“La Constitución dice claramente que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos con la justicia ordinaria o casos que tienen que ver con delitos comunes”, aseguró Dávila en la Vicepresidencia del Estado. La autoridad también dijo que el embajador de Brasil hace vocería política, a propósito del asilo a Pinto, en lugar de cumplir con sus tareas diplomáticas.
El legislador opositor pidió asilo político el 28 de mayo anterior, fecha desde la que se quedó refugiado en la Embajada del Brasil. Hasta la fecha, continúa habitando las instalaciones de la sede diplomática reclamando un salvoconducto a su favor, luego de que el estado brasileño decidió conceder el asilo político. Pinto cuenta al menos con 21 juicios en su contra, motivo por el que denunció persecución política por parte del Gobierno.
Sin Embargo, la ministra Anticorrupción Nardi Suxo indicó que del total de procesos sólo dos correspondían al Ejecutivo, procesos iniciados por desacato de los que ya desistieron.
Fuente: Red Uno.
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