Irregularidad. Dos expertos aseguran que aunque el Congreso eliminó la subvención estatal todavía existen restricciones a las fuentes de financiamiento de las campañas proselitistas
Una campaña por el MAS, en La Paz, en el último Referéndum Revocatorio. – La Prensa | Los Tiempos
Por Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos – 24/05/2009
El dinero para las campañas proselitistas rumbo a las elecciones del 6 de diciembre es la primera preocupación de los probables candidatos presidenciales y algunas de las fuentes de financiamiento que eligieron vulneran la Ley de Partidos Políticos, que aún está vigente.
Tanto los candidatos que ya oficializaron su participación, Evo Morales, Román Loayza, René Joaquino y Alejo Véliz, como los que aún lo analizan, Manfred Reyes Villa o Jorge Quiroga, están detrás de las fuentes de financiamiento de las campañas que ejecutarán a partir del 5 de octubre de este año.
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Deben buscar estos fondos porque el financiamiento estatal para campañas, que se estableció en la Ley de Partidos Políticos en 1997, fue anulada con una norma promulgada en agosto de 2008 que transfirió los recursos a un bono para discapacitados.
Según el director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), Fernando Mayorga, la Ley fue promulgada hace 12 años tras el escándalo del caso “Narcovínculos” en el que quedó en evidencia que un sentenciado narcotraficante financió la campaña del MIR. Con esta norma, se posibilitaba “la fiscalización de la Corte Electoral del uso de recursos de campaña” y también servía para “crear condiciones equitativas para que todos los partidos puedan encarar sus campañas”.
La nueva norma promulgada a favor de los discapacitados anula artículos del 52 al 55 de la Ley de Partidos, en el que se mencionan las características del financiamiento estatal, que disponía la entrega de 1,25 por mil de Presupuesto General de la Nación (PGN).
Según el último presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) que entregó este recurso, Salvador Romero, este monto se repartía de acuerdo a porcentajes de votación que obtuvo cada partido en las elecciones anteriores, lo que significa que en los comicios de 2005, de un monto aproximado de 6 millones de dólares, el MNR recibió el 23 por ciento; mientras que el MAS y la NFR, el 22 por ciento.
Romero explicó que, sin embargo, las otras disposiciones de esta ley aún están vigentes, como el artículo 51, que dispone restricciones a los aportes para las campañas proselitistas, razón por la cual los candidatos que se presentarán en las elecciones del 6 de diciembre de 2009 no pueden utilizar recursos públicos, financiamiento internacional o dinero ilícito, para promocionarse.
A pesar de esta disposición, algunos oficialistas y opositores anunciaron que utilizaran dinero de la Prefectura de Cochabamba, en el caso del MAS para la campaña por el sí a la autonomía propuesta por el Gobierno, o financiamiento externo, en los casos de Manfred Reyes Villa y René Joaquino.
“Narcovínculos”
El caso «narcovínculos» estalló con las declaraciones del narcotraficante Carmelo «Meco» Domínguez, quien hasta 2005 cumplió una condena de 14 años de prisión e involucró a Isaac Chavarría, a la esposa de éste, Julia Saucedo, al jefe del MIR y ex presidente, Jaime Paz Zamora, al subjefe de ese partido, Óscar Eid Franco, a su socio Hugo Muñoz y al ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui.
Eid Franco purgó cuatro años de prisión, Saucedo otros tantos, Paz Zamora absuelto y Aróstegui aguardaba una autorización del Congreso Nacional para ser enjuiciado, la que se dio el pasado año. El 8 de febrero, la Fiscalía General presentó a la Suprema la imputación formal contra varias ex autoridades de Estado y ex funcionarios públicos en el marco de cinco juicios de responsabilidades, uno de ellos al ex prefecto Aróstegui.
Ley de Partidos Políticos
Aunque el Congreso a través de una ley de la República emitida en 2008 suspendió la subvención estatal a los partidos políticos y derogó los artículos que van del 52 al 55 de la Ley de Partidos Políticos, el resto de los artículos de esta norma continúan vigentes estableciendo prohibiciones respecto a la obtención de los recursos económicos.
Artículo 51º. (Restricción a los aportes)
Los dirigentes de los partidos políticos no podrán recibir aportes de ninguna naturaleza, de:
Gobiernos o entidades estatales extranjeras, personas jurídicas extranjeras, salvo la asistencia técnica y de capacitación, organizaciones no gubernamentales, origen ilícito. Agrupaciones o asociaciones religiosas, entidades públicas nacionales de cualquier naturaleza, salvo el financiamiento establecido en la presente ley. Caracter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas.
La recepción de los recursos señalados en el presente artículo les hace pasibles a ser procesados en la Justicia Ordinaria.
Toda donación que provenga de empresas privadas nacionales, de cualquier naturaleza, deberá constar con exactitud en su contabilidad, así como en la del partido receptor del aporte.
Ninguna donación, contribución o aporte individual podrá exceder el 10 por ciento del presupuesto anual de la organización partidaria.
