de presión.
La última muestra de este fenómeno es la amenaza formulada por el “Mallku” de la provincia Bautista Saavedra, quien advierte con una maldición contra el presidente si no declara a esa región como zona tradicional de cultivo de coca.
Evidentemente, en el asunto también se suma la formación de feudos cocaleros auspiciada por la tolerancia gubernamental de los últimos años.
“La coca tiene un castigo terrible, nosotros pedimos al gobierno, al Viceministro de la Coca (…) en caso que si no acepta nuestra coca de la provincia Bautista Saavedra los callahuayas no le vamos a dar ningún castigo, nada, pero la coca le dará su castigo, entonces si no aceptan esto, bien claro estamos hablando nuestro hermano Evo puede perder su silla, le va dar su castigo de la coca”, dijo el “Mallku” Edgar Maceda.
Mientras esto sucede, claro síntoma del distanciamiento entre la nomenklatura gobernante y sus ex bases, la conflictividad alcanza nuevos récords en el país, confirmando la ruptura entre la superestructura burocrática del MAS y la infraestructura de movimientos sociales que le permitió el ascenso al poder.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde 1971 no existía un pico igual de conflictividad en el país, lo que echa por tierra la falaz teoría de la “gobernabilidad social” esgrimida por Álvaro García Linera en la campaña electoral del 2005.
La creciente conflictividad demuestra que la demagogia política implementada por el evismo no representa solución alguna para las demandas de la sociedad civil, y que en cambio éstas tendrán que ser viabilizadas mediante una política de diálogo social que un gobierno como el actual, con obvias tendencias autoritarias, no parece capacitado para instrumentar…