Editorial SemanarioUno
(Ed. 309 del 7 al 15 de mayo, 2009)
Voz compartida
Dos fechas de mayo, distanciadas apenas por una semana, recuerdan en Bolivia uno de los derechos humanos consagrados universalmente: el de la libertad de expresión, del que se desprende otro no menos importante como es el de la libertad de prensa. Ambos, imprescindibles para la vida en democracia. ¿Estas libertades están vigentes en el país? Aunque muchos insisten en responder afirmativamente, otros sostienen lo contrario, generando un debate cada vez más acalorado.
Los argumentos sobran de uno y otro lado. Los primeros afirman que no solo existe libertad de expresión, sino libertinaje. Los segundos lo niegan y defienden la idea de que no puede haber libertad a medias. Y a medias son, sin duda alguna, las libertades de prensa y de expresión hoy en Bolivia. Ya no se trata apenas del control político que no pocos gobernantes pretenden imponer a los medios de comunicación vía la pauta publicitaria, la coerción o el chantaje impositivo; sino también, y esto es cada vez más evidente, la censura o las voces embargadas por un control político que se expresa de múltiples formas y que trasciende a los medios.
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Los ejemplos abundan y solo no los ven quienes están decididos a seguir el juego del poder de los gobernantes de turno, entre ellos muchos ex defensores de los derechos humanos y, particularmente, de los derechos de quienes se dedican al oficio del periodismo. Sacha Llorenti es uno de los casos más burdos: de ser el abanderado de la lucha contra la violación de los derechos humanos, ha pasado a ser no solo consentidor, sino alentador de graves atentados contra la dignidad humana. Otro ejemplo patético es el que ofrece Iván Canelas, destacado periodista mientras estuvo lejos del poder político y hoy solo uno más de los hombres funcionales al oficialista MAS. De ser militante defensor de la libertad de prensa, ha pasado a ser su inquisidor, bajo el pretexto de que ahora, como nunca antes, se dice lo que se quiere a través de los medios de comunicación.
Verdad a medias, la de Iván, como todos los mensajes que salen de Palacio Quemado y de sus brazos operativos formales e informales. Verdad a medias porque, si bien hay libertades poco restringidas en algunos medios, incluyendo en los estatales nuevamente convertidos en gubernamentales, hay sectores –y no solo de la prensa- que carecen de las mínimas garantías para ejercer esos derechos y libertades a plenitud. Lo hemos visto en todo el país, sobre todo en los reductos donde las voces mayoritarias o no, pero con respaldo político, impiden a las voces contrarias expresar su disenso.
Pero lo más grave en el caso de Canelas no es esta su protesta porque supuestamente existe en el país un exceso en las libertades de expresión y de prensa, sino su pretensión no dicha abiertamente, sino entre líneas, de que los bolivianos deberíamos hasta estar “agradecidos” porque a quienes “dicen lo que quieren contra quienes quieren… nunca les ha ocurrido absolutamente nada”. ¿Acaso deberíamos agradecer el que el Gobierno nos “perdone la vida” por osar hacer ejercicio de uno de nuestros derechos más elementales? Y ojo: hoy, como muchas veces en el pasado, no todos puede ejercer ese derecho con total libertad, algo que al parecer Canelas ignora.
Es importante no olvidar lo dicho por Canelas, que puede hasta sonar a amenaza velada, porque deja en claro una vez más cómo está articulado el discurso gubernamental: con una sumatoria de imposturas, estas sí atentatorias a las libertades, porque sostienen verdades a medias, acusaciones falsas y malintencionadas, engaños con apariencia de verdad. Si hay quienes dudan de ello, pregunten a los trabajadores de La Prensa, de La Razón, de Unitel, de la Red Erbol, solo por citar algunos casos. O al periodista Andrés Rojas, expulsado de El Alto. Al que lamentablemente ya no se le podrá preguntar nada es a Carlos Quispe, porque lo mataron mientras cumplía con su trabajo en la Radio Municipal de Pucarani.
Sub editorial SemanarioUno
(Ed. 309, 8 al 15 de mayo, 2009)
Sin vueltas
A ver, pongámonos de acuerdo para acabar de una vez por todas con la sarta de imposturas que surgen a diario desde el Poder Ejecutivo y sus cuadros funcionales, entre los que figuran en primera fila los militares en ejercicio. La más reciente de ellas, a propósito de la militarización del departamento de Santa Cruz, focalizada por ahora en San Ignacio de Velasco (de cuyas autoridades y pueblos esperamos no se dejen comprar por un aeropuerto), hasta donde se han desplazado más de mil quinientos uniformados.
Dizque el desplazamiento militar es para luchar contra el contrabando, el narcotráfico y los secesionistas. Dicen que lo quieren es preservar la unidad del país. Lo primero que habría que preguntarles es de cuál unidad hablan. Superada esa primer consulta, insistir con la segunda: si acaso esos argumentos son sinceros, ¿por qué no aprovechan mejor el esfuerzo y se trasladan a Chapare, allí sí la meca de los narcotraficantes (que se alimentan con la hoja de coca que cultivan el Presidente Evo Morales y sus seis federaciones cocaleras?).
Nada es eso. En Chapare también impera el contrabando, de todo, de autos, electrodomésticos y hasta de drogas ilícitas y armas. Por si esto no bastara, en Chapare sí que hace falta que ingrese el Ejército y respalde la presencia del Estado, hoy completamente ausente. Porque hay que decirlo bien clarito: si en Bolivia existe hoy una región verdaderamente autónoma e independiente, esa es la del Chapare. Vaya, qué paradoja: el Presidente de Bolivia no presiona para ello, porque su otro yo (ni más ni menos que un “Dr. Merengue boliviano”), el presidente de las seis federaciones cocaleras, no se lo permite.
Así que, por favor, ¡basta ya de tanta impostura! Está de buen tamaño la tomadura de pelo. Es imposible que el jefe de los cocaleros combata al negocio que le asegura tanta rentabilidad a la “hoja bendita”. Es impensable que sea capaz de quitarle autonomía e independencia a su propio y verdadero feudo. Y también debería ser imposible que siga manoseando a los militares (les debe gustar, pues) o ir por ahí sembrando mentiras. Que tanta impostura acabe no depende en absoluto de la buena voluntad o un repentino acto de contrición del Gobierno y su gente (milagros como éste solo suceden con los padres Albertos). Depende, fundamentalmente, de que los bolivianos dejen de ser marionetas para asumirse como ciudadanos dignos a los que no les gusta ni un poquito que les tomen el pelo.