Gobierno dice que respeta la propiedad y no la garantiza. El pecado es pensar y actuar distinto.
Invasión. 3 centros mineros y 3 propiedades privadas fueron ocupadas en La Paz.
2 DE ABRIL • Pobladores de Cohoni, La Paz, van al encuentro con policías para devolver el armamento. Días antes, los efectivos intentaron, sin éxito, retomar la mina Himalaya.
La Razón
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La suerte que corrió la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la República en Sankajahuira, no es una excepción en el país. Pese a que el gobierno del presidente Evo Morales asegura el respeto a la propiedad privada, en la presente gestión, pobladores de comunidades rurales ya tomaron tres centros mineros y tres viviendas.
Además, 10 concesiones mineras están bajo amenaza de ocupación, al igual que otras dos viviendas en La Paz.
En la mayoría de los casos, los líderes de estas tomas arguyen que la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum el 25 de enero, les otorga el derecho propietario sobre la vivienda que no cumple su función o la explotación de las minas. En el sector del subsuelo, existen al menos 13 conflictos entre comunarios y empresas privadas mineras o cooperativas. De ellas, dos no llegaron a una solución y continúan en manos de los pobladores.
La empresa minera Chacarilla, en La Paz, fue tomada por los comunarios del sector en marzo reciente. En esa oportunidad, un enfrentamiento entre ex cooperativistas y comunarios dejó a dos personas heridas. Los pobladores aseguraron que tienen la autorización para explotar cobre.
Sin embargo, el caso de la mina Himalaya fue el que más
resonó, debido al grado de violencia que mostraron los campesinos. El 2007, fue tomada por los comunarios de la localidad de Cohoni, porque, según relataron, el propietario no cumplió con los compromisos con la comunidad. Sin embargo, dos años después, un fallo de la Superintendencia de Minas ordenó la retoma del centro minero con la intervención de la fuerza policial.
El 29 de marzo, pobladores de Cohoni frenaron el operativo policial: 36 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) resultaron heridos, cuatro de ellos con lesiones graves. Además, les arrebataron tres pistolas, dos carabinas, rifles lanzagás, escudos y cascos, algunos de los cuales fueron devueltos.
A la fecha, los comunarios mantienen el resguardo del lugar y se reveló que explotan wolfran y estaño para venderlo al mercado informal con ayuda de ciertos funcionarios de gobierno.
Un tercer caso se conoció poco antes, cuando un campesino pereció y otros cuatro resultaron heridos tras un enfrentamiento entre comunarios de Cocamillupaya y mineros de Lipichi, cerca de Sorata, en La Paz.
Lipichi era administrada hasta el año 2007 por la empresa ‘Luso-Minera’, que se encargaba de la extracción de oro para exportarlo. Sin embargo, comunarios de Cocamillupaya intervinieron el centro minero hace casi dos años y expulsaron a los trabajadores de la empresa. Desde entonces, organizaron la mina e incluso se conoció que habrían ofrecido la venta de acciones a otros campesinos para que se hicieran socios. No obstante, la ‘Luso-Minera’ volvió con sus mineros al centro y el domingo 8 de marzo de este año, los pobladores intentaron retomarla. Fue allí donde estalló el enfrentamiento y que dejó un fallecido.
Los lugareños intentaron retomarla bajo el argumento de que la nueva CPE les otorga el derecho. “Con la nueva Constitución, tenemos derecho a explotar la mina (Lipichi), que se encuentra en nuestro territorio y no en otro lugar”, dijo a La Razón Gróver Quispe Alegre (18), uno de los cuatro heridos en el choque entre campesinos de Cocamillupaya y mineros de Lipichi.
Según la Policía, no se pudo intervenir pues ambos bandos habrían estado armados.
Los otros 10 restantes conflictos están latentes, vale decir, con los intereses contrapuestos o con un conflicto presente, donde los actores no toman medidas de hecho (ver infografía).
La nueva Constitución establece, en su artículo 308, que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país; asimismo, garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por ley.
“La aplicación de esta norma por los gobiernos de turno se presta a excesos y abusos. Para evitar esto, la Constitución debería precisar que las actividades industriales y comerciales privadas para la exportación de bienes o productos nacionales a mercados extranjeros contribuyen al desarrollo económico y social de Bolivia y fortalecen su independencia económica”, enfatizó el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, en un trabajo para la Cámara de Exportadores al que La Razón tuvo acceso.
El sábado 7 de marzo, pobladores de Sankajahuira saquearon el domicilio del ex vicepresidente Cárdenas, con el argumento de que hizo campaña por el No al proyecto de CPE para la consulta de enero.
Hasta ahora, el ex vicepresidente no puede recobrar su vivienda e inició un juicio penal contra el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, por incumplimiento de deberes.
“El derecho a la vivienda es un derecho formal y no hay nada que justifique el despojo. Como en mi condición, hay cientos de bolivianos. Alguien en Bolivia debe recordarle al ministro Rada el cumplimiento de sus deberes constitucionales, y por ese incumplimiento estamos empezando un juicio penal por la vía ordinaria en Sucre”, sostuvo Cárdenas en un contacto telefónico con este medio.
Tras el despojo de la propiedad de Cárdenas, los comunarios determinaron la expulsión de su familia de la comunidad; similares casos se presentaron en el departamento de La Paz.
La diputada disidente del MAS Marleny Paredes fue agredida por sus vecinos, en la localidad de Carmen de Chicalulo, en los Yungas paceños, bajo la acusación de que “traicionó” al partido de gobierno y la amenazaron con expropiar su propiedad de siete hectáreas.
Otro caso. Desde el 2006, campesinos de la localidad San Pablo Norte, en Caranavi, amenazaron a un vecino suyo (este medio mantiene en reserva el nombre) con destruir su vivienda si no plantaba coca.
Dos años después, acusado de haber incendiado unos cafetales, fue agredido físicamente y su propiedad destruida. “El daño económico llega a más de 4.000 bolivianos”, lamentó el entrevistado de 62 años, quien se considera un “autoconfinado” en El Alto, pues teme volver a su tierra.
Pero el caso del campesino no es el único. En una entrevista con este medio, un poblador de la localidad de Cajuata también teme retornar a su vivienda. Sus vecinos lo agredieron el mes pasado, según indicó, por “no compartir con sus negocios ilícitos”.
El entrevistado precisó que en sus tierras no se cultiva marihuana, como los demás vecinos, quienes se dedicarían a realizar esta actividad penada por ley.
Estos conflictos también se replicaron en Rica Rica, provincia Inquisivi (La Paz). Un hombre recibió amenazas de muerte, según relató, luego de que los vecinos lo interceptaran al salir de su domicilio. Para él, la CPE fue el motivo de su expulsión, “ellos no dicen ser de ningún partido, pero dicen que con la Constitución pueden hacer lo que quieren”.
Y esa situación amenaza con expandirse a la ciudad, pues comunarios de Alto Irpavi quieren ocupar terrenos de Irpavi, con el argumento de que no cumplen la función económica social que establece la CPE, según ellos.
Gobierno dice que respeta la propiedad y no la garantiza
El partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, llegó a justificar las invasiones de propiedades privadas, pese a que el Órgano Ejecutivo mantuvo invariable el discurso de que se garantizará el respeto a la propiedad privada, aunque aún no tomó medidas al respecto.
La toma de la vivienda del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, el 7 de marzo en Sankajahuira, fue el ápice de esta afirmación.
La propuesta de expropiación de la propiedad de Cárdenas desencadenó versiones contrarias entre parlamentarios del MAS.
El diputado Leandro Chacalluca informó que presentará “un proyecto de ley de expropiación de la casa del Cárdenas para que ésta preste un servicio de necesidad pública”, mientras que el senador Antonio Peredo sostuvo que la expropiación es posible sólo con una ley de necesidad aprobada por el Congreso Nacional.
En un contacto con este medio, el diputado masista Jorge Silva dijo que “de ninguna manera las tomas son justificadas, por ser consideradas un delito” y adelantó que los responsables de estos actos “serán procesados” por la vía legal, aunque opinó que Víctor Hugo Cárdenas no cumplió.
El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, y el de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmaron que se garantiza la propiedad privada, pero no descartaron una retoma de la vivienda bajo el argumento de que existía un “litigio”. Esta versión fue desmentida por el ex vicepresidente Cárdenas.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, también garantizó el respeto a la propiedad privada. “Vamos a hacer una campaña de concientización acerca de los alcances del derecho a la propiedad privada y que éstos no pueden ser objeto de vulneración”, afirmó Romero.
Consultado sobre este tema, el viceministro de Justicia Indígena y Comunitaria, Valentín Ticona, indicó que espera el apoyo de los medios de comunicación para difundir la campaña, pues el presupuesto asignado para este objetivo es mínimo.
“Para la difusión tenemos 5 mil bolivianos, ni siquiera (alcanza) para un comunicado”, aseguró Ticona a La Razón.
La disputa en el sector minero se asemeja a las peleas por los inmuebles urbanos. Autoridades de Gobierno aseguraron que harán respetar la ley en relación a la toma de la mina Himalaya (provincia Murillo, cantón Cohoni) que pasó a manos de los pobladores hace 18 meses, pero no mencionaron las medidas para cumplir ese objetivo.
“La Constitución, en ningún momento justifica la ocupación ilegal de propiedades y utilizaremos los mecanismos para restablecer el orden en distintos lugares”, declaró el 1 de abril el vicepresidente de la República Álvaro García Linera.
Las denuncias sobre toma de tierras datan del 2004
CASO • Ese año, un ministro acusó al MAS y al MST de impulsar el denominado “Plan Vinto”.
Ya en el año 2004, el entonces presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Céspedes, denunció que en enero de ese año el Movimiento Sin Tierra (MST), en estrecha relación con el MAS, formuló una estrategia denominada «Plan Vinto», con el objetivo de promover la toma de tierras, como un instrumento para copar el poder político en Santa Cruz.
«(…) Ello les ha permitido articular una red de terrorismo en la zona, con la presencia de asesores peruanos, que han ejecutado una serie de operativos consistentes en toma de tierras, secuestro de personas, robo y destrucción de bienes, amenazas y agresiones», anunció Céspedes.
La denuncia la hizo el 3 de mayo, días después que un grupo del MST ocupó el predio Los Yukises, en medio de agresiones.
Fuentes del oficialismo que pidieron guardar reserva, revelaron que existe un ala radical en el MAS, fundamentalmente en el área campesina, que considera que las propiedades de los terratenientes ya deberían ser tomadas, en cumplimiento de lo que dispone la nueva Constitución.
Para ellos, se trata de recuperar lo que siempre les perteneció.
Actualmente, la Prefectura de Santa Cruz conformó un Comité Interinstitucional de Seguridad Ciudadana, “para evitar que militantes del MAS avasallen tierras”, informó el secretario general de la Prefectura, Roly Aguilera.
El pecado es pensar y actuar distinto
GOBIERNO • El viceministro Ticona dice que casos como los actuales no son recientes.
• 7 DE MARZO • Pobladores impiden el acceso a la vivienda de Cárdenas. Anunciaron que sería una casa para ancianos.
El disentir con la visión politica de un grupo o incumplir presuntamente las normas y actividades de una comunidad, son los pretextos para que una persona sea expulsada de su pueblo, coincidieron las personas entrevistadas por este medio que sufrieron este tipo de agresiones.
Las ocupaciones habrían tomado mayor relevancia desde el año 2006, según afirmaron los entrevistados, cuando el MAS, a la cabeza de Evo Morales, subió al gobierno. No obstante, para el Viceministerio de Justicia Indígena, Originaria y Campesina, estas acciones siempre existieron, sólo que ahora se pretende “politizar la jurisdicción”.
Dicha jurisdicción tendría el marco de los artículos 190, 191 y 192 de la CPE, sobre la jurisdicción indígena, originaria y campesina que son entendidos por lo incitadores a estas tomas como un “respaldo” para quitar propiedades, viviendas, tierras o minas, y pasarlas luego a disposición de la comuna.
“Estas cosas siempre han pasado, pero es que no se han publicado como ahora se lo hace. Lo que pasa es que se está queriendo politizar la jurisdicción. Estamos apuntado a querer confundir eso con la justicia indígena y no se están respetando los derechos. No se quiera politizar ni confundir”, sostuvo Valentín Ticona, viceministro de Justicia Indígena, Originaria y Campesina, en un contacto con este medio.
Sin embargo, no sólo los temas políticos son una excusa para expropiar propiedades. De acuerdo con dos entrevistados, el no plantar coca o no contar con plantaciones de marihuana, como el resto de los comunarios, también fue un motivo de disputa que generaron amenazas de expulsión que derivarían en la posterior toma de sus tierras.
“Uno va a la Policía para que se haga algo y te dicen: “¿yo qué puedo hacer?, en este retén somos dos policías no más, a nosotros más nos van a linchar” y te dicen que vayas a la Fiscalía”, relató con el rostro entristecido un campesino de 62 años, que perdió su vivienda el año 2006 y la falta de recursos económicos le impide continuar con un proceso judicial.
Una situación similar vivió el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, quien denunció que durante la toma de su vivienda, la Policía llegó casi dos horas después, cuando sus familiares fueron agredidos por los comunarios de otros pueblos.