Algunas gobernaciones evalúan acciones, otras todavía analizan la norma y El Alto pide su socialización. La FAM apoya la ley y el CEUB aguarda una explicación.
Fuente: paginasiete.bo
El proyecto de Ley 342 del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 2021-2025 provoca dispersión entre gobernaciones y alcaldías que piden que no se promulgue y organizaciones como la FAM y el CEUB que exigen su pronta vigencia.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que cualquier norma debe ser socializada antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
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“Lo que nosotros queremos es que se nos pueda socializar porque parece que a nuestros diputados y senadores no les da la gana de socializar temas tan importantes que se tratan en el Legislativo y afectan a nuestros municipios”, dijo en red Uno.
En este caso, las instituciones involucradas señaló que son los gobiernos departamentales, municipales y las universidades. “Con soberbia no vamos a llegar a ningún lado. Yo no estoy discutiendo la ley, lo que yo estoy observando es que no se socialice la ley”, detalló Copa.
Añadió que a la Alcaldía de El Alto le interesa conocer los proyectos que se priorizan para la reactivación económica de la ciudad y los porcentajes de contraparte que se deben dar. Lamentó que el Gobierno tome toda movilización como un intento de “desestabilización”, porque no es así.
El Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Menacho, sostuvo que la Ley del PNDES vulnera la autonomía de las gobernaciones, alcaldías y las universidades. “No es nada justo que el Estado esté planificando por las regiones”, añadió.
El secretario de Justicia de esa Gobernación, Efraín Suárez, sostuvo que esta norma corta la posibilidad de que las regiones puedan desarrollar sus planes de manera íntegra, ya que ahora deben ceñirse a lo que dispone el Plan de Desarrollo. “Sobre las acciones que se van a tomar, nuestros parlamentarios analizan las acciones legales para revertir la situación, porque la ley es un atentado contra las autonomías de gobernaciones, municipios y universidades”, subrayó.
La secretaria de Planificación de la Gobernación de Tarija, Karina Liebers, informó que se está evaluando los alcances de la ley aprobada en el Senado para tener una posición oficial.
Sin embargo, adelantó que la Gobernación ya elaboró su presupuesto 2022 y su Plan Territorial de Desarrollo Integral, por lo que, si se promulga la ley, será difícil volver a elaborar los mismos en función del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno.
El director de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Gustavo Pereira, opinó que la gobernación se siente afectada porque la ley busca imponer a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) un plan que no está de acuerdo a la realidad de cada región. “Se pide que cualquier ley que vaya a afectar la parte económica y de desarrollo de municipios y departamentos sea socializada. Este viernes se definirán las medidas a tomar en reunión de gabinete”, dijo en declaraciones a Correo del Sur Radio.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) emitió un pronunciamiento donde asegura que la ley no vulnera la autonomía municipal, ya que es similar a la Ley 786 de 2016 del PNDES. “Rechazamos las declaraciones vertidas por algunos actores políticos y sectores que no representan a los Gobiernos Autónomos Municipales. Pedimos la promulgación inmediata de la ley para facilitar los procesos de planificación a nivel territorial”, indicó.
En Santa Cruz y Cochabamba, docentes de las Universidades Gabriel René Moreno y San Simón se movilizaron contra la Ley del PNDES, pero el secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CEUB), Max Mendoza, dijo que los estudiantes no se movilizaron y pedirán una explicación de la ley.
Arias critica a la federación de municipios
El alcalde de La Paz, Iván Arias, reaccionó con sorpresa al pronunciamiento de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) y señaló que ahora quienes se consideran autonomistas piden que los controlen.
“Si los autonomistas piden que los controlen, ¿a dónde hemos llegado? El país necesita un plan de desarrollo, pero que sea consensuado, que respete competencias constitucionales, pero no que metan la mano al bolsillo”, dijo.
Añadió que el plan generará mayor burocracia y la inversión millonaria que proyecta “es una fantasía”.