Un experto señala que en Bolivia se ha dado una contra reforma penal y que parte de la solución a la crisis pasa por la estabilidad en los cargos judiciales y fiscales, sin interinatos.
En los últimos 15 años, el porcentaje de la población carcelaria en detención preventiva ha oscilado entre 68 y 85%, una altísima cifra que es claro indicador de una de las disfuncionalidades más importantes de un sistema de justicia en crisis terminal. Para profundizar en el tema, eju.tv consultó la opinión de Arturo Yáñez Cortes, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados.
eju.tv: El GIEI señaló la existencia de un “uso excesivo de la prisión preventiva” en Bolivia.
Arturo Yáñez Cortes: No solamente el GIEI, sino prácticamente todos los estudios realizados de la justicia penal boliviana, por ejemplo el prestigioso World Justice Proyect que publica cada año y otros organismos de prestigio que siguen el estado del arte, como el CEJA y la CAJ. Junto con el crónico hacinamiento carcelario y el alto índice de presos sin condena, son los aspectos cuantitativos más medibles de un sistema de justicia.
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Por lo general, estamos peleando podio a la baja en esos vergonzosos índices, aunque habría que resaltar que tratándose de presos sin condena, los últimos años hubo una rebaja de aproximadamente un 9% que, a mi juicio y a la vista de los datos, se explica por el rol que han tenido las sistemáticas medidas de indulto y amnistía decretadas por todos los últimos gobiernos (Evo Morales, Janine Añez), pero el problema es que esa muy cuestionada medida -el informe del GIEI, por ejemplo, la despedazó- se logra desvistiendo el santo de las víctimas, pues nadie les escucha a ellas si están de acuerdo o no con el indulto o amnistía en sus casos, pese a que tienen derecho constitucional y convencional a ser oídas.
El sistema se ha vuelto dependiente a la mala de esa medida para bajar en algo esos índices. Las víctimas litigan durante años ante el Judicial para lograr una sentencia y el presidente con un decreto con aquiescencia del Legislativo, borra con el codo lo que ellas lograron con mucho esfuerzo con la mano.
El vicio del uso excesivo de la detención preventiva forma parte del conjunto del sistema viciado de justicia penal. Los jueces y los fiscales, frecuentemente por cuestiones que degradan tanto su independencia como objetividad -presiones partidarias, institucionales, de los medios de comunicación tratándose de casos graves o famosos, etc- ceden y aplican la detención, sin importarles que en el caso concreto se hayan efectivamente probado las causales de detención, al extremo que los fiscales presentan a veces como prueba su propia imputación. Hay una inversión de la prueba, pues esas causales tienen que ser desvirtuadas por los imputados y no demostradas por sus acusadores.
¿Cómo podría revisarse y reducirse esta práctica?
Podría mejorarse sin duda, si los operadores fueran independientes y objetivos, tuvieran garantías de estabilidad funcionaria, no fueran transitorios y habría una genuina carrera fiscal y judicial con mecanismos de evaluación idóneos, pero también procesalmente recurriendo a las medidas sustitutivas (previstas pero no muy usadas) o entre estas -no implementadas- como la vigilancia electrónica, con anillos o tobilleras, que no han sido finalmente implementadas, pese a algunos anuncios.
Tampoco funcionan los mecanismos de cesación de la detención -fuertemente sujetas a presiones de los medios, etc- que especialmente en casos de interés del Estado -gobierno si es que no partido- se detiene provisionalmente por un lapso determinado -es una muy buena reforma recién introducida- pero cuando el plazo esta por vencer, se lo amplia forzadamente y al final de cuentas, la persona queda detenida sine die o se hacen aparecer otras causas (ejemplo: Jeanine Añez).
Entonces ese vicio del uso excesivo, refleja en el fondo el fracaso del sistema para tutelar derechos de las partes, de manera eficaz y sin importar consideraciones de oportunidad y conveniencia. La institucionalidad del sistema es prácticamente mínima y ha sido pulverizada los últimos años.
Se ha señalado que en tiempos del Tribunal Constitucional previo a la era del MAS se habría reducido bastante la población carcelaria en detención preventiva, mediante habeas corpus. ¿Podemos confirmar esas cifras?
Hubieron importantes avances con el primer Tribunal Constitucional, integrado por prestigiosos constitucionalistas como Willman Durán Rivera (+), José Antonio Rivera Santibañez y otros. Lamentablemente, todos esos avances han quedado vaciados de contenido, principalmente en casos de interés partidario, con el fracaso demostrable de los siguientes tribunales “elegidos” en elecciones judiciales, que no han mostrado independencia de los poderes fácticos, entre otros vicios aún peores.
El índice se disparó a partir del año 2010 con las retrógradas leyes 04 contra la corrupción, 07 del sistema penal y subsiguientes, que significaron la contra reforma de la reforma.
¿Hay una paradoja del sistema judicial: inocentes presos por detención preventiva y reos rematados que son liberados por mecanismos corruptos?
Efectivamente. Es una prueba más del desastre actual del sistema penal, salvando excepciones que existen. No sólo debieran hacerse comisiones para seguir a los condenados liberados indebidamente -si es que esas comisiones servirán de algo- sino por ejemplo, la cantidad enorme de personas detenidas preventivamente sin las causales legales, las indebidamente mantenidas detenidas o hasta los indebidamente procesados, por motivaciones político-partidarias, por ejemplo.
¿Cree que el relator de justicia de la ONU pueda hacer algo para modificar esta situación?
En todo caso, a la vista de la inocultable realidad, debiera añadir una raya más al tigre. Es decir, ratificar nuevamente los gravísimos déficits del sistema penal boliviano, entre otras ramas. Confirmar que no existe independencia de jueces y objetividad de fiscales, principalmente en casos de interés político-partidario y también que muchos abogados sufrimos amenazas o incluso persecución o estamos sometidos al “apartheid plurinacional”, por nuestro trabajo u opiniones.
Mi tesis doctoral Reforma y Contra reforma al proceso penal boliviano. De cómo términos peor de lo que empezamos… aprobada el año pasado con excelencia, que estará disponible en formato libro en unos 2 meses, aborda ampliamente esa temática. Prueba que habiendo mejorado al menos normativamente y en algunos casos prácticamente el sistema procesal penal, producto de las contra reformas y pese a la nueva CPE, estamos peor de lo que habíamos empezado.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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