Algunas respuestas de las posibles fuentes de financiamiento para las campañas
Dinero prefectural
“Se va a hacer una socialización y difusión de lo que implica el proceso autonómico los actores que deberían involucrarse en este proceso y fundamentalmente crear todas las condiciones de conciencia de la población para que el 6 de diciembre todos los cochabambinos optemos en el referéndum por el sí a la autonomía. Vamos a presentar un proyecto la próxima semana (…) y vamos a continuar con el mecanismo presupuestario y de personal que tiene la delegación prefectural para fortalecimiento institucional y descentralización”.
Marco Carrillo
Aportes militantes
“Nosotros, ya hemos tomado el papel decisivo de autofinanciarnos como partido político tomando en cuenta que gozamos a nivel nacional con más de 75 mil militantes. En una reunión nacional, hemos definido que los militantes vayan aportando de manera consciente de tal manera que esta campaña podamos llevar adelante satisfactoriamente con todo lo que podamos para cubrir los aspectos más fundamentales para demostrar frente a nuestro pueblo nuestro liderazgo y que abran los ojos”, dijo.
Alejo Véliz
Las waqaychitas
El jefe de campaña de este candidato, Enrique Rodríguez, dijo que todos los gastos que se han realizado hasta ahora, en los viajes de Román Loayza por el país, se han financiado con las “waqaychitas” (ahorros) que logró tener cuando era asambleísta. “Pero para desarrollar una campaña presidencial se necesitará más dinero, por eso vamos a pedir aportes porque ya tenemos compañeros en La Paz que nos han ofrecido hacernos banderas y afiches y con eso vamos a trabajar. Vamos a tener una campaña muy modesta”, dijo.
Román Loayza
Aporte internacional
“En caso de oficializar nuestra candidatura, nosotros no vamos a gastar recursos en la campaña indiscriminadamente aunque sabemos que el Gobierno sí lo hará por la gran cantidad de recursos que tiene y por el apoyo económico que recibe de Venezuela. Nosotros estamos evaluando cómo vamos a obtener recursos y vamos a acudir a algunos sectores de la población y también a la gente que quiera apoyarnos. También buscaremos apoyo internacional porque afuera hay entidades que apoyan la pluralidad democrática”.
Manfred Reyes Villa
¿Empresas brasileñas?
La anterior semana, el jefe de campaña de Alianza Social (AS), el partido de René Joaquino, informó que tenía la oferta de empresas brasileñas de otorgar fondos para la campaña electoral a cambio de seguridad energética. Explicó que esta oferta sería analizado por el partido en el Congreso que tendrá el 25 de mayo en Tarija, para definir si lo acepta o no. Un día después de estas declaraciones, uno de los principales líderes de esta sigla, Filemón Escobar, negó esta posibilidad y dijo que financiarán su campaña con aportes de sus militantes.
René Joaquino
ANÁLISIS
“Ojalá la CNE evite recursos de dudoso origen”
La Ley de Régimen Electoral transitorio no establece ningún criterio respecto a la posibilidad de un financiamiento con recursos públicos y tampoco señala nada respecto a la fiscalización de los recursos que serán utilizados por las candidaturas en las elecciones de diciembre y abril, porque el financiamiento estatal ha sido eliminado de la normativa electoral boliviana.
Con el caso Narcovínculos existía la certeza de presencia de narcotraficantes como financiadores de campañas y una manera de evitar que los partidos reciban dinero sucio, era que dispongan de recursos estatales, ese fue el argumento central de la subvención y se asignaban los montos de acuerdo a los resultados obtenidos por los partidos en las últimas elecciones.
El MAS en 2005, desistió de usar dinero porque no alcanzó a gastar lo que le correspondía. Ya en el gobierno el MAS promueve la eliminación del financiamiento público para las campañas electorales de los partidos y es derivado a sus políticas sociales sustentado en el cuestionamiento a los partidos políticos y a la democracia pactada.
Esta decisión puede ser juzgada de distinta manera, respecto a su pertinencia. Lo que resulta a mi juicio preocupante es que en la nueva norma que va a regular los próximos dos comicios que tendremos en el país, no haya ningún artículo relativo al control del financiamiento y la fiscalización de estos recursos, ojalá que en el marco de la administración del proceso electoral, la Corte Nacional Electoral amparándose en el Código Electoral, que no fue eliminado por la nueva ley de régimen electoral transitoria, pueda tomar previsiones para evitar que aparezcan recursos de dudoso origen, que vayan a influir en la campaña electoral, que será durísima porque estamos otra vez en un escenario polarizado, a partir del tema terrorismo-separatismo-unidad nacional, y va a haber una suerte de terrorismo discursivo generalizado y sospecha a cerca de vínculos de empresarios con estos grupos. Si no se dilucida este panorama, este tema va a formar parte de las estrategias electorales para debilitar a los oponentes.
Fernando Mayorga | Director del CESU