El atentado contra la casa del cardenal, la muerte de tres presuntos terroristas, la aprehensión de otros dos y la realización de un operativo policial que derivó en el hallazgo de armas, nada menos que en un stand de la Feria de Exposición, configuran una cadena de sucesos de elevada complejidad en el país, que han generado en los últimos dos días un clima de preocupación y de confusión en la ciudadanía.
Tuffí Aré, jefe de redacción de EL DEBER. Fuente: El Deber.
Llama la atención la rapidez de estos acontecimientos, que parecen ser apenas los que han iniciado un proceso complicadísimo de otros hechos que pueden ocurrir más adelante, de consecuencias tal vez mucho más graves.
Dos son las versiones que se manejan preliminarmente sobre los recientes eventos violentos. Ambas son tan diferentes, que terminan generando dudas y aumentando la confusión en la población. La del Gobierno está apoyada en los resultados de una impactante operación policial, que ha derivado en el fallecimiento de tres presuntos terroristas, dos de ellos extranjeros, y la aprehensión de un foráneo y un boliviano, además de la presentación de las armas halladas en un stand ferial. La versión gubernamental se nutre de esos indicios para concluir que hay grupos terroristas en Bolivia, vinculados a “una ideología de extrema derecha” que podrían haber atacado al cardenal y que preparaban “un magnicidio” contra el presidente Morales y otras autoridades.
La otra versión totalmente contraria es la del prefecto de Santa Cruz, que acusa al Poder Ejecutivo de ejecutar con el operativo del hotel Las Américas y con el de la Expocruz “un montaje o un show” para involucrar a las instituciones cruceñas en los graves acontecimientos que supuestamente apuntarían a eliminar al presidente Morales.
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En medio de este fuego cruzado de delicadas hipótesis, algo expuestas a intereses políticos, está el ciudadano común y corriente, que lo único que espera es tener un país en el que pueda vivir tranquilo y en el que prevalezca la verdad.
Esto no es precisamente lo que abunda ahora en Bolivia, donde la violencia política se ha ido arraigando últimamente en el sistema debido a las pugnas por el poder. No se puede desconocer que la confrontación ideológica puede haber abonado el terreno para que germinen las intenciones criminales de actores radicales, que tal vez han decidido apostar a métodos de lucha antidemocráticos. No obstante, resulta muy arriesgada la hipótesis que alguien deslizó sutilmente en sentido de que, con los últimos acontecimientos, Santa Cruz apunta a ser el epicentro del terrorismo en Bolivia.
Tan irresponsable ha sido el manoseo político del atentado contra el cardenal, como lo es la intención emergente en alguien de estigmatizar a este departamento y a algunas de sus instituciones. Lo deseable en el tratamiento de un problema tan complejo como el del terrorismo es alentar investigaciones responsables con procedimientos policiales y judiciales rigurosos, que respeten además los derechos de los ciudadanos.
Cualquier acto terrorista requiere la condena general y una investigación profesional para dar con los responsables. En ese sentido, nadie puede negar apoyo al compromiso anunciado este jueves por el Vicepresidente de lucha frontal contra cualquier brote terrorista. Tal voluntad gubernamental merece un respaldo ciudadano total.
Lo que no es aceptable es que bajo la bandera de la guerra contra el terrorismo alguien se tome la licencia de cometer abusos o la atribución de afectar los derechos de los ciudadanos. El mundo ha sido testigo en su historia reciente de los riesgos que producen las llamadas “guerras contra el terrorismo”, sobre todo cuando se daña la verdad y la libertad de las personas, con el argumento de garantizarles su seguridad. Que estos ejemplos sirvan para por lo menos reflexionar y tener cuidado ahora que se habla del tema en Bolivia.