“Muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido”, señala los obispos de la Iglesia católica boliviana, que cita como ejemplo la querella judicial iniciada por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos paceños El Diario y Página Siete.
Diputado denuncia torturas a acusados de atentar contra Evo
SE REUNIÓ CON AUTORIDADES HÚNGARAS
Budapest | EFE.- El diputado de Convergencia Nacional (CN) Andrés Oliva Alcázar denunció ayer en Budapest a la justicia boliviana por el retraso del juicio a los acusados de planear un atentado contra Evo Morales y aseguró que los detenidos han sido torturados en prisión.
Oliva Alcázar, presidente de la Alianza Parlamentaria por la Democracia de América (APDA), explicó a la prensa húngara que en Bolivia hay "mucha preocupación" por el caso y que hay evidencias de que el ciudadano húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, acusados de querer cometer el magnicidio, "habrían sido torturados y sujetos a otros vejámenes".
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El diputado opositor se reunió ayer en Budapest con el secretario de Estado de Exteriores húngaro, Zsolt Németh, para tratar la situación del ciudadano magiar arrestado en Bolivia.
Iglesia pide amnistía para los perseguidos políticos del país
Mensaje. Obispos exigen condiciones para ‘crear un clima de paz’
Acusado. Ignacio Villa Vargas, apodado El Viejo, es uno de los detenidos por el caso Rózsa. Se encuentra recluido en La Paz.
El Deber, Santa Cruz
Los obispos de la Iglesia católica boliviana solicitaron ayer al Gobierno de Evo Morales que indulte o conceda amnistía a los encarcelados, exiliados y refugiados políticos del país; que reconduzca el diálogo y la concertación con los indígenas del Tipnis y que el censo 2012 refleje con fidelidad la realidad del país. También exhortan a la ciudadanía a que ejerza control social sobre el proceso para que se haga una buena utilización de los datos que se obtengan en la consulta.
Los representantes del clero se pronunciaron a través de un comunicado denominado Caridad y verdad, que fue ponderado por políticos de la oposición y cuestionado por parlamentarios del MAS.
El documento, suscrito por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Óscar Aparicio, señala que los obispos del país observan que el escenario de la pérdida de libertades, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial “lejos de mejorar, han ido empeorando, poniendo en grave riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad”.
“Muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido”, señala la CEB, que cita como ejemplo la querella judicial iniciada por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos paceños El Diario y Página Siete.
El senador Bernard Gutiérrez, de CN, dijo que el juicio contra los medios de comunicación es uno de los casos, ya que todos los gobernadores y ex prefectos opositores al régimen de Morales se encuentran encarcelados, procesados o refugiados en otros países.
En esa situación está el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, que está detenido desde 2008 acusado de promover la denominada matanza de Porvenir. El también opositor Ernesto Suárez renunció a la Gobernación de Beni acosado por varios procesos por supuestos hechos de corrupción. Mario Cossío, de Tarija, solicitó refugio político en Paraguay después de que fue suspendido por la Asamblea Legislativa Departamental. En Santa Cruz, Rubén Costas enfrenta 21 juicios iniciados por el Gobierno y sectores afines al MAS.
Entre los perseguidos y refugiados en el exterior se encuentra el expresidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic y el exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que son acusados de apoyar la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz liderada por el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa que murió, junto a otras dos personas, en un confuso operativo policial.
En contrapartida, el senador Eugenio Rojas, del MAS, dijo que la Iglesia está politizando algunos temas y que apoya a algunos miembros de la derecha que tienen cuentas pendientes con el Estado, o que enfrentan procesos penales.
En criterio del parlamentario masista, la curia no debe involucrarse en estos temas de carácter legal, donde existen investigaciones de mucha profundidad para establecer responsabilidades.
No obstante, la Iglesia considera que los encarcelados, exiliados y refugiados políticos están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. “Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos (…). No para la impunidad, sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos. Nos permitimos sugerir, en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”, reza el comunicado episcopal.
Censo y Tipnis, en la agenda
La Iglesia católica hizo un llamado al Gobierno para que retome el camino de “un verdadero diálogo” con las comunidades indígenas del Tipnis, a fin de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras y de garantizar la unidad entre los pueblos originarios.
Asimismo, el clero exige a las autoridades que apliquen correctamente el censo 2012 para que manifieste de forma objetiva la realidad en todos los ámbitos de la vida de las personas y la sociedad boliviana, incluyendo aspectos tan delicados como la identidad religiosa y sociocultural.
La posición de la Iglesia fue plasmada ayer en el documento denominado Caridad y verdad, emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que se encuentra firmado por su secretario general, Óscar Aparicio.
“Frente a las situaciones de conflicto que vivimos y otras que se anuncian, llamamos una vez más a deponer actitudes intransigentes de las partes y a retomar el camino del diálogo responsable como único camino que permite soluciones verdaderas y duraderas”, señala el comunicado.
Los obispos de Bolivia, reunidos en el Consejo Episcopal Permanente, “hemos compartido la preocupación que nos han transmitido varios grupos y sectores de la Iglesia y la sociedad, respecto a algunos aspectos de la realidad actual de Bolivia y ofrecemos nuestra palabra desde los criterios de la fe cristiana”, indica la CEB.
Este es un mensaje de esperanza
Carlos Cordero / Politólogo
La Conferencia Episcopal Boliviana ha venido trabajando ese documento desde hace varios meses y es coherente con la posición de la Iglesia que denuncia persecución política, la utilización de la justicia con fines políticos y preocupación por el Tipnis. En esta oportunidad no se pronunció sobre el narcotráfico, pero también es uno de los temas de preocupación de los obispos.
Esta posición es importante porque para el mundo católico es la voz moral y que estábamos esperando. La Iglesia es la entidad más respetada del país y en estos momentos de debilidad, una vez más surge la posición del clero que emite una voz de aliento para los que hasta el día de hoy se sienten perseguidos por la justicia y la política.
Con respecto al censo se han corrido muchos rumores y la Iglesia no tiene miedo a lo que se pueda decir. Para los obispos la pregunta sobre la religión debió estar en la boleta censal.
En el Gobierno existen voces muy críticas y hostiles contra la Iglesia. Permanentemente intenta descalificarla, arrinconarla para evitar que intervenga en los asuntos públicos, pero el clero no responde con el mismo tono ni con agresividad. La Conferencia Episcopal Boliviana llega con sus mensajes de aliento y de paz.
Apuntes del comunicado de los obispos
Hemos seguido con atención y preocupación el curso de la consulta en el Tipnis (…) Se ha fomentado la división a través de ‘regalos’ o ‘reconocimientos’ a las comunidades
que apoyan la consulta, o por el establecimiento de dirigencias paralelas de las organizaciones indígenas, hecho que amenaza cada vez más la armonía y convivencia pacífica de esas comunidades.
Muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido (…) Muchas otras personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia.
El censo debe ser un instrumento que manifieste de forma objetiva la realidad en todos los ámbitos de la vida de las personas y la sociedad boliviana, incluyendo aspectos tan delicados como la identidad religiosa y sociocultural.