La agenda de los derechos humanos no ha sido agendada durante mucho tiempo en los gobiernos locales. Se priorizaron otras obras. Obras de cemento y que generen votos.
Pasaron las elecciones departamentales y municipales, hay ganadores: 56 nuevos alcaldes y un gobernador y un vicegobernador en el departamento de Santa Cruz, que serán acompañados por concejales y asambleístas, elegidos por el voto popular.
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Si bien en sus propuestas electorales, ofrecieron el cielo y la tierra, pues bien, en el momento de la gestión pública se podrán encontrar con una serie de limitaciones económicas, presupuestarias burocráticas, que será imposible cumplir, por ejemplo, con un parque acuático en cada barrio.
Pero ellos, pueden dar respuestas urgentes y sin mucho dinero, de un tema que es esencial y pilar para toda sociedad, comunidad y país: la plena vigencia de los derechos humanos. Ante ello, fundamentalmente lo que deben hacer es cumplir con toda la legislación ya aprobada, promulgada y en vigencia. No hay secretos, ni tampoco se trata de descubrir la pólvora, ni gestionar recursos económicos ante el gobierno central.
Solo necesitan voluntad, decisiones, capacidad de gestión y tener el personal adecuado para impulsar una vigorosa y amplia cultura de respeto de los derechos humanos, en su dimensión de cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de 160 artículos que instituyen los derechos humanos de todos y todas los bolivianos.
En lo que hace al gobierno departamental, está en vigencia el Estatuto Autonómico, promulgado en enero de 2018 por el gobernador Rubén Costas, importante documento, que en su artículos 117 y 118, crean la Defensoría Departamental de los Cruceños y Cruceñas que velará y coadyuvará en el cumplimiento de los derechos establecidos en el Estatuto Autonómico y en la Constitución Política.
Pues bien, los asambleístas lo que deben hacer, entre sus prioridades, es poner en marcha este Estatuto y en este caso concreto, la creación de la Defensoría Departamental de los Derechos Humanos. Para ello, no necesitan alegar que no hay presupuesto o falta de legislación.
Un tema para la agenda departamental, acompañada de todas las leyes sobre derechos humanos que le dan competencia y responsabilidades al gobierno departamental.
A nivel de los gobiernos municipales, el abanico de leyes de protección de la mujer, de los niños, niñas, adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con VIH Sida, de los jóvenes con problemas con la ley, de las personas con discapacidad, contra la discriminación, contra la trata y tráfico, contra la violencia sexual y otros, le exigen a las autoridades municipales políticas integrales de acción, de prevención, información y de acompañamiento.
Las cifras de violaciones a los derechos humanos son altas. Cada día entre 25 a 30 mujeres sufren algún tipo de agresión; cada día hay entre 3 a 5 casos de violaciones a niñas y adolescentes; cada año alrededor de 400 personas desaparecen; cada año se producen 20 a 25 feminicidios, y estos datos solo se refieren a Santa Cruz.
Agregado a ello, los problemas del consumo de drogas entre los estudiantes y jóvenes; el caos vehicular, el abuso de los transportistas, el atropello de los operadores de justicia, y tantos otras taras sociales que arrastramos y que están bien incrustadas en las familias, en los grupos, en las instituciones, en las empresas privadas, etc.
Frente a ello, el gobierno municipal debe jugar un rol fundamental ampliando de forma responsable su accionar en el marco de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de todos quienes somos parte de esta sociedad.
Como verán y queda demostrado la urgente y necesaria definición de priorizar la dimensión de los derechos humanos, desde la gestión pública y también desde la decisión del ciudadano.