Juan Francisco Gonzáles Urgel
Mientras estábamos distraídos en las reelecciones de Chávez y Barack Obama, una elección en el seno de las Naciones Unidas (cuya Declaración Universal cumplirá el 10 de diciembre próximo, 64 años de adopción y promulgación) permitía la presencia de Venezuela como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Venezuela lleva consigo la triste historia de haber desacatado 55 recomendaciones de la ONU durante los últimos cinco años; además de su retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el argumento de que los organismos internacionales no pueden inmiscuirse en asuntos internos de los Estados.
Thor Halvorssen, presidente de Human Rights Foundation, vaticinó que los representantes de Venezuela se dedicarían a bloquear con “procedimientos técnicos y artimañas” cualquier intento de denunciar violaciones “en su país o de sus aliados”. Es de suponer que Halvorssen incluye entre ellos a Bolivia, con cuyo gobierno Venezuela comparte una amplia gama de metas ideológicas, y artimañas administrativas y jurídicas para perpetuarse en el poder a costa de los Derechos Humanos de sus sociedades.
Los países aliados de Venezuela (Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador) agrupados en el llamado Socialismo del Siglo XXI, no guardan precisamente respeto por los principios de independencia y autonomía de poderes; y por el contrario, patentizan un largo rosario de cuentas pendientes con la democracia y los Derechos Humanos. Todos ellos en uno u otro momento han tratado de limitar la libertad de expresión, las libertades económicas, judicializar la política en contra de sus opositores y en general socavar el Estado Social de Derecho.
El Socialismo del Siglo XXI, por ejemplo, no proscribe el derecho a la propiedad privada; aunque promueve las invasiones de tierras, las expropiaciones y las confiscaciones en nombre de “la recuperación de los recursos para el Estado y las clases desposeídas y explotadas”, permitiendo que la propiedad privada pueda ser ejercida de facto.
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Bolivia ostenta un Tribunal Constitucional elegido por “voto popular” de entre un conjunto de juristas escogidos a su vez por la mayoría política en ejercicio de gobierno, y bajo criterios y circunstancias ampliamente cuestionados; amén del Fiscal General, otrora representante del partido gobernante en la Asamblea Constituyente. La Contraloría General –ejercida por quien fuera Diputado del MAS- y la Fiscalía General, han servido para hostigar a los Gobernadores de Tarija (Mario Cossio) y Santa Cruz (Rubén Costas). Igual suerte corrieron los ex Gobernadores de Pando (Leopoldo Fernández), Cochabamba (Manfred Reyes Villa), Beni (Ernesto Suárez) y Chuquisaca (Savina Cuellar); pasando también sobre Alcaldes, Concejales, sector privado empresarial, Medios de Comunicación, Iglesia Católica y ciudadanía en general.
Por si esto fuera poco, el Órgano Electoral, encargado constitucionalmente de velar por la transparencia de los procesos eleccionarios y la voluntad popular expresada en los votos – también Derechos Humanos- no cumple sus funciones puesto que, según Ernesto Suárez Sattori, “la actual vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, Jenny Dely Suárez, es la esposa del jefe de campaña del MAS para esta elección departamental. Además denunció que el presidente del organismo electoral en el Beni, Carlos Ortiz Quezada fue delegado de la candidata Jessica Jordan en una pasada elección”.
El Estado Plurinacional asigna un esmirriado 0.13% del Presupuesto General para el Poder Judicial, afirmación del jurista William Herrera. No es de extrañar entonces que "actualmente entre el 83 y 85 por ciento de las personas privadas de libertad son detenidos preventivos. Solamente en un rango de 12 a 15 por ciento tienen sentencia condenatoria", tal como afirmara el Ministro de Gobierno recientemente. Con este presupuesto, se deben atender causas provenientes de la inseguridad ciudadana que campea a diestra y siniestra, los efectos del narcotráfico, y otros atingentes al hampa común. Habría que agregar el costo de poner fiscales a “defender” personeros del gobierno del “desacato” o su nueva tipificación como “injuria agravada” (Vicepresidente dixit) y los desplazamientos de funcionarios del Órgano Judicial que acompañan a la extradición de Goni Sánchez o la parafernalia que niega los principios del debido proceso en el caso del llamado “Terrorismo Separatista”.
En este ambiente enrarecido se pergeña la llamada ley de extinción de dominio a favor del Estado, cuyos contenidos han levantado más de una susceptibilidad. El Artículo 3 de la misma indica: “II. La acción administrativa de extinción de dominio de bienes a favor del estado es independiente, especial, no jurisdiccional, de aplicación preferente a cualquier acción que se haya iniciado, sin necesidad de sentencia penal previa contra la o el titular del bien. De igual forma, el Artículo 10 señala: “2. La sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado otorgarán un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos para que se presenten los descargos que correspondan, computables a partir de la notificación a la propietaria, propietario, poseedor o poseedora”.
Sería pecar de ingenuos el no recelar sobre la aplicación de la proyectada Ley cuando el copamiento institucional derivó en que la Ley anti racismo y discriminación tiene el objetivo de privilegiar el pensamiento único (…”si alguna vez vuelven los k’aras… pobre Bolivia”, ha dicho García Linera), y la Ley de la Madre Tierra pretende sentar la mano sobre las industria agropecuaria del Oriente. Son ya conocidos los efectos que trajo consigo la Ley Marco de Autonomías para “poner en cintura” a cualquier autoridad electa con la simple acusación formal de un Fiscal del Ministerio Público.
Los procedimientos dicen que las causas deben agotar las instancias legales vigentes en cada país antes de ser elevadas a los organismos internacionales para su consideración en atención a que: “1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". Al respecto, un fiscal del Ministerio Público, molesto con los representantes legales de varios procesados por terrorismo, afirmó enfático: "En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida, ahora en esta nueva es patria o muerte". Por su parte, Gualberto Cusi, miembro del Tribunal Constitucional, aguarda castigo por haber salido del redil al indicar que los indígenas del TIPNIS deberían acudir ante organismos internacionales porque los bolivianos no garantizan justicia.
El panorama descrito debería constituir argumento suficiente para comprobar hasta la saciedad que en Bolivia cualquier recurso legal no contará con las garantías del debido proceso, la igualdad procesal y el juicio justo. La recurrencia a tribunales internacionales debería ser activada en forma expedita y sin el preámbulo de las instancias internas que, en el mejor de los casos, atentan contra los principios de celeridad y oportunidad de la ley. Recordemos que los indígenas del TIPNIS esperan impacientes a que sean reconocidos los derechos de preservar su territorio y sancionados los autores de las agresiones sufridas en Chaparina. Las víctimas del caso Porvenir ni siquiera han merecido titulares en los periódicos, olímpicamente olvidados por el Estado Plurinacional y por una sociedad adormecida en su complicidad silenciosa.
Ahora, como una espina de pescado atravesada en la garganta, nos espera Venezuela, flamante miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Países como Bolivia, obligados por una ineludible responsabilidad histórica a marchar rumbo a mejores condiciones de vida, insertos desfavorablemente en un mundo globalizado; amenazados por la pobreza recurrente y con el desafío permanente de corregir las injusticias sociales y económicas, no pueden consumir sus energías en el aprendizaje estúpido de vivir en dictaduras, sean éstas de izquierdas, indígenas, campesinas o cualquier sector social que las cubran con disfraz democrático.
¿Por qué pelearnos contra imperios y otros artificios de las mentes calenturientas que no han logrado trascender los discursos de los años 70? Aquí, en territorio boliviano están los desafíos para defender nuestros Derechos Humanos, individuales y colectivos. Los organismos internacionales son necesarios, pero no suficientes si cada acto de nuestras vidas -públicos y privados- lleva el temor y la impotencia que sufren quienes deben recurrir al personaje cuyo nombre encabeza este articulo, con el conocido grito: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”.