El robo de fotos para su difusión en redes sociales con fines ilícitos se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres. La Policía no tiene capacidad técnica para perseguirlo, ni hay leyes específicas para sancionarlo.
Fuente: paginasiete.bo
Malkya Tudela /Santa Cruz
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Luciana tiene 29 capturas de pantalla con mensajes de una persona que la insulta y la expone en grupos de Facebook y WhatsApp. Está estresada y asustada. Su acosador usa las fotos sugerentes que ella ha compartido para atacarla y acosarla sin que pueda evitarlo.
“Con todo eso (muestra capturas de pantalla) se dará cuenta de lo que estoy pasando. La Policía no hace nada, solo mandarme al juzgado, porque ellos no se encargan de esta parte de difamación, me dijeron ayer”, relata. Las capturas de pantalla revelan la violencia que la atormenta.
La violencia sexual digital, incluidos actos como el sexteo y el grooming, se ejercen contra niñas, adolescentes y mujeres en un contexto en el que la Policía no tiene destrezas técnicas para perseguirlo ni existen leyes para sancionarlo.
El “sexteo” o “sexting” consiste en el envío de imágenes de contenido erótico de manera voluntaria en un contexto de confianza, generalmente a la pareja y mediante medios digitales. El problema surge cuando esas imágenes son compartidas fuera de ese contexto, sin el consentimiento de la persona y a veces con fines de extorsión o venganza.
Eso le pasó a Luciana. Ella compartió imágenes suyas en un grupo privado de Telegram. En octubre pasado, un anónimo comenzó a difundir esas imágenes en otros grupos y redes sociales con un texto añadido que la señalaba falsamente como seropositiva a VIH. Con el paso del tiempo los insultos y acoso se amplificaron.
“Anoche, cuando estaba por descansar, entré al grupo y el tipo puso un mensaje diciendo que estaba viniendo para acá. Puso la imagen de un diablo y dijo que está viniendo a ajustar cuentas”, explica Luciana. Ella no sabe quién o por qué la acosa.
¿Es un delito?
Foto: Malkya Tudela/ Página Siete
En la unidad de cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (Felcc) de Santa Cruz, el sargento Edwin Pimienta comienza su día frente a dos pantallas: en una tiene abierto el Facebook de la institución y en la otra ha escrito “¿qué es el sexting?” en el buscador de Google.
“La mayoría de las afectadas no viene a denunciar porque se sienten vulneradas en su intimidad. Sí, hay casos que se han recibido y se han investigado. En caso de los extorsionadores, sí se ha logrado atrapar a uno que otro”, explica Pimienta.
Luciana acudió a denunciar su caso acompañada de una defensora de derechos y un abogado en la Felcc de la laguna Alalay. Fue a la unidad de cibercrimen, donde la derivaron a trata y tráfico de personas, pero allí tampoco la atendieron y la enviaron a los juzgados.
Pimienta explica que la legislación penal solo admite el delito de “manipulación informática”, que se refiere a los artificios para acceder a datos personales de cuentas bancarias y sitios similares con perjuicio económico para la persona afectada.
“El sexteo no se adecúa a un delito del Código Penal, no podemos considerarlo como ‘manipulación informática’ porque no es tan amplia la ley para incluir el robo de las imágenes. Tendría que adecuarse a los delitos de trata y tráfico por pornografía”, dice el sargento.
Los uniformados tampoco tienen condiciones para investigar estos temas. Pimienta explica: “Lamentablemente la oficina solo cuenta con acceso a nternet, no tenemos apoyo de líneas telefónicas, algo necesario para investigar números telefónicos”.
La ocurrencia o frecuencia de estos delitos es una incógnita. Al hecho de que pocas personas denuncian para no verse expuestas ante familiares y funcionarios, se suma la reserva de información. Al sargento Pimienta le instruyeron no compartir estadísticas ni hacer referencia a casos concretos en Santa Cruz.
En el limbo normativo
“Si es sexting, si es pishing, si es grooming, ciberbulling, stalkeo, todo lo que sean delitos informáticos últimos, los están tipificando como pornografíai, porque no tenemos legislación actualizada”, dice la abogada Beatriz Medina, quien trabaja en la modificación de la Ley de Trata y Tráfico de Personas.
Esas figuras aluden a la suplantación de identidad (pishing), el acoso de un adulto a un niño/niña (grooming), el bulling por medios digitales o el seguimiento a alguien (stalkeo) con intenciones de hacer daño. Todas son acciones que puede dañar seriamente a las personas.
Para Medina, el problema es complejo y en el aspecto de la prevención tiene que ver con las propias características de la sociedad y la responsabilidad de los padres hacia los hijos, más ahora que las herramientas digitales son de uso cotidiano. En su experiencia de investigación encontró, en un aula, que 38 estudiantes de un total de 40, que bordean los 15 años, tenían videos con contenido sexual en sus celulares.
Pero el hecho es que la norma ha quedado desbordada por una realidad que avanza a zancadas y sobresaltos. Se rechazan más delitos de los que se procesan y, según Medina, en casi diez años de vigencia de la Ley 263 de Trata y Tráfico no se ha registrado ni un caso de protección a víctimas o testigos; tampoco casos de reinserción laboral de víctimas. No hay centros de acogida para mayores de 18 años y antes de la pandemia ya había prohibiciones para tareas de prevención y socialización en las unidades educativas.
Y esto último es más necesario que nunca porque desde el año 2020 las niñas, niños y adolescentes están en su mayoría expuestos a clases virtuales y al uso de medios digitales. Una encuesta de Plan Internacional denominada Conectadas y Seguras, realizada en octubre de 2021, reveló que siete de cada 10 niñas sufrieron acoso en línea y una de cada tres sintieron pérdida de autoestima y confianza en sí mismas después de esa experiencia de acoso.
La encuesta se realizó en el altiplano paceño, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y no se explica cuál es la naturaleza del acoso sufrido. En la consulta, aplicada a más de 1.050 niñas, ellas afirmaron que cinco de cada 10 nunca denunció haber sufrido violencia digital y que en general recurren a sus propias amigas o amigos cuando esto les sucede.
Contra los grupos vulnerables
Los casos no parecen ser solo con intención de chantajear a alguien. Galleta (su pseudónimo) tiene 35 años, es seropositivo y conoce varios casos en los que los acosadores que tienen la seria intención de lastimar o dañar a alguien sin necesidad de buscar dinero. Su experiencia es la de haber sufrido ciberbulling o ciberacoso cuando expusieron su identidad y calidad de persona con VIH en las redes sociales. Pero no es el único.
“En la comunidad, las personas seropositivas han sido bien afectadas por el mal uso de las redes sociales. Se las está exponiendo de forma pública con foto en Twitter”, dice por WhatsApp con una voz joven.
“Hemos acudido a conocidos que trabajan en el área legal -continúa-, pero la asesoría que nos han dado ha sido inútil porque no se puede hacer nada para que estas plataformas actúen sobre las personas que están cometiendo crímenes detrás de su anonimato”.
Los hechos que denuncia Galleta manifiestan que detrás de cada caso de acoso hay una intención de dañar, un seguimiento, inversión de tiempo, manejo de información de la persona victimizada y uso de redes sociales para publicar ese acoso.
“Usan las redes de las comunidades, Tinder o Grindr, entre otras. Captan imágenes de los grupos privados, de tal manera que tienen material suficiente para exponer a las personas, es grave la situación. Vivimos en una ignorancia de lo que podemos hacer, pero lo poco que podemos hacer no sirve de nada”, dice Galleta.
Añade que en las redes se divulgan datos personales, fotografías de rostros, diagnósticos médicos, opciones sexuales y todo lo que puedan encontrar los acosadores.
A Luciana le dijeron que exponer su rostro en las fotografías pudo ser un error, otras trabajadoras sexuales evitan hacerlo, así como evitan exponer en sus grupos privados algún rasgo físico fácilmente identificable (tatuajes, lugares y placas de auto).
Está tratando de eludir su trabajo de sexoservidora por un tiempo y ahora, a su preocupación permanente, se ha sumado el hecho que ha revelado la captura del feminicida serial Richard Choque Flores, que captaba a sus víctimas en La Paz a través de páginas de Facebook.
7
DE CADA 10 NIÑAS
bolivianas sufrieron violencia digital
y cinco no la denunciaron,
según una encuesta de Plan Internacional.
La mayoría de las afectadas no viene a denunciar (…) Se ha logrado atrapar a uno que otro extorsionador
Sgto. Edwin Pimienta, Felcc
Todos los nuevos delitos informáticos los tipifican como pornografía, no tenemos legislación actualizada
Beatriz Medina, abogada
Las plataformas no actúan sobre las personas que cometen crímenes detrás de su anonimato
Galleta , pseudónimo
La “sextorsión” se ensaña con los grupos vulnerables
A diferencia de la Policía e instancias estatales, las organizaciones de derechos humanos que apoyan a grupos vulnerables sí reportan un crecimiento de las agresiones por medios digitales.
“A partir de la pandemia empiezan a llegar denuncias de violencia sexual digital a nuestra institución, denuncias del colectivo LGBT, de trabajadoras sexuales y de personas que viven con VIH. Las había desde el inicio de las redes sociales, pero ahora son más”, explica Harold Mendoza, investigador del Instituto para el Desarrollo Humano y del Observatorio Comunitario de Derechos Humanos en Cochabamba.
En octubre, el IDH llevó a cabo una encuesta en línea que fue respondida por 108 personas de la comunidad LGTB en el país. La mayoría en el rango de 18 a 29 años.
El 25% fue amenazado con “sextorsión”, otro 25% no sabe si fueron publicadas sus fotos con contenido sexual y un 13% dice que sí concretaron extorsión en su contra.
Mendoza explica que la mayoría de los hechos ocurrieron en Facebook y WhatsApp, seguido de plataformas para buscar pareja como Tinder y Grindr.
“Del grupo de personas que han sufrido la extorsión, el 57% denunció, 14% acudió a amigos y 14% no hizo nada. Este dato nos preocupa. Esto es porque al pertenecer al colectivo LGTB entra en juego la discriminación y el estigma. El pensamiento común es: para qué voy a denunciar si van a aparecer los medios, todo el mundo se va a enterar, el policía me va a maltratar, va a quedar escrito que soy gay o lesbiana o bisexual o mujer trans. Por ese temor a exponerse más es que no se denuncia”, explica.
Las víctimas en general fueron señaladas públicamente por su identidad sexual o difamadas con ser seropositivos o con ser trabajador/a sexual. El 52% dice además que usaron sus fotos, incluso de rostro, para abrir perfiles falsos en redes.
Mendoza explica que hay casos, reportados por otros países, en los que jóvenes y adultos llegaron al suicidio por la extorsión en redes.
Foto: Página Siete / Archivo
