Se cuestiona el carácter inconstitucional de la consulta a las comunidades, que no habría sido libre ni informada, así como el Plan de Manejo del área protegida.
El inicio de actividades de exploración de la empresa estatal de hidrocarburos en la reserva nacional de Tariquía motiva múltiples críticas, algunas enfocadas en el hecho de que los proyectos extractivistas financien a un gobierno de tendencias autoritarias.
En eju.tv consultamos sobre el particular a Jhanisse Vaca Daza, cofundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano no violento centrado en los derechos humanos y los derechos ambientales de Bolivia.
eju.tv: YPFB estaría dando inicio a la intervención de la reserva de Tariquía, según denuncia de la Subcentral Campesina del lugar. ¿Se ha respetado el derecho de consulta establecido en la Constitución?
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Jhanisse Vaca Daza: El pronunciamiento de las comunidades de Tariquía ha sido claro: no se ha cumplido el derecho de consulta apropiado con las mismas. La consulta que se realizó no fue previa, libre ni informada. En más de un pronunciamiento público la Subcentral Campesina de Tariquía ha indicado que en esa “consulta” manipulada no se respetaron las prácticas organizativas de las comunidades ni el carácter nacional de la reserva.
No es la primera vez que el gobierno del MAS manipula procesos de consulta previa, violando los derechos de las comunidades indígenas, para ejecutar proyectos que atentan contra áreas protegidas. Lo mismo ocurrió en el 2012, cuando el gobierno anunció los resultados de la supuesta consulta a pueblos indígenas del TIPNIS que aprobaba la polémica carretera. Sin embargo, equipos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) verificaron después que de 36 comunidades sólo 19 manifestaron haber recibido la visita de las brigadas de consulta, y 16 de esas se oponían a la carretera.
En pocas palabras, dada la debilidad de las instituciones del país, es muy fácil para el gobierno manipular los procesos y normativas respecto a las áreas protegidas y derechos indígenas para continuar con sus planes extractivistas. Las mismas políticas que el presidente Arce y otros en el MAS critican duramente en sus discursos, son las que su gobierno impulsa abruptamente.
¿El cuestionamiento que se hace es a la prospección petrolera en sí o a un diseño concreto que afecta al área núcleo de la reserva?
El cuestionamiento, para Ríos de Pie, tiene varios puntos importantes: el más inmediato es la deforestación y el impacto en el ecosistema de Tariquía. Es imposible ejecutar exploración y aún más explotación hidrocarburífera sin abrir caminos, introducir maquinaria, desarrollar megaestructuras, pozos, etcétera, y todo esto conlleva la fragmentación del bosque y deforestación de mínimamente seis hectáreas por campamento. Esto también genera reducción de las fuentes de agua, porque se bloquean aguas subterráneas durante el proceso de exploración. No puede haber debate sobre un “posible” impacto medioambiental negativo en la reserva de Tariquía porque el daño que causa la exploración hidrocarburífera es inmediato, fáctico y comprobable. Ya lo hemos visto en el pasado.
Otros cuestionamiento por nuestra parte es la forma ilegal e inconstitucional en la que el gobierno está empujando estos proyectos. No ha habido una consulta previa, libre ni informada con los habitantes de la zona. El Plan de Manejo para Tariquía aprobado por el gobierno de Morales el 2014 no cuenta con bases técnicas ni criterio científico, como indica la ley. Las mismas comunidades que viven en Tariquía han denunciado que la aprobación de licencias ambientales para este plan de manejo están viciadas de nulidad por las irregularidades en el proceso. Por donde uno lo vea, este proyecto de exploración hidrocarburífera se está ejecutando de forma ilegal.
Las acciones del gobierno del MAS rayan en lo psicópata: se presentan como defensores de la Madre Tierra, pero atentan contra nuestras áreas protegidas de forma ilegal y repetitiva, y hoy Tariquía es un caso más de muchos que vienen perpetrando. Que haya una repetición tan sistematizada de abuso al marco legal que regula estos proyectos indica que el gobierno va a continuar actuando de forma inconstitucional y explotando nuestros recursos naturales. Este patrón, que no es menor, es también un atentado contra la institucionalidad legislativa y jurídica del país.
Y en esa misma línea, es importante recalcar el precedente que este proyecto perpetúa respecto a derechos indígenas y campesinos en el país. Las comunidades campesinas de Tariquía vienen trabajando durante años en la defensa y protección de la reserva. Sus pronunciamientos, peticiones y posiciones respecto a estos proyectos son claros y aún así el gobierno se rehúsa a reconocerlos o respetarlos. Es más, en marzo de este año el Comité de Defensa de la zona hizo llegar al presidente Luis Arce un acta de compromiso para evitar la exploración hidrocarburífera en Tariquía, y cómo no, Arce se negó a firmar el documento. El presidente sabe muy bien la posición de las comunidades y aún así impulsa el proyecto. Claramente, para el gobierno del MAS prima la ganancia económica por encima de cualquier derecho humano o medioambiental, y han dado pruebas múltiples de ello.
¿Cree que en la zona termine desarrollándose algún tipo de resistencia no violenta?
Ya existe una hace años, ejecutada precisamente por la Subcentral Campesina de Tariquía. Recomiendo mucho a quienes quieren saber más del tema leer sobre el trabajo de la CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas) y de la subcentral misma, quienes ya han tenido victorias en el pasado a la hora de defender Tariquía. Nosotros en Ríos de Pie conocemos y admiramos mucho su resistencia y trabajo.
Como juventud boliviana tenemos que entender que la protección de nuestro medioambiente es indivisible de la defensa de nuestra democracia. Después de todo el movimiento ciudadano del 21F y la participación masiva en las protestas del 2019, ha habido un desencanto general de la juventud con la política en el país por motivos obvios. Las decepciones han sido muchas y la inmadurez de líderes políticos de oposición nos costó y sigue costando en términos de libertad de expresión y persecución política.
Sin embargo, dentro de toda la coyuntura y el conflicto político en el país, la explotación de áreas protegidas como Tariquía y otras está siendo ejecutada en silencio y eso va a tener un impacto real y directo en la salud, economía y vida en general de nuestra generación. Como ciudadanía tenemos que aprender de, apoyar y acompañar a organizaciones como la Subcentral Campesina de Tariquía y otras que defienden nuestras áreas protegidas de forma frontal y valiente. Por eso es importante reconocer el daño, tanto en la pérdida medioambiental como también en la violación repetitiva de la Constitución cuando se ejecutan estos proyectos.
El avance de proyectos extractivistas en áreas protegidas también implica mayor ganancia económica, que está siendo centralizada en un gobierno corrupto y claramente autoritario. En otras palabras, a mayor explotación medioambiental más recursos y fuerza para un régimen que no es democrático y esto debe ser una preocupación para todo el país, no sólo para las comunidades que viven en estas áreas.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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