En cumplimiento de la nueva constitución política del estado, habrá elecciones en diciembre de este año. Se diferenciarán con las del pasado –desde la traumática experiencia de 1964– en que ahora se permitirá la reelección presidencial. Debatir sobre esto ya resulta un ejercicio inútil. En vastos sectores de la ciudadanía, no sólo hay resignación por la repetición de agobiantes campañas electorales (tres años de referendos ardorosamente disputados), sino que se advierte un extraño y generalizado entusiasmo por los próximos comicios, y ya hay una media docena de candidatos o, por lo menos, precandidatos.
Una de las constantes desde 1980, es que las elecciones fueron ganadas por la oposición al gobierno saliente, lo que muestra un aceptable grado de limpieza. Pero no se puede afirmar lo mismo sobre los recientes referendos. Hubo comprobación del escamoteo, según datos publicados por los medios de difusión y por los hallazgos de más de una misión internacional de observación electoral. En efecto, se verificó la contaminación (así se ha dado en llamar a la adulteración para el fraude) del padrón de electores para favorecer al régimen. Ante estas evidencias, el oficialismo no tuvo más remedio que concertar una ley de convocatoria a las elecciones generales, aceptando el cambio del padrón de electores viciado por uno nuevo: el biométrico.
Pero el padrón sólo representó una parte de fraude; la otra –que hay temor que persista en las elecciones de diciembre– estuvo constituida por acciones de los partidarios del gobierno para impedir a los opositores que hagan proselitismo y propaganda en el campo. Y ya se anuncia que persistirán, esta vez especialmente con los seguidores de dos probables contendores del oficialismo: el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el disidente del Movimiento al Socialismo, Román Loayza. Esto incluye también evitar que estos destaquen delegados a muchas de las mesas de votación. Todo junto a la conocida práctica de violar el secreto del sufragio y del voto llamado comunitario.
Ahora, las cosas están cambiando. Y no solamente por las dificultades para implementar el nuevo padrón electoral biométrico, sino porque que el oficialismo volvió a la carga y ya presentó un proyecto de ley para autorizar que las elecciones de diciembre se realicen con el antiguo padrón. Es que el designio del gobierno fue –y es– asegurar a toda costa una falseada gran mayoría en la reelección del actual presidente. Y no falta un senador, dizque opositor, que le sigue el juego, y propone un padrón mixto: el antiguo internamente y el biométrico para los bolivianos que voten en el exterior. ¡Vaya propuesta de reponer una importante fuente del fraude!
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La campaña para la reelección ya se inició con propaganda en el canal de la televisión oficial financiada con recursos del estado que muestra logros, supuestos o reales, del candidato a la reelección. Pero los entusiastas precandidatos opositores, incluyendo a uno que acaba de volver de unas largas vacaciones fuera del país, no parecen inmutarse por las desventajas de correr contra el “caballo del comisario”. Terciarán nomás. Y los ciudadanos… quedamos en esta peliaguda alternativa de votar.