La CIDOB funda el flagelo a Fabricano en la nueva CPE. Viceministro Almaraz sostiene que es justicia comunitaria. Consejo de DDHH del Comité atenderá caso de Fabricano. Opositores. Varios juristas defenderán a los acusados
Heridas: las marcas de los azotes en la espalda del dirigente indígena Marcial Fabricano (El Deber)
La Razón
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LATIGAZOS • El viceministro Alejandro Almaraz sostiene que se trata de justicia comunitaria. Los legisladores del MAS hablan de delito.
Enarbolando la bandera de la justicia comunitaria, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, además del dirigente de la oficialista Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, justificaron ayer la flagelación que el viernes un grupo de indígenas afín al Gobierno propinó al director departamental de Desarrollo Indígena de la Prefectura del Beni, Marcial Fabricano.
Almaraz recordó que Fabricano fue impulsor de la justicia comunitaria y dijo que ahora fue presa de su propia iniciativa.
“Voy a ejemplificar. Si yo promuevo la drasticidad especial, la severidad mayor contra la corrupción, no puedo pretender una cosa menor si es que yo llego a estar en una situación así”, dijo.
El viernes, Fabricano fue flagelado durante dos horas por indígenas afines al MAS en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con el argumento de que traicionó la causa indígena al no haber respaldado la aprobación de la nueva CPE.
El principal dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, dijo que Fabricano fue castigado en el marco de la justicia comunitaria, porque quiso inhabilitar a los dirigentes de la Central de Indígenas del Pueblo del Beni (Cepib).
“No hubo dirigentes masistas y en dos oportunidades (Fabricano) ya se había burlado y se escapó (…) No es violación a los derechos humanos, esto ya viene desde el 2007”, insistió.
Contrariamente, parlamentarios del oficialismo calificaron la flagelación como una violación de los derechos humanos y demandaron castigo para los autores. “Es un caso de violación de derechos humanos que debe seguir las vías judiciales que correspondan…hasta sancionar a los responsables”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo (MAS).
El jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, coincidió en que “la justicia comunitaria no es violatoria de los derechos humanos”, como ocurrió en el caso de Fabricano.
Desde Trinidad, donde aún se encuentra internado en un hospital recuperándose de las laceraciones, Fabricano dijo que es víctima del MAS por pensar diferente. “Fue un cruel castigo, no tiene nada que ver con el espíritu de la justicia comunitaria. Es una situación de manipulación política por parte de este Gobierno que implementa acechar contra quienes hemos tomado una actitud de disentir y de tener diferencias”, declaró a la red PAT.
• TRINIDAD • Marcial Fabricano es atendido en un hospital, luego de haber recibido un violento castigo de los indígenas.
El caso de Fabricano se suma a la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas en la provincia Omasuyos, también por discrepar con el oficialismo. Los mismo ocurrió con el ex dirigente Román Loayza.
ANTECEDENTES
Castigo • El viernes, Fabricano asistió a un acto en el parque Isiboro Sécure en representación del prefecto del Beni, Ernesto Suárez. Fue flagelado.
Motivos • Los agresores de Fabricano dijeron que los latigazos fueron por abandonar al movimiento indígena, apoyar la autonomía del Beni y no la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en enero.
Consejo de DDHH del Comité atenderá caso de Fabricano
Opositores. Varios juristas defenderán a los acusados
Aideé Rojas C. | El Deber
El Consejo Permanente de Derechos Humanos de las regiones opositoras al Gobierno anunció ayer que iniciará sus actividades con la defensa del ex dirigente de la Cidob y secretario departamental de Desarrollo Indígena de Beni, Marcial Fabricano, que fue azotado por indígenas y campesinos afines al MAS, así como también con la asistencia jurídica a Crispín Gaspar Inocente, un cocalero que fue expulsado de Chapare por simpatizar con la causa autonómica.
Según el vocero del consejo en Santa Cruz, Fabio Joffré, un equipo de abogados prestará asesoramiento jurídico para que los afectados presenten la denuncia respectiva ante los tribunales sobre los casos de violación de los derechos humanos.
Los azotes que recibió Fabricano el viernes por parte de un grupo de originarios afines al MAS mientras realizaba la visita a una comunidad rural de Beni fue repudiada por representantes de cinco pueblos indígenas: chiquitanos, guarayos, ayoreos, guaraníes y moxeños de Santa Cruz, afines al proyecto autonómico.
Pidieron, en conferencia de prensa, que se realice una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, y apoyaron la iniciativa de denunciar estos hechos ante la comunidad internacional.
José Urañavi, representante del pueblo guarayo, calificó a los agresores de Fabricano como “mandados del partido oficialista y terroristas pagados por el Gobierno para que cometan esos abusos”.
Ese criterio es respaldado por el líder cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, que opinó que la agresión contra esas dos personas es una muestra del atropello a los derechos humanos que se produce en Bolivia y que es avalado por el Gobierno de Evo Morales. “Hasta ahora no se ha escuchado un solo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que conforma el Gobierno”, opinó Núñez en alusión a la agresión a Fabricano y contra Crispín Gaspar Inocente.
Por su parte, el prefecto Ernesto Suárez manifestó que se iniciará un proceso judicial contra los autores intelectuales y materiales de la flagelación cometida contra el funcionario prefectural.
“No vamos a permitir que este tipo de hechos vuelvan a darse en el departamento de Beni. Esto nunca antes se había dado. Es la vez y no queremos que se siga dando”, aseguró Suárez. Un grupo de juristas esclarecerá ese hecho contra Fabricano.
Cívicos de Beni organizan el Consejo
Después de condenar la golpiza contra Marcial Fabricano, el cívico beniano George Llapiz adelantó que en esa región se creará el Consejo de Derechos Humanos, que estará integrado por abogados, representantes de la Iglesia católica y otras entidades para defender los derechos de los ciudadanos.
Esa misma comisión también se encargará de socializar la propuesta que tiene Beni en pro de los derechos humanos y así evitar que otros ciudadanos sean golpeado como sucedió con el ex dirigente indígena y ex presidente de la Cidob Fabricano, que aún se recupera de las agresiones en el hospital de Trinidad.
La CIDOB funda el flagelo a Fabricano en la nueva CPE
El ex dirigente indígena será trasladado a Santa Cruz
Chávez afirmó que Fabricano recibió una arroba de azotes, que equivale a 50 latigazos.
La Prensa
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) justificó ayer el flagelo al que fue sometido el ex dirigente campesino Marcial Fabricano en el Beni. El presidente de esa organización, Adolfo Chávez, dijo que fue un acto de “justicia comunitaria” amparado por la nueva Constitución Política, pero los oficialistas condenaron el castigo.
Según El Deber, Fabricano será trasladado a Santa Cruz por las posibles complicaciones en su salud como consecuencia de la golpiza. El viaje se definirá en las siguientes horas.
La instrucción fue dada por el médico Gary Murillo, quien explicó que el ex dirigente presenta fuertes dolores de cabeza por la brutalidad con la que fue golpeado. El ex dirigente de la CIDOB sufrió ayer una crisis hipertensiva, lo que provocó que su salud recaiga.
Asimismo, se conoció que los indígenas de Beni llevarán adelante movilizaciones en protesta por la agresión a Fabricano.
En conferencia de prensa, Chávez dijo ayer que Fabricano fue sancionado el viernes con una “arroba de azotes”, que equivale a 50 latigazos, castigo que forma parte —según él— de los “usos y costumbres” de la región. El dirigente campesino dijo que solicitó un informe a los indígenas del parque Isiboro Sécure, que se encuentra entre los límites de Cochabamba y Beni.
“Todos los que habitan en el parque Isiboro Sécure tenían entendido que el señor Fabricano debía someterse a la justicia comunitaria(…) Si ha sido justicia comunitaria, se ha hecho con otros dirigentes también”.
Fabricano es director departamental de Desarrollo Indígena de la Prefectura de Beni y asistió a un acto en la región del Tipnis, el 6 de mayo. Los asistentes al acto aprovecharon su aparición y “saldaron la deuda”.
Los campesinos de esa zona acusaron al ex dirigente de haber tratado de tomar el Centro de Pueblos Indígenas del Departamento (Cepid) durante las movilizaciones por el IDH en septiembre del año pasado. La decisión de azotarlo fue asumida hace varios meses.
Cuando fue consultado por los derechos y deberes consagrados por la Constitución, Chávez afirmó que es justamente la Carta Magna la que garantiza que se mantengan sanciones como la aplicada a Fabricano.
“Creo que la Constitución garantiza la justicia comunitaria (…) Es una herramienta importante”.
La víctima, en una entrevista con El Deber, explicó que la medida en su contra fue promovida por campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El ex dirigente maltrecho relató que cuando le azotaron “caí al suelo y perdí el conocimiento. Sólo escuché decir a alguien: basta, basta (…) querían hacerme pagar por una supuesta traición de mi parte hacia los indígenas y que yo estaba a favor de los empresarios (…) ocho personas me flagelaron, se turnaban, cada uno daba como seis chicotazos con un lazo (…) los indígenas no actuamos así”.
El oficialismo ayer rechazó el flagelo proporcionado a Fabricano. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que la Carta Magna garantiza que ninguna persona puede ser flagelada.
El diputado Jorge Silva y el senador Antonio Peredo condenaron la justificación del dirigente.
La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, rechazó la golpiza proporcionada a Fabricano y dijo que en este caso no se respetó la dignidad humana y que no se trata de justicia comunitaria.
Los indígenas se reúnen con Evo
Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) comenzaron a distensionar su relación con el presidente Evo Morales después de que el oficialismo negoció los escaños indígenas para obtener la aprobación de la Ley de Régimen Electoral Transitorio.
El presidente de la organización, Adolfo Chávez, aseguró que el ministro de Autonomías, Carlos Romero, no los representa, pues no les habría informado correctamente de los cambios realizados a la normativa electoral. En el encuentro con Morales discutieron temas como la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que viabiliza la justicia comunitaria, y el reconocimiento de las TCO.