Enviaron una carta al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Dennis Racicot. Extorsión. Dicen que los abogados del Ministerio de Gobierno y la Presidencia, ahora presos, armaron todo.
Familias de perseguidos políticos recurren a la ONU
El Día
Ref. Fotografia: Montaje. Familiares de los detenidos piden que den libertad a los implicados en el caso Rózsa.
Hoy "todas las denuncias que hicimos se encuentran totalmente comprobadas". Eso dice el fragmento de una carta que le escriben los familiares de 39 imputados del caso Rózsa, principalmente de 9 detenidos, al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Dennis Racicot, exigiendo su liberación y que finalmente "se ponga fin al montaje", tras haberse establecido que quienes armaron todo fueron los abogados del Ministerio de Gobierno y la Presidencia, ahora presos en Palmasola acusados de formar una red de extorsión, presión y chantaje.
María del Carmen de Prado y María Esther Lavadenz de Paz, firman la carta que se publica en el matutino Página 7 de La Paz y que contiene la solicitud de justicia que le hacen al representante de la ONU en Bolivia.
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Se trata del caso judicial abierto después del asalto al hotel Las Américas de Santa Cruz, el 16 de abril del 2009, donde cayeron abatidos por la policía, Eduardo Rózsa, presunto cabecilla de una organización subversiva y dos de sus acompañantes.
"Bolivia y los países que han conocido esta noticia (la desarticulación de la red) hoy lamentan la existencia de una asociación de funcionarios públicos, dedicada a extorsionar a quienes persiguen, en muchos casos por razones político-ideológicas", dice la carta.
Todo tiene un límite. María del Carmen de Prado dice que escribieron esa misiva en busca que el delegado de Naciones Unidas que los ha recibido antes, ponga fin a esa pesadilla a la que han sido sometidos 39 personas y de las cuales 9 están privadas de su libertad en la cárcel de San Pedro de La Paz, entre ellos Hugo Paz, hijo de la firmante María Esther Lavadenz.
Hay un destape de casos. Dos abogados expertos en análisis jurídicos, Alejandro Colanzi y José Luis Santistevan, explicaron que la desarticulación de la red de extorsión está provocando una especie de destape de los excesos que cometían los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y José Manuel Antezana. Y por eso ven necesaria una auditoría jurídica a los casos que llevaban.
Casos armados por razones ideológicas
Santa Cruz. El caso Rózsa neutralizó el avance autonómico del 2008 y puso en aprietos a los dirigentes cruceños, los cuales terminaron detenidos, perseguidos, procesados o autoexiliados.
Pando. El caso Porvenir provocó la detención del prefecto Leopoldo Fernández, desde septiembre del 2008 hasta la fecha y la muerte de 11 personas en un enfrentamiento en ese departamento.
Sucre. Toda la dirigencia de esa capital fue llevada a proceso acusada de haber flagelado a campesinos que salieron en favor del gobierno del Movimiento al Socialismo. Tienen un proceso por racismo